Con la asistencia legal de Elisa Carrió, diputados de la Coalición Cívica (CC) presentaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura para solicitar el juicio político del juez federal Alejandro Patricio Maraniello. Es el magistrado cuestionado por dictar una medida cautelar que establece la censura previa de la difusión de los audios que involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el marco de las sospechas de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La acusación es impulsada por la diputada nacional de la CC, Marcela Campagnoli, y el legislador porteño Hernán Reyes, con el patrocinio de Elisa Carrió, según anunció la fundadora de la agrupación en su cuenta personal de X.
La denuncia acusa al magistrado de mal desempeño y la posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. En el trámite ante el Consejo de la Magistratura se solicita la apertura del procedimiento de remoción, la suspensión en el cargo y la formulación de la acusación correspondiente, además de requerir su destitución.
En la previa al pedido de juicio político, Maraniello había sido duramente cuestionado por juristas, colegios de abogados y dirigentes de la oposición por prohibir la difusión de los audios presuntamente grabados en la Casa de Gobierno, donde aparece la voz de Karina Milei. La filtración se produjo en medio de la trama de presunta corrupción en la Andis, que expuso a través de conversaciones privadas su ex titular, el abogado Diego Spagnuolo.
Los argumentos de la Coalición Cívica
Entre los motivos para el pedido de juicio político, Elisa Carrió y los diputados Campagnoli y Reyes acusan como causales la restricción de la libertad de expresión y posible connivencia en la comisión de delitos:
1. Censura previa y restricción a la libertad de prensa
De acuerdo al posteo de redes sociales, el primer hecho involucra la actuación del juez en la prohibición la difusión de chats, fotos, audios y videos de Karina Milei en cualquier medio o red social. Según los denunciantes, esta decisión implica “lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa y en consecuencia, el avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública”.
2. Supuesta connivencia con el Poder Ejecutivo
Se señala una posible relación con el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, con el objetivo de encubrir procesos penales y disciplinarios abiertos contra Maraniello en el Consejo de la Magistratura y la justicia federal. Si se confirma esta vinculación, implicaría para los diputados una violación de la independencia judicial y de la división de poderes.
3. Asociación con una red de tráfico de influencias
La denuncia también indica la participación de Alejandro Patricio Maraniello como socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), que está involucrada en otra trama de corrupción.
“Dicha institución resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación. A tal punto, que cuenta con importantes “auspiciantes” incompatibles con el ejercicio de la magistratura y en particular, con el fuero al que pertenece Marianello, tal es el caso de los Laboratorios “HLB Pharma” y “Ramallo”“, señala la publicación de Carrió.
4. Denuncias por abuso moral, sexual y violencia de género
El juez acumula cinco denuncias ante el Consejo de la Magistratura por abuso moral, sexual y violencia de género, iniciadas por personal de su juzgado y presentadas también ante la Unidad de Bienestar Laboral dependiente de la Cámara Civil y Comercial Federal. A raíz de estas denuncias, fue incluido en el Registro Público de Denuncias Presentadas contra Magistrados y Magistradas vinculado a hechos de violencia de género.
5. Irregularidades en cartas de ciudadanía
De acuerdo con los denunciantes, la conducta de Maraniello revela un grave incumplimiento de sus deberes, en perjuicio de los intereses públicos y privados bajo su responsabilidad, y afecta la confianza pública en el Poder Judicial.
“Estamos frente a un magistrado que ha violado su deber de imparcialidad, ha ignorado deliberadamente el derecho vigente, ha abusado de su autoridad en perjuicio de subalternos y ha menoscabado con sus actos la confianza pública en la Justicia”, expresaron los denunciantes.
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