La Rioja reglamentó un nuevo esquema de participación local en la cadena minera

La Cámara de Diputados de La Rioja aprobó este jueves la Ley para el Desarrollo de Proveedores Mineros y Mano de Obra Riojana, una iniciativa que establece nuevas pautas para la contratación de empresas y trabajadores vinculados a la actividad extractiva. Impulsada por el bloque Justicialista y trabajada en conjunto con el Ministerio de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, la norma apunta a fortalecer a las pymes locales y garantizar su inclusión en los proyectos en curso y por venir.

El ministro Federico Bazán celebró la sanción como parte de una política pública destinada a consolidar un modelo productivo con anclaje territorial. “Esta norma es una expresión concreta del modelo de provincia que defendemos: con desarrollo productivo, inclusión, empleo local y priorizando nuestras pymes”, afirmó. En esa línea, destacó el carácter participativo del proceso legislativo: “La misma se diseñó y trabajó con participación de todos los actores, con mucho consenso y transparencia”.

Bazán también hizo hincapié en la previsibilidad que ofrece la ley para los capitales foráneos interesados en el desarrollo del sector: “Acompaña a las empresas y trabajadores de La Rioja, pero a su vez ofrece un marco de seguridad jurídica, moderna, a las empresas inversoras. Estamos convencidos que el desarrollo de la minería se llevará a cabo con el desarrollo y participación de las comunidades”.

El texto establece que las compañías mineras deberán contratar al menos un 70% de proveedores y trabajadores locales. En cuanto a estos últimos, deberán residir en la provincia, mientras que en el caso de profesionales y técnicos, será obligatorio que cuenten con matrícula en los colegios profesionales de La Rioja.

Para ordenar las contrataciones, se prevé un esquema de “anillos de prioridad”: en primer lugar, se dará preferencia a proveedores y trabajadores del mismo departamento en el que se desarrolla el proyecto; en segundo lugar, a los de la región a la que pertenece dicho departamento; y finalmente, al resto del territorio provincial.

Por otra parte, se creará el Registro Provincial de Proveedores de Empresas Mineras (REPEM), que será de acceso público. Esta medida busca garantizar la transparencia y el control ciudadano sobre la asignación de contrataciones en el sector.

La nueva legislación contempla beneficios fiscales y financieros para aquellas firmas que, además de cumplir con los requisitos mínimos, integren a mujeres en al menos un 20% de su plantilla o incorporen a jóvenes de entre 18 y 29 años.

Al respecto, la secretaria de Minería de la Provincia, Ivanna Guardia, sostuvo: “La Ley de Proveedores Mineros la venimos trabajando hace tiempo, con la participación activa de las cámaras de productores mineros. Estudiamos legislaciones de otras provincias para construir una mejor versión, con foco en priorizar a las pymes y trabajadores riojanos como mano de obra calificada, y destacando la perspectiva de género”.

Guardia también remarcó que el acceso a la información será una de las claves del nuevo esquema: “Habrá un registro público al que cualquier persona podrá acceder, lo que garantiza el control ciudadano. Esta ley es un paso concreto hacia una minería que genere empleo genuino, fomente la inclusión y permita el crecimiento económico desde el territorio”.

Durante el debate legislativo, distintos sectores económicos y profesionales participaron del proceso de elaboración. La diputada Lourdes Ortiz, autora del proyecto, señaló que la ley se construyó con el aporte de “cámaras empresariales, profesionales, proveedores y representantes del sector”.

Ortiz explicó que la iniciativa apunta a establecer reglas claras y equitativas para las relaciones entre las compañías mineras y sus proveedores: “El objetivo principal es acompañar el desarrollo de proveedores locales y de la mano de obra riojana, regulando las relaciones entre las empresas mineras y quienes les ofrecen bienes, servicios o insumos”.

Además de fijar criterios de contratación, la norma promueve una articulación más amplia entre el sector público y privado para generar oportunidades laborales sustentables en una actividad considerada estratégica para la provincia. Las autoridades estiman que su implementación permitirá diversificar la matriz productiva local y ampliar la base de empresas con capacidad de operación en proyectos extractivos de mediana y gran escala.