Se descongelaron las dietas de los senadores y desde mayo cobrarán al menos $9 millones en bruto

Victoria Villarruel firmó una resolución en enero pasado que frenó la actualización automática de las dietas de los senadores, en relación con el valor del módulo de referencia que utiliza el Congreso: la norma se venció horas atrás y la vicepresidenta -que cobra mucho menos, por ser integrante del Poder Ejecutivo- dejará la definición del tema en manos de los bloques, como adelantó Infobae el 16 de marzo pasado. Bajo el nuevo escenario, 71 de los 72 integrantes del pleno de la Cámara alta pasarían a cobrar desde mayo una base de al menos $9 millones en bruto.

Este medio contó que los bloques también deslizaron que no tienen pensado moverse en relación con este asunto, más allá de la posibilidad de encontrar una solución hasta la próxima liquidación de haberes, que suele ocurrir entre el 15 y 20 de cada mes. Hasta ayer, sólo tres senadores presentaron notas para insistir con el congelamiento: los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano -hasta fin de año-, y el cordobés Luis Juez (PRO).

Juez mantiene, desde el año pasado, una postura en línea con las críticas del Ejecutivo libertario hacia toda la Cámara alta, lo que deriva en críticas desde su propia bancada, que lo acusa de no opinar sobre el tema en las reuniones de bloque -incluso, en las de Labor Parlamentaria, donde participan todos los jefes y Villarruel- para luego hacer su propio juego. Lo cierto es que si los legisladores no se ponen de acuerdo para votar algo en el recinto y Villarruel no firma una resolución por su cuenta, las misivas en cuestión se convierten en la nada misma. En cambios, otros pocos -como la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti- anunciaron tiempo atrás donaciones o sorteos que, a fin de cuentas, rompieron la armonía de espacios que estaban 100% de acuerdo con la suba, como el caso del Frente de Todos.

¿Por qué se llegó a este punto? Al iniciarse la gestión libertaria, el Congreso imitó la suba que se había otorgado para la administración central, frenada -por enojos de la Casa Rosada- primero por el presidente de Diputados, Martín Menem; después, por Villarruel. Los senadores no perdieron tiempo: en abril pasado, los hoy peleadísimos oficialismo y oposición pactaron en secreto un nuevo sistema de dietas y lo aprobaron en el recinto. Desde ahí, los mismos pasaron a estar compuestos por 2.500 módulos, más un adicional de 1.000 por gastos de representación y 500 extra, por desarraigo.

Sobre este último punto, sólo cuatro no lo reciben. Además, los legisladores se agregaron una dieta más a las 12 actuales para compensar el aguinaldo. Esto representó, desde mayo pasado, más de $7 millones en bruto que cobran en la actualidad. La única senadora que no entra en esta lógica es Alicia Kirchner: cuando ingresó en la Cámara alta prefirió mantener su jubilación.

Tras la polémica generada ante el penúltimo aumento otorgado a empleados legislativos -que estaba atado al de los senadores- del 6,6% para julio y agosto, el pleno de la Cámara alta anuló la suba en cuestión y congeló sus dietas hasta el 31 de diciembre, en una votación unánime, con 65 adhesiones.

En noviembre pasado, en un movimiento que ayudó a descomprimir la presión y bajar las fuertes críticas de empleados cumplidores -suelen ser los más perjudicados- contra los gremios legislativos -APL, de Norberto Di Próspero, el sindicato más importante-, el Congreso cerró una paritaria casi idéntica a la del Ejecutivo con estatales: una suba de 6,13% -acumulado-, de septiembre a diciembre. No corrió para los senadores, que tenían vigente el congelamiento hasta fin de año.

Cerca de finales de 2024, varios senadores presionaron a Villarruel para que se hiciera cargo de un asunto que, en realidad, los propios legisladores habían votado en el recinto. Lo más curioso es que, ante diversos medios acreditados en el Congreso, los bloques explican que la dieta queda limada por Ganancias -agarra muchos conceptos-, sumado a los alquileres en la Ciudad y otras yerbas que, en sus casos, generan enojo.

Son muy pocos quienes se animan a decir en público no sólo eso -y que están mal pagos; mucho más el Presidente y sus ministros, agregan-, sino también el lastre principal que tiene la política desde hace décadas: su financiamiento. Hasta que eso no se discuta de verdad y sin barbijos, estos inconvenientes se convertirán en moneda corriente. En el Caso de la Cámara alta, el momento es más que complejo. El Gobierno lo sabe y buscará aprovecharlo.