Varias ciudades del interior del país se hicieron eco de los reclamos que llegaron a la Plaza del Congreso para pedir que se apruebe la ley de emergencia en discapacidad. En el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados debate la iniciativa, entre varios proyectos que fueron presentados por la oposición.
En Mendoza, una multitud se congregó frente a la Legislatura provincial para apoyar el proyecto. Las familias y los prestadores han expresado su frustración ante la falta de avances y la negativa del gobierno a apoyar la propuesta, argumentando que esta regresa a un modelo asistencialista. Además, exigen que se revisen y agilicen los procesos de auditoría y aprobación de pensiones, ya que desde la asunción del nuevo gobierno se reportan demoras en estas áreas.
Por su parte, en la ciudad de Córdoba, cientos de personas se reunieron en la Plaza San Martín para pedir respuestas a lo que consideran una crisis de salud integral. Los pagos retrasados y la falta de incrementos salariales han provocado que muchos profesionales y prestadores de servicios enfrenten serias dificultades para continuar operando.
El gobierno provincial, según informó La Voz, ha sido llamado a recibir y dialogar con los representantes del sector, y algunos profesionales han denunciado que ciertas obras sociales tardan hasta 90 días en efectuar los pagos, lo que agrava la crisis.
Más al este, en Rosario, cientos de manifestantes siguen de cerca los desarrollos en la Cámara baja desde la plaza San Martín, donde se han instalado pantallas gigantes para permitir a la comunidad seguir el debate. Las instituciones y los trabajadores del sector han destacado que la falta de actualización en los aranceles de servicio ha llevado al colapso de muchas organizaciones que brindan cuidados y rehabilitación.
En Santa Fe, una manifestación masiva reunió a instituciones, prestadores y familias en la Plaza 25 de Mayo. Francisco Zanotti, miembro de Uendisfe, una entidad local, advirtió que las políticas actuales del gobierno han obligado a muchas instituciones a recortar sus servicios o cerrar.
Por otro lado, en la provincia de Tucumán, el clamor fue similar, donde los manifestantes también señalaron al gobierno por la falta de empatía hacia sus necesidades. María Teresa Díaz, representante de un instituto especializado, lamentó que muchos niños no cuenten con la autorización necesaria para asistir a la escuela debido al incumplimiento de las obras sociales.
La preocupación principal gira en torno a los pagos atrasados de las obras sociales, que algunas veces se demoran hasta meses, dejando a los centros y profesionales en graves problemas financieros.
En tanto, con 129 presentes y aportes clave de Arrieta y Acevedo, la Cámara de Diputados abrió el debate sobre jubilaciones, discapacidad y el financiamiento del Garrahan. Unión por la Patria, la Coalición Cívica y sectores independientes empujaron la sesión, mientras el PRO, Innovación Federal y la Liga del Interior se mantuvieron al margen.
Sin embargo, hasta el momento del debate siguen los cruces entre los legisladores, sin un horario claro sobre qué puede pasar con la votación de los proyectos.
En ese sentido, el jefe de Gabiente, Guillermo Francos, ratificó que vetarán todos los proyectos que pongan en jaque el equilibrio fiscal.
“Todos los miércoles tenemos una pelea importantísima en el Congreso para tratar de que no tengan los votos. Parece ridículo, pero tenemos que tratar de que no tengan quórum para que no nos aprueben leyes que nos rompan el equilibrio fiscal”, afirmó.
El jefe de Gabinete resaltó que “no hay nada si no mantenemos el equilibrio fiscal”, por eso “el Gobierno con un esfuerzo enorme, ha cortado programas enormes, despedido personal, eliminado fondos fiduciarios, generadores de programas que no sirven para nada y son generadores de gestiones que tiene un costo muy alto y todo a costa del Estado”.
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