El Ministerio de Seguridad de la Nación, por instrucción de la ministra Patricia Bullrich, denunció penalmente a Karina Andrade, la jueza que liberó rápidamente a los detenidos por los incidentes que se produjeron el miércoles 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso, en el marco de la marcha de los jubilados.
En concreto, el Gobierno acusa a la magistrada de los delitos de Prevaricato, Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y Encubrimiento Agravado, basado en la resolución de la magistrada que dispuso la liberación de 114 detenidos sin un análisis adecuado de las pruebas ni de los antecedentes penales de los implicados.
El Ministerio de Seguridad describe que la jueza actuó de manera arbitraria, interfiriendo indebidamente en un procedimiento de flagrancia, que es competencia exclusiva de la Fiscalía.
En lugar de seguir los procedimientos legales establecidos, Andrade decidió liberar a los detenidos a través de un grupo de mensajería instantánea, como WhatsApp, sin dejar un registro oficial ni dar intervención formal a la Fiscalía, señala la acusación.
Además, la jueza permitió además que defensores no designados intervinieran en el proceso, una violación clara de las normas procesales, ya que según el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los defensores oficiales solo deben intervenir cuando sean expresamente designados.
Entre los detenidos que fueron liberados había personas con antecedentes por delitos como lesiones, tráfico de estupefacientes, tenencia de armas de fuego y robo, lo que agrava aún más la actuación de la titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La denuncia especifica que la jueza no verificó las pruebas ni los antecedentes de los detenidos antes de ordenar su liberación, lo que contraviene la legislación vigente. El caso recayó en el Juzgado Federal N° 1 de la magistrada María Servini.
El Ministerio también menciona que, al analizar la situación, la jueza incumplió con el procedimiento de flagrancia que establece que el Fiscal tiene la responsabilidad primaria de evaluar la detención.
En su resolución, Andrade justificó su accionar apelando a la falta de espacio en los centros de detención, un argumento que se refutó posteriormente, ya que existían lugares disponibles en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal y la Policía Federal.
Además, en declaraciones radiales, apuntó: “No fue una decisión trasnochada, sino que se priorizó el derecho a manifestarse”. En la misma entrevista reconoció que no analizó los antecedentes penales de los sospechosos porque, en esa instancia, sólo correspondía verificar si tenían vigente algún pedido de captura.
La denuncia presentada por el gobierno nacional también señala que la decisión de Andrade de liberar a los detenidos no solo carece de fundamento legal, sino que podría haber colaborado en el encubrimiento de los delitos cometidos durante los disturbios.
La jueza no solo desconoció la gravedad de los hechos, sino que su intervención contribuyó a que los imputados pudieran eludir la acción de la Justicia.
El Ministerio de Seguridad solicitó que se inicie un sumario penal por los delitos denunciados y que se recojan las pruebas pertinentes, incluida la documentación audiovisual de los hechos ocurridos en la Plaza de los Dos Congresos el 12 de marzo de 2025. Este caso continúa siendo investigado, dado que los disturbios dejaron un saldo de más de una docena de policías heridos y daños materiales graves en el espacio público.
Además, la denuncia incluye el pedido de que el fuero federal se encargue de los hechos, dado que involucran delitos de sedición, atentado al orden constitucional y asociación ilícita agravada, situaciones que afectan directamente el orden democrático y constitucional del país.
La denuncia del gobierno nacional
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