Hospital Arturo Grullón en República Dominicana atiende a unos 100 menores con diabetes cada mes

Hasta un aproximado de 100 niños y adolescentes llegan cada mes al Hospital Infantil Regional Universitario Doctor Arturo Grullón de Santiago, en República Dominicana, con diagnósticos de diabetes, un fenómeno que inquieta a especialistas por el avance sostenido de la enfermedad en la región del Cibao.

El incremento de casos, atribuido principalmente a la obesidad y el sedentarismo en la infancia, ha llevado a la endocrinóloga pediatra Lourdes Ruíz a describir la situación como una “pandemia” que se refleja en la consulta semanal, donde se atienden entre 15 y 21 menores.

El centro hospitalario, principal referente pediátrico de la provincia, cuenta con dos endocrinólogas infantiles y una especialista en adultos que atiende a adolescentes hasta los 18 años.

De acuerdo con información recogida por Listín Diario, las consultas de Ruíz y su colega Dennys Guillén suman hasta 27 pacientes cada semana, lo que equivale a cerca de 100 niños y adolescentes diabéticos atendidos mensualmente.

En el último año, el hospital ha reportado 10 nuevos diagnósticos de diabetes tipo 1 en menores de entre 4 y 8 años, además de 2 casos de tipo 2 en adolescentes de 16 y 17 años, reflejando un cambio en el perfil epidemiológico infantil.

Especialistas advierten que la tendencia al alza en los diagnósticos de diabetes tipo 2 en menores, antes exclusiva de adultos, está directamente relacionada con la exposición excesiva a pantallas y la disminución del juego al aire libre. Ruíz ha señalado que cada vez llegan a consulta niños desde los 6 años con obesidad mórbida, producto de la falta de actividad física y una alimentación inadecuada.

La falta de ejercicio en las escuelas es un factor determinante: algunos niños relatan que, durante las clases de educación física, solo realizan trabajos teóricos, perpetuando el sedentarismo.

A esto se suma la composición de los desayunos escolares, que, según Guillén, “tienen muchísimos azúcares y carbohidratos”, desfasando la oferta nutricional respecto a las necesidades actuales de los estudiantes y elevando el riesgo metabólico.

El costo de pruebas diagnósticas especializadas para definir el tipo de diabetes resulta inaccesible para la mayoría de las familias: Ruíz explica que estas pruebas, disponibles únicamente fuera del país, alcanzan los RD$ 36.000 (USD 610). Este obstáculo impide un diagnóstico preciso y limita el acceso a tratamientos personalizados.

El tratamiento, basado en insulina de lapicero o frasco, oscila entre RD$ 1.800 (USD 30) y RD$ 2.200 (USD 37). En algunos casos, el club de diabéticos y el programa Promese Cal ofrecen insulina a RD$ 450 (USD 8), aunque la disponibilidad es escasa y suele destinarse a programas estatales.

El acceso a insulina depende además de la cobertura de las administradoras de riesgos de salud (ARS) y de las políticas de las multinacionales farmacéuticas, que restringen la inclusión de algunos medicamentos en los planes básicos, según Ruíz.

La diabetes tipo 1 implica destrucción de las células beta del páncreas, lo que obliga a los pacientes a depender de insulina exógena. Por su parte, los niños con diabetes tipo 2 aún producen insulina, aunque de baja calidad, y el tratamiento incluye medicamentos orales, dieta y ejercicio. La falta de adherencia puede derivar en una falla total del páncreas.

Ruíz destaca que menos del 1% de los niños y adolescentes con diabetes atendidos en el Arturo Grullón desarrolla insuficiencia renal que requiera diálisis, aunque la amenaza persiste si el control médico no es el adecuado.

El avance de la diabetes infantil en Santiago y el Cibao responde no solo a factores genéticos, sino también a realidades sociales y económicas: muchas familias de bajos ingresos enfrentan barreras para acceder a alimentación saludable y a diagnósticos o tratamientos de última generación.

Ruíz subrayó su preocupación por la “falta de atención social” ante el avance de la diabetes en la población pediátrica, señalando que la normalización del fenómeno dificulta la respuesta efectiva y la visibilidad del problema en la agenda pública. El reto, según las especialistas, es doble: adaptar las políticas alimentarias y educativas a la realidad actual y garantizar el acceso al tratamiento para todos los niños afectados.