Por qué las provincias cuestionan la ley de Salud Mental que el Gobierno envió al Senado

El Gobierno nacional envió al Congreso este viernes el proyecto para reformar la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde 2010, con el propósito de actualizar el marco normativo y mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante las problemáticas contemporáneas.

En ese marco, hoy se reunirá el Consejo Federal de Salud (COFESA) del que participan funcionarios nacionales junto a los ministros de Salud de las 23 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. Se estima que allí se presentarán los detalles del proyecto a las autoridades provinciales.

Como publicó Infobae, la iniciativa del Ministerio de Salud de la Nación apunta a superar las limitaciones actuales para el abordaje de casos críticos y clarificar criterios de intervención e internación. La reforma busca dotar al sistema de criterios más claros para actuar frente a situaciones de riesgo, facilitar la prevención y mejorar la precisión diagnóstica. El texto propone ampliar alternativas de internación y actualizar los registros nacionales para una mejor planificación de recursos.

Objeciones provinciales ante la reforma en salud mental

En el marco del Tercer Encuentro Federal de Salud Mental, realizado durante el Congreso Provincial de Salud en la provincia de Buenos Aires la semana pasada, las autoridades sanitarias provinciales y municipales que participaron rechazaron la reforma impulsada por el Gobierno nacional.

Según el Ministerio de Salud bonaerense, que dirige Nicolás Kreplak, la situación de emergencia en salud mental se profundizó, con un incremento del 77% en internaciones y del 134% en la demanda ambulatoria durante 2025, lo que ejerce una presión creciente sobre el sistema público y su financiamiento.

Del encuentro participaron representantes de La Pampa, Neuquén, Tierra del Fuego, Misiones, Buenos Aires, Santiago del Estero, Chubut, Salta, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Tucumán, Formosa, Corrientes, La Rioja, Jujuy, Santa Cruz y San Luis.

Tras el Encuentro Federal de Salud Mental, las autoridades sanitarias que participaron señalaron que “las provincias no fueron consultadas en el proceso de elaboración del proyecto, lo que constituye una vulneración del federalismo sanitario y desconoce el trabajo sostenido de las jurisdicciones en la implementación de políticas públicas en salud mental”.

Las provincias expresaron que la reforma “implica un retroceso en materia de derechos, al retirar fuentes de financiamiento esenciales, incorporar nuevas barreras de acceso a la atención en situaciones de urgencia e internación y desarticular el enfoque comunitario que establece la legislación vigente”.

En este sentido, las autoridades plantearon “la urgente necesidad de reactivar el Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones (COFESAMA)” como ámbito institucional de debate y construcción colectiva de políticas públicas, cuya convocatoria ha sido reiteradamente solicitada.

Qué cambios plantea el proyecto de Ley de Salud Mental

El proyecto de ley diseñado por el Ministerio de Salud de la Nación, dirigido por Mario Lugones, propone reemplazar el término “padecimiento mental” por la expresión “trastornos mentales o del comportamiento”, alineándose con la Clasificación Internacional de Enfermedades. Entre los cambios centrales, se redefine el criterio de internación, focalizándolo en “situaciones de riesgo de daño para la vida o integridad física de la persona o de terceros”.

La internación, que seguirá siendo excepcional, podrá ser indicada por un psiquiatra en casos urgentes y deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas, con notificación judicial en el mismo plazo. Los ingresos voluntarios podrán convertirse en involuntarios si el paciente solicita el alta y el equipo médico considera que su capacidad está afectada, previa notificación judicial.

El Gobierno del presidente Javier Milei sostiene que la reforma responde a dificultades detectadas por familiares, profesionales y actores judiciales, principalmente la falta de aplicación uniforme de la normativa vigente y el acceso desigual a servicios de salud mental.

En ese sentido, desde el gobierno nacional señalan que solo 16 de las 24 jurisdicciones del país adhirieron formalmente a la ley actual, y existen 30 instituciones públicas monovalentes y 139 privadas, lo que refleja una infraestructura fragmentada.

El proyecto enviado al Congreso reconoce que el cierre de hospitales psiquiátricos, previsto en la ley vigente, no siempre es viable por limitaciones de recursos y seguridad, y propone fortalecer una red de atención con dispositivos de diferente complejidad, integrando hospitales generales, especializados, atención ambulatoria y residencias asistidas.

La actualización del marco normativo incluye la ampliación de la participación técnica del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, responsable de supervisar el respeto de los derechos de los pacientes, así como el fortalecimiento de los sistemas de información, especialmente el RESAM (Registro Nacional de Personas Internadas) y el REFES (Registro Federal de Establecimientos de Salud), para planificar mejor la capacidad instalada y la distribución de camas y recursos.

El proyecto mantiene la internación como recurso excepcional y enfatiza la necesidad de evaluaciones interdisciplinarias, le da mayor peso al diagnóstico médico especializado, especialmente en psiquiatría. Además, amplía las alternativas de internación a hospitales generales, instituciones especializadas y residencias asistidas, tanto públicas como privadas, y establece que la negativa de atención o internación constituirá un acto discriminatorio.