Cobro a los extranjeros: qué piensa el Gobierno, la postura de las universidades y la puja judicial de fondo

A pesar de que la iniciativa no avanza desde que se impulsó y no hay consensos al respecto, el Gobierno insiste con la propuesta de que las universidades públicas comiencen a cobrarles una cuota a los estudiantes extranjeros, pero las instituciones se niegan a implementar la medida y dudan de su eventual efectividad.

El debate sobre si aquellos alumnos que no tienen la ciudadanía argentina deben acceder o no de manera gratuita a la educación superior se reavivó en los últimos días, a partir de un proyecto que presentó el libertario Agustín Romo en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

Tal como detalló Infobae, esta propuesta se presentó justo cuando el tema estaba en auge debido a la polémica que se generó en el marco del Mundial, por los comentarios, principalmente en las redes sociales, de usuarios de otros países cuestionando a la Argentina y acusando a sus habitantes de racistas y xenófobos.

No obstante, de aprobarse el texto elaborado por Romo, el pago aplicaría solamente para el ámbito bonaerense y, eventualmente, también porteño, donde La Libertad Avanza daría la misma batalla.

En el plano nacional, en tanto, las autoridades nacionales insisten en que esta medida ya se puede aplicar libremente, gracias a un Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Javier Milei el año pasado.

“Tras muchas consultas, aclaramos: está vigente el DNU 366/2025 sobre la autorización a todas las universidades nacionales para cobrar a estudiantes extranjeros. Los rectores están legalmente autorizados desde el día 28/5/2025”, escribió en su cuenta de X Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias.

La defensa llegó porque a finales de junio pasado la Cámara Nacional Electoral lo anuló al considerar inconstitucional algunos de sus artículos.

Es que, además de este punto, el decreto en cuestión también había transferido a la Dirección Nacional de Migraciones la facultad de otorgar la ciudadanía argentina, una competencia que históricamente ejercieron los jueces federales.

El tribunal concluyó que esa modificación avanzó sobre una materia expresamente vedada por la Constitución para el Poder Ejecutivo que, además, no acreditó la existencia de circunstancias excepcionales que justificaran evitar el trámite legislativo ordinario para aprobar las modificaciones en el Congreso.

En el entorno de Álvarez aseguran que solamente ese punto está en conflicto, porque fue expresamente denunciado, pero que no hay ninguna queja respecto del cobro a los extranjeros.

Asimismo, remarcan que la medida “es completamente constitucional”, ya que la Carta Magna garantiza la gratuidad de la educación básica y superior solamente para los argentinos y todos aquellos que quieran “habitar” el suelo patrio.

Aquí radica el argumento central del Gobierno, que considera que aquellos que no tengan la residencia permanente no tienen derecho de acceder a ese beneficio.

Para inscribirse a una universidad pública, actualmente la persona interesada solamente debe contar con un Documento Nacional de Identidad (DNI), al cual puede acceder incluso si se encuentra en una situación migratoria precaria.

El Estado le puede dar a un extranjero un DNI local no solo cuando tiene una residencia permanente, sino también cuando posee una Temporaria, la cual es de mediano plazo y se otorga por hasta tres años, con la posibilidad de solicitar una prórroga.

Sin embargo, más allá de este debate, la decisión de si cobrar o no una cuota a los alumnos que no sean de este país recae en última instancia en cada universidad, las cuales se niegan a aplicarla.

“A mí me parece que se están aprovechando de toda esta ola contra la Argentina y de discriminación para instalar esto de nuevo, no tengo ninguna duda”, cuestionó ante este medio el rector de una importante casa de estudio, que prefirió que no se lo cite “para no seguir dándole entidad al asunto”.

El referente del sector explicó que, si bien es cierto que para acceder a la matrícula es necesario tener un DNI y muchos de los documentos son precarios, “por un acuerdo vigente del Mercosur, a los 2 años de permanencia en el territorio ya se puede conseguir automáticamente la residencia permanente“.

“No lo vamos a hacer. No le vamos a cobrar a nadie. Sí se han hecho cosas, como poner niveles de español más altos para poder ingresar. No es que cualquiera puede venir acá hablando portugués y le tenemos que dar clases en su idioma. Hay cosas que está bien plantearlas, pero esto en particular, no”, opino.

Para el rector, los ingresos que podrían tener si implementan este pago “es marginal a nivel presupuestario y terminaría perjudicando a la economía local, porque es más lo que cada alumno deja viviendo acá, que lo que se les puede pedir de cuota en última instancia”.

“Ya hoy en día bajó mucho el fenómeno de los estudiantes extranjeros, porque dejó de ser atractivo el país. En mi provincia hace 5 o 10 años había empresas que se dedicaban al turismo académico y ahora cerraron todas. Estás quitando los incentivos para que vengan”, lamentó una persona que conduce una institución de educación superior del interior.

Por otra parte, los rectores coinciden en que “el decreto es de dudosa legitimidad, porque modifica dos leyes vigentes, la de Educación y la de Migración, que son las que garantizan que no le puedas cobrar a nadie”.

“Si se llegara a hacer, cualquiera que vaya a la Justicia para protestar te lo gana, porque un DNU no está por encima de ley. Después está la discusión más de fondo, yo soy hijo de inmigrantes, primera generación, y no sé si estoy de acuerdo con que para otros haya criterios que este país no aplicó para mi familia. Lo que quiere el Gobierno es generarles incomodidad a la universidades y sumar un elemento más para desprestigiarnos”, cerró.

En cuanto a la potestad para que Migraciones se haga cargo de los trámites para la ciudadanía también hay debate, ya que un sector del Ejecutivo considera que todo el DNU sigue rigiendo, porque no tiene sentencia definitiva de la Corte Suprema de Justicia.

“Lo único que puedo decir es que los pedidos que nos están llegando a nosotros los seguimos tomando y están teniendo su curso habitual. Por lo que hagan otros organismos no puedo responder”, remarcó una fuente de la Cámara Nacional Electoral, que es la que históricamente revisó los casos de personas a las que se les rechaza en primera instancia la ciudadanía.