El gobierno de República Dominicana enfrenta un escenario de incertidumbre tras el anuncio de que Estados Unidos incrementará los aranceles globales al 15 %, medida que impactará de manera directa a los exportadores dominicanos.
Las autoridades locales, vinculadas a la negociación comercial con Washington, reconocieron que el alcance de la nueva política aún está en evaluación y que “no es posible determinar de inmediato cómo incidirá en las conversaciones bilaterales orientadas a reducir tarifas”.
La decisión del presidente Donald Trump se produjo luego que la Corte Suprema le prohibiera recurrir a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para sustentar su política arancelaria. Después de conocer el fallo, Trump elevó los aranceles del 10 % inicialmente previsto al límite legal del 15 %, respaldándose en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.
Esta normativa faculta al mandatario a imponer aranceles máximos o cuotas de importación cuando exista un déficit grave y persistente en la balanza de pagos, o la economía requiera una acción inmediata, pero solo permite su aplicación como medida de emergencia y por un periodo limitado de 150 días.
El anuncio llega en un momento clave, debido a que ambos países estaban en pleno proceso de negociación de un acuerdo inspirado en los que Estados Unidos ha firmado con Guatemala y El Salvador, según información de Diario Libre.
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, había señalado recientemente que República Dominicana “está en uno de sus mejores momentos” en las relaciones con el país norteamericano, subrayando la colaboración en temas de interés común.
La imposición del nuevo arancel, sin embargo, altera el terreno de las conversaciones y genera inquietud entre los actores económicos y políticos dominicanos.
Trump, a través de su red Truth Social, calificó el fallo de la Corte Suprema como “profundamente decepcionante” y criticó a los jueces por adoptar una postura “ridícula” y “extraordinariamente antiestadounidense”. La nueva política excluye a la industria farmacéutica y a bienes protegidos por el acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá, pero afecta a casi todos los sectores exportadores dominicanos.
De acuerdo con las cifras oficiales, durante el periodo comprendido entre abril y noviembre de 2025, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos recaudó USD 396.4 millones en aranceles sobre productos dominicanos.
Este dato revela la magnitud de la relación comercial y anticipa los desafíos que enfrentará la economía dominicana: el riesgo de que el nuevo techo tarifario limite las exportaciones, encarezca el acceso al mercado estadounidense y obligue a redefinir estrategias de alianzas comerciales.
Para República Dominicana, el peso del comercio con el país norteamericano es considerable, ya que una parte significativa de sus exportaciones tiene como destino ese mercado.
Los sectores productivos nacionales se ven forzados a evaluar el impacto de la medida en sus ingresos, su capacidad de negociación y la posibilidad de diversificar destinos para sus bienes.
Además, la incertidumbre generada por este cambio abrupto obliga a los actores públicos y privados a reforzar sus estrategias de gestión de riesgo y adaptación. No solo se trata de una cuestión de tarifas: la credibilidad y estabilidad de las reglas del juego en el comercio bilateral quedan comprometidas, lo que podría afectar decisiones de inversión y planificación a mediano plazo.
La respuesta del gobierno dominicano será crucial para adaptar la política económica nacional a un entorno internacional donde las reglas pueden cambiar de forma repentina, condicionando el desempeño y la competitividad de las exportaciones.
La coordinación entre los sectores público y privado, así como la capacidad para negociar condiciones más favorables o compensaciones, se vuelve indispensable para mitigar el impacto de la decisión estadounidense y sostener el dinamismo de la economía nacional frente a la nueva coyuntura global.
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