La obra social de vareadores, en la mira por pagos millonarios a empresas fantasma por servicios inexistentes

El Sindicato de Vareadores tiene sólo 5.000 afiliados, pero múltiples sospechas de irregularidades en el manejo de los fondos millonarios de su obra social: su interventor, Alberto José Curci Castro, presentó una denuncia penal contra sus autoridades, acusadas de haber desviado de manera fraudulenta más de 622 millones de pesos a través de pagos a empresas fantasma.

En la presentación judicial, a la que accedió Infobae, el funcionario designado por el Gobierno responsabilizó a Fernando Luis Profeta y Justo Damián Ibarrola, quienes eran presidente y vicepresidente de la obra social, por el delito de defraudación por administración fraudulenta.

Además, pidió que se investigue a Sergio Darío Molina, Talía Macarena Ayelén Fernández, Silvia Sandra Natalia y Silvia Daniela Beatriz porque, según figura en el escrito, “habrían brindando una cooperación sin la cual no podría haberse cometido el hecho que se trae a conocimiento de estos estrados penales, causando la malversación y extracción fraudulenta de fondos pertenecientes a la Obra Social de Vareadores bajo la apariencia de presuntos pagos por productos y/o servicios inexistentes, entre el 3 de enero y el 28 de agosto de 2024, por la suma de $622.245.903,24″.

La Sociedad Gremial de Vareadores, de la que Profeta es el secretario general e Ibarrola su secretario gremial, nuclea a los vareadores, capataces, peones de patio, serenos y empleados administrativos de studs en los hipódromos de San Isidro, Palermo y sus zonas de influencia.

El escrito sostiene que se descubrieron “casi 600 facturas emitidas a la obra social en forma correlativa, en un período sumamente acotado, por sumas millonarias que representaban un monto significativo para la propia entidad ($ 622.245.903,24) y por tres supuestos proveedores respecto de los cuales no fue posible advertir ninguna contraprestación objetiva, sumado a que, según las averiguaciones realizadas, incluso carecerían de capacidad operativa, económica y/o financiera acorde a la envergadura de las sumas que facturaron a la obra social”.

“Ese contexto, aunado al resto de las irregularidades e inconsistencias que en su momento condujeron a la intervención de la obra social -sostiene la denuncia judicial-, permite presumir un desfalco monumental en perjuicio de la entidad y, sobre todo, de sus afiliados, llevado adelante a partir de la sistemática extracción fraudulenta de fondos bajo la apariencia de presuntos pagos de servicios y/o productos a proveedores ficticios que nada tenían que ver con la entidad”.

En la denuncia penal se mencionan otras “irregularidades significativas” en la obra social que detectó una auditoría ordenada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y que derivó en su intervención. Entre otras, la entidad “incumplió con la presentación de la documentación necesaria para respaldar las solicitudes de prestaciones para personas con discapacidad”, “no contaba con un equipo interdisciplinario, ni tampoco realizaba auditorías en terreno a los prestadores” y “se identificaron serias deficiencias en el control interno”. Y, además, “se evidenciaron errores en las conciliaciones bancarias y falta de firmas en las órdenes de pago, lo que dificultó la verificación de si la obra social estaba cumpliendo adecuadamente con sus obligaciones financieras”.

Por otra parte, la Gerencia de Control Prestacional de la Superintendencia de Servicios de Salud señaló “la falta de registro del Plan Médico Asistencial para el año en curso y el incumplimiento de las observaciones previas” y “también se destacó que la obra social no realizaba auditorías de terreno, no implementaba programas preventivos, ni campañas de vacunación, y que la medicación de alto costo era adquirida de manera directa sin un vademécum propio”.

En lo que respecta a la dirección de la atención médica, destaca la denuncia judicial, en la auditoría se relevaron “graves deficiencias” en la prestación de atención médica de los afiliados de la obra social, que, agrega, “no poseería una estructura directiva compatible con la envergadura de su actividad, fundamentado en la carencia de profesionales médicos experimentados” y, a su vez, “el sistema de atención de médica se compone por una red de prestadores convocados sin planificación alguna y con inobservancia de las actuales modalidades de atención con atención primaria de salud (“APS”), segundo nivel especializado y alta complejidad”.

La presentación ante la Justicia menciona los problemas detectados en el control y la autorización de las prestaciones médicas de la entidad. Por un lado, esa tarea “era gestionada por personal administrativo que sería asistido por una auditoría externa, pero, dice, “en el tiempo que lleva actuando esta intervención, el auditor médico no concurrió a ninguna de las sedes de la obra social”.

Otro punto destacado en la denuncia es que “la auditoría de historias clínicas para el control de la facturación y la emisión de órdenes de pago también se encuentra subcontratada con una sociedad denominada Grupo Alba SRL, siendo esta firma la que remite al personal administrativo de la obra social los resultados finales para la posterior emisión de las respectivas órdenes de pago y la carga en el sistema de gestión de datos de prestaciones”. “No fue posible advertir la existencia de constancias que acreditan la existencia de un control médico de esa facturación”, advierte.

El sistema de provisión de medicamentos ambulatorios, se añade, es “llevado a cabo a través de una red de farmacias, y la compra de medicamentos –ya sea de alto costo o baja incidencia- es llevada a cabo en forma directa y sin que se verifique la realización de ninguna licitación y/o compulsa de precios, mientras que la provisión de prótesis tiene lugar con idéntica metodología”.

La situación financiera y contable de la Obra Social de Vareadores, de acuerdo con los datos de la intervención, es sumamente crítica: tiene un total de deuda por prestaciones por $458.305.932 y una deuda con proveedores por $219.219.595, totalizando el monto de $677.525.497, “lo que representaría aproximadamente un 226% de los ingresos mensuales”. “La caída abrupta y continuada en la cantidad de afiliados, sumado al modo en el cual la Obra Social lleva adelante sus operaciones, ponen en jaque la viabilidad financiera de la organización en el corto plazo”, alerta el escrito.

En la denuncia judicial de Curci Castro se incluye, además, un capítulo llamado “”Detección de erogaciones sin contraprestación objetiva” en donde se detallan “salidas dinerarias que carecen de cualquier tipo de registro documental -ya sea en soporte físico y/o digital- que permita establecer la causa, justificación y/o el motivo de las respectivas erogaciones, como así tampoco se encuentran vinculadas ni asociadas con ningún efector y/o afiliado de la obra social”.

Al precisar las irregularidades descubiertas, se menciona al Grupo Fermoda SRL, del que se registra la emisión de 186 facturas por parte de esta persona jurídica a nombre de la obra social entre el 30 de septiembre y el 22 de diciembre del 2023 por el total de $194.179.756,40. Como contrapartida, la contabilidad de la obra social registra la emisión de 114 órdenes de pago a favor de Grupo Fermoda entre el 3 de enero y el 31 de enero de 2024, por la suma de $146.623.575,09. Las facturas emitidas a la obra social, según enfatiza la denuncia judicial, son “mayormente correlativas”.

Una de las sospechas que queda planteada en la denuncia judicial es que el Grupo Fermoda es una sociedad de responsabilidad limitada “constituida por instrumento privado el día 15 de febrero del 2023, tan sólo 7 meses antes de comenzar a emitir facturas a la Obra Social”. Además, la SRL fue constituida con un capital de $100.000 y con una cantidad de actividades que figuran en su objeto social “entre las que no se observa ninguna relacionada con la prestación de servicios médicos” y que resultarían en principio ajenas al giro de la obra social”.

Por otro lado, añade el escrito, la sede social del Grupo Fermoda se encuentra en La Pampa 1391, en la Ciudad de Buenos Aires, donde “únicamente funciona un complejo de oficinas temporarias y de uso compartido de alquiler”, mientras que figuran como autoridades Sergio Darío Molina y Talía Macarena Ayelén Fernández, de quienes, “pese a tratarse de una sociedad que emitió facturación por cifras millonarias, no pudieron obtenerse su CUIT ni su CUIL, y tampoco fue posible conseguir la constancia de CUIT del Grupo Fermoda debido a incumplimientos del contribuyente”.