Causa D’Donofrio: allanaron una empresa de fotomultas que tiene cámaras en varios municipios

La Justicia provincial allanó hoy la sede de una empresa de fotomultas que tiene 155 cámaras en distintos municipios de manera irregular y factura millones por esas infracciones. El operativo se realizó en la sede de CECAITRA, una asociación civil que nuclea a pequeñas y medianas empresas del sector. A pedido del fiscal Alvaro Garganta, la Policía también realizó un operativo en el domicilio del presidente de esa cámaras, Bernardino García, pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

Al momento de pedir los allanamientos, el fiscal sostuvo que CECAITRA “habría facturado de modo irregular y sin la correspondiente autorización legal el importe producido por las infracciones de tránsito constatadas por ciento cincuenta y cinco (155) cinemómetros de su propiedad”.

Ese dato surgió de un informe que aportó el Ministerio de Transporte bonaerense, ahora a cargo de Martín Marinucci, el sucesor de Jorge D’Onofrio. Ese documento determinó que en la provincia de Buenos Aires hay 1404 cinemómetros, de los cuales 155 fueron provistos por CECAITRA y registran “SIN ACTO ADMINISTRATIVO por lo que se entiende que carecen del certificado de conformidad respectivo”.

Según pudo saber este medio, CECAITRA tiene cámaras en La Matanza, Moreno, Tigre, Brandsen y Campana, entre otros municipios.

Garganta está al frente de una de las causas por el escándalo de las fotomultas y los gestores, que determinó la salida de D’Onofrio de su cargo. También hay un expediente en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, donde están imputados el ex ministro de Transporte, la ex concejal Claudia Pombo, Agustina Cuadra (hija de Pombo), el juez de faltas Mario Quattrochi, Roxana Elma Pombo, y Héctor Marcelo Suárez Basail (medio hermano de Pombo que, según reveló Clarín, trabaja en la Cámara de Diputados provincial con un sueldo de casi $ 1,8 millón).

A fin del año pasado, González Charvay ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil de todos los imputados. Y disparó una batería de medidas de prueba para investigar el patrimonio de D’Onofrio y sus allegados. Pero también apunta a un esquema de recaudación millonaria con el sistema de fotomultas. Concretamente, se investiga si el ex ministro de Kicillof era parte de un sistema paralelo de gestores que ofrecían la posibilidad de eliminar las multas a cambio de una comisión que variaba entre un 30 y un 50% del monto original.

En ese esquema quedarían involucrados funcionarios judiciales, estatales, y varias concesionarias.

El escándalo de las fotomultas precipitó la salida de Pombo de la presidencia del Concejo Deliberante de Pilar y luego provocó la renuncia de D’Onofrio. También fue desplazada la hermana de Claudia Pombo, Roxana, que era Directora de Estrategias Portuarias y Aeroportuarias, dependiente de la Subsecretaría de Transporte Aéreo y Fluvial, y Fernando Asencio, que supo ser Director de Fiscalización y Control. Ambos formaban parte del círculo íntimo de D’Onofrio.

La Justicia espera una respuesta clave desde España. Pombo y el juez de Faltas Mario Quattrocchi serían dueños de Cattleya Blue S.L., una sociedad creada en Málaga para explotar dos restoranes: “Tardeo Pacífico” y “Tardeo Soho”.

Desde su cuenta de Instagram, Quattrochi seguía a ambas cuentas.

En otro expediente, el fiscal Garganta avanzó sobre las empresas de fotomultas. Al pedir los allanamientos, también tuvo en cuenta el testimonio de un empresario, propietario de otra empresa de fotomultas, quien aseguró que las multas CECAITRA “siempre tramitan a una velocidad mucho mayor que la del resto de las empresas proveedoras”. Es más, dijo que eso ocurría por el “vínculo entre las autoridades de esa empresa y las autoridades de la gestión anterior del Ministerio de Transporte”.

Los procedimientos, autorizados por el juez de Garantías Juan Pablo Massi, se realizaron en la sede de CECAITRA, en la colectora de Panamericana, a la altura de la localidad de Boulogne, y en el domicilio personal de su presidente, en Libertador al 3800, en la localidad de La Lucila.

Los efectivos policiales tenían la orden de secuestrar documentación ”relativa a la existencia, instalación, habilitación, certificación de los equipos cinemómetros que provee CECAITRA o vinculada a la facturación y/o registro de los ingresos producto de las infracciones constatadas y a la trazabilidad de dichos fondos”. En el domicilio del presidente de la empresa, Bernardino Antonio García, se secuestró un teléfono clave que ahora será peritado.