Los pagos de intereses de la deuda superan el 4% del PIB en República Dominicana

Las obligaciones derivadas del financiamiento público han incrementado de manera sostenida, mientras el saldo negativo entre ingresos y gastos persiste, según advertencias Moody’s Ratings

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Los pagos de intereses derivados de la deuda pública de República Dominicana ya superan el 4% del producto interno bruto (PIB), en un entorno donde el déficit fiscal se mantiene alrededor del 3%. Así lo precisó William Foster, vicepresidente senior de riesgo soberano en Moody’s Ratings, durante el foro Inside República Dominicana 2026 realizado en Santo Domingo.

El especialista advirtió que este escenario fiscal, marcado por presiones y una proyección de consolidación fiscal gradual, enfrenta obstáculos estructurales que elevan la necesidad de una reforma fiscal significativa, informó el medio económico dominicano elDinero.

Foster explicó que la falta de reformas estructurales en los ingresos del Estado dificultará lograr mejoras sustanciales en las métricas fiscales en el corto y mediano plazo. Detalló que “los pagos de intereses han aumentado de forma importante y ahora están alrededor de 4% del PIB”. Advirtió, además, que sin intervenciones de fondo este nivel podría mantenerse elevado en los próximos años, informó el medio.

Al analizar las causas de este deterioro, Foster remarcó que el principal desafío fiscal reside en una baja recaudación estructural. Indicó que República Dominicana exhibe “uno de los niveles de ingresos fiscales más bajos entre países de ingresos medios”, situación que restringe la capacidad nacional para cerrar su déficit presupuestario y fortalecer su perfil crediticio.

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Factores internacionales y presión sobre las cuentas fiscales

En el contexto externo, Foster resaltó la influencia de factores internacionales y su potencial para agravar la situación fiscal. Precisó que el “entorno global con tasas más altas hace que el financiamiento sea más costoso y difícil de acceder”, afectando la inversión y el crecimiento económico. A esto se suma el riesgo derivado de la dependencia de importaciones energéticas: “El aumento de los precios de la energía puede trasladarse directamente a las cuentas fiscales”, apuntó Foster. Un alza prolongada de los precios internacionales de energía podría generar mayores déficits fiscales y elevar las presiones económicas internas, dice en la publicación.

Foster destacó la existencia de reservas internacionales elevadas como un factor que puede amortiguar impactos externos. Sin embargo, advirtió que este “colchón” no resuelve los problemas de fondo vinculados a los bajos ingresos fiscales y el creciente costo de la deuda.

En el análisis de la agencia, subrayó que la consolidación fiscal gradual resulta insuficiente si no se acompaña de una reestructuración de los ingresos nacionales. Insistió: “La clave está en aumentar los ingresos sin afectar el crecimiento”, y remarcó que este progreso será determinante para mejorar la calificación crediticia de República Dominicana, según publicó elDinero.

Dirección General de Impuestos Internos (DGII) República Dominicana (Foto cortesía DGII)
Dirección General de Impuestos Internos (DGII) República Dominicana (Foto cortesía DGII)

En febrero, Moody’s aumentó la nota crediticia de República Dominicana, debido al aumento de la inversión pública y el control del déficit fiscal, tras el cierre fiscal de 2025. Este reconocimiento refuerza la posición del país como destino atractivo para inversiones en el Caribe y Centroamérica y atribuye el ascenso de calificación a la gestión ordenada de las finanzas y la orientación estratégica del gasto gubernamental.

En cifras, el déficit fiscal de 2025 alcanzó 3.45% del producto interno bruto, mientras que la deuda pública fue de 47.9% del PIB, según datos del Ministerio de Hacienda y Economía citados por Infobae. Estas cifras, junto con la expansión del gasto de capital en un 11% respecto a 2024 y el superávit de ingresos tributarios, fueron esenciales para sostener el ritmo de inversión pública sin vulnerar la disciplina macroeconómica ni los estándares de la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2024.

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