El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, brindó esta mañana una conferencia de prensa, junto a los presidentes del Senado provincial, Alicia Aluani, y de Diputados, Gustavo Hein, en donde ratificó: “Hemos decidido ponerle fin a una historia donde la política le dio la espalda a los ciudadanos frente a hechos dramáticos”, sostuvo.
El mandatario advirtió que los entrerrianos son “protagonistas de una de las causas de corrupción más importantes del país, la de los contratos truchos”. Y advirtió: “Se ha comprobado que hubo cerca de 800 (contrataciones irregulares) durante una década. La Justicia tendrá ahora que probar quienes han sido los responsables y qué pena les cabe“. Y completó: “Pero la política no puede quedarse de brazos cruzados frente a esta realidad, mirando al costado”.
Frigerio sostuvo con firmeza que “queremos que los que le robaron la plata a los entrerrianos la devuelvan“. Por ende, solicitó a los presidentes de las Cámaras que dispongan la nulidad de estos “contratos truchos”. Y agregó que “después, exigiremos la devolución de esos recursos que se han robado a los entrerrianos”.
Según el gobernador entrerriano este “será un proceso administrativo que correrá en paralelo a la investigación judicial que está en trámite”. Y agregó: “No queremos reemplazar a la Justicia, creemos en la democracia, la república y la división de poderes”, agregó.
Los contratos truchos
La causa penal, caratulada como Beckman y otros comenzó en 2018 cuando se detectó a un grupo de gente retirando plata de cajeros automáticos con gran cantidad de tarjetas de débito.
La investigación llevó a detectar que ese dinero correspondía a contrataciones ficticias de personal en la Legislatura, cuyo esquema había funcionado desde 2008, según revelaron las pesquisas.
En el proceso, 32 personas fueron acusadas y quedaron en condiciones de ir a juicio, mientras que una decena solicitó probation. En simultáneo al discurso de Frigerio, en Casa de Gobierno, enfrente -en el Palacio de Justicia provincial- se desarrollaban las audiencias de suspensión del juicio a prueba.
Los cargos que se les imputan a los acusados son de asociación ilícita, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Por estos hechos, no se acusó a ningún legislador, solo se llegó hasta los responsables administrativos de cada cámara. Además, en la causa, están involucrados integrantes de un estudio contable encargado de la operatoria y empleados de menor rango responsables del cobro en cajeros.
Según la requisitoria de la acusación, el monto total de la operación habría sido de casi 53 millones de dólares. Pero la Fiscalía de Estado de la provincia, que es actor civil y que busca resarcir a la Administración Pública del daño causado, reclama 373 millones de pesos más actualización e intereses. “No tenemos un número preciso como para plantear. La Justicia tendrá que determinar cuál es el monto actualizado del dinero que se le robó a los entrerrianos”, puntualizó Frigerio.
Según el mandatario provincial “una vez hecha la nulidad de los contratos, le pediremos al Fiscal de Estado que intente la recuperación de esos recursos. Es probable que muchos de los imputados (en el juicio penal) y de los que tuvieron los contratos (y que están fuera de la causa) al menos van a analizar la devolución”, agregó.
Por último, el gobernador entrerriano especificó que, tras la anulación, se utilizará la negociación por vía administrativa para recuperar los fondos públicos que se desviaron. Y recordó que su gestión redujo a la mitad las contrataciones de personal en ambas cámaras legislativas.
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