
El “oratorio Kueider”, en referencia al despacho del expulsado exsenador Edgardo Kueider, convertido días atrás en una zona para rezar tras el visto bueno de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel-, cerró ayer en un abrir y cerrar de ojos, tras una recorrida que realizó Infobae por la Cámara alta.
Según consta en la imagen que obtuvo este medio, sobre la cerradura de la puerta que se encontraba abierta para el oratorio -con bancos dispuestos para orar y las banderas de la Argentina y otra con colores similares a la del estado Vaticano- ahora se halla una faja con la siguiente inscripción: “Antes de abrir, consulte en Dirección Seguridad y Control”. La fecha es de ayer, a las 11.30.
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Lo ocurrido se da en la todavía guerra de despachos entre los legisladores salientes, entrantes y vigentes que aspiran a una mejora en cuanto a metros cuadrados y la cercanía al recinto del Senado, el restaurante, los principales salones de comisión, Presidencia y las secretarías administrativa y parlamentaria.
Sin dudas, el escándalo de la kirchnerista fueguina Cristina Cándida López -ahora se queja para que se aclare que nunca fue eso, sino “peronista”- ya se llevó con creces el primer premio de la temporada. La legisladora se hizo conocida no por leyes o debates, sino por el cruce de meses atrás con el exjefe de Gabinete Guillermo Francos, al que tildó de “mentiroso” y sólo logró, con ello, lo que necesitaba en ese momento el entonces funcionario: poner fin al informe de gestión que motivó aquella sesión.
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Esa trifulca no llamó tanto la atención de sus compañeros de bloque, quienes ya conocían la fama que llegaba desde la provincia sureña. Sí lo ocurrido días atrás, cuando la senadora kirchnerista ya tenía cerrado el traslado a la oficina del salteño Sergio Napoleón Leavy. Hasta ahí no existió ningún problema y la legisladora pudo ingresar.
Lo que cayó pésimo en la bancada fue que el personal que trabajó durante años con Leavy fue echado de manera no tan amable por la propia López, tal como confiaron dos senadores peronistas al tanto del embrollo. Esto generó una interferencia que derivó en el papelonazo de anteayer, que no pasó a mayores de casualidad.
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El clásico ida y vuelta comenzó en septiembre pasado, cuando Villarruel emitió el decreto presidencial 488/25. Entre las órdenes de entrega se incluyó “la totalidad del mobiliario propiedad del H. Senado de la Nación”, como “muebles, sillas, modulares, equipos telefónicos, computadoras, laptops, celulares, tarjetas de ingreso y egreso, tarjeta de comedor, resmas, papeles membretados, expedientes, carpetas y toda documentación administrativa que los senadores, los agentes y asesores afectados a sus despachos y/o cuerpo de asesores de comisión y/o que participen de los Bloques hayan utilizado durante el tiempo que duró su mandato y/o su designación en esta H. Cámara”.
Toda regla tiene excepciones. Es que, como era de preverse, un puñado de senadores se adelantó y cerró un traspaso ordenado con cierta anticipación, como el que hizo el salteño Juan Carlos Romero con el correntino Carlos Espínola. Y éste, al mismo tiempo, con la ingresante salteña Flavia Royón.
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Otros tuvieron aún más suerte, con mudanzas avisadas a Villarruel. Es decir, puentear al DP 488/25 que la Vicepresidenta firmó. Infobae pudo saber que, en dichas tratativas, la Vicepresidenta intentó deslizar la idea de que les hacía “un favor”, relataron las fuentes.
A la par, la titular del Senado busca promocionar una baja en el volumen de personal que, casi en paralelo, aumenta en otros lados. Designaciones sin concurso y creación de mega estructuras -hay quienes afirman que habría una nueva en la propia Presidencia, aún no publicada de forma oficial- se mezclan en diversas batallas entre autoridades y gremios, con un episodio peculiar de semanas atrás que, en principio, estaría a punto de resolverse.
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Para consumar dicho objetivo se habla de una eventual reapertura de retiros voluntarios y otorgar una salida “decorosa” a figurones del pasado. No sólo eso: al girar 180 grados, también se encontraría una beca de oro, con al menos un caso que ya revista como planta permanente de la “Casa”. La gestión actual lleva menos de dos años y uno de sus lemas es ir contra la “casta”.
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