En un año electoral, el Gobierno sostiene los incrementos en las prestaciones sociales a los sectores más vulnerables

En un año cruzado por la elección de medio término, el Gobierno de Javier Milei mantiene e incrementa su política asistencial a los sectores más vulnerables de la sociedad. Lo hace a través de uno de sus ministerios más sensibles: Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

Desde que La Libertad Avanza llegó a la Casa Rosada con la “motosierra” en la mano se achicaron programas del ex Ministerio de Desarrollo Social, que estaban “loteados” en favor de organizaciones sociales ligadas al peronismo como el Movimiento Evita y Barrios de Pie, liderados por dos ex funcionarios de Alberto Fernández en esa ex cartera, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez respectivamente. La política que implementó Pettovello fue quitarle la tercerización de los planes y los alimentos secos a los dirigentes sociales agrupados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), y organizaciones de izquierda, como el Polo Obrero, conducido por Eduardo Belliboni, “desintermediación” en palabras de la funcionaria.

De manera paralela, comenzó a fortalecer las “transferencias directas”, esto es, aumento en las distintas asignaciones mensuales y reemplazar los alimentos que distribuían de manera arbitraria los dirigentes a los comedores y merenderos que ellos mismos administraban por dinero a través de la tarjeta del programa Alimentar Comunidad. De esta manera, se tiene control sobre qué se compra y a quien se destina. El monto se renueva de manera automática una vez que se rinde el subsidio anterior.

El cambio de metodología generó, en un principio, resistencia, causas penales, marchas y hasta escraches contra la integrante del Gabinete de Milei. Con el correr de los meses, lo que había iniciado con fuerza se fue apagando. Las marchas frente al Ministerio de Capital Humano ya casi no se realizan; tampoco frente a la excartera de Desarrollo Social, reformulado en Secretaría de Niñez, Familia y Adolescencia, ubicado en el histórico edificio de Avenida 9 de Julio y Moreno.

Según los funcionarios que trabajan con Pettovello, el rediseño de estas políticas se realizaron: “En un marco de desintermediación en los programas sociales orientados a la población más vulnerable, y entendiendo la necesidad de respaldar a los sectores más desprotegidos mientras se ejecuta el ordenamiento económico”.

Según las cifras oficiales (chequeadas por este medio), se incrementaron los valor de las prestaciones sociales entre diciembre de 2023 a enero de 2025 de la siguiente manera:

-La Asignación Universal por Hijo aumentó un 459%

-La Prestación Alimentar un 138%

-El Plan Primeros Mil Días un 1.288%

Desde la Casa Rosada explican que “este fortalecimiento de las transferencias directas se reflejó en un aumento significativo de su cobertura en relación con la Canasta Básica Alimentaria (CBA)”. De este modo, las asignaciones otorgadas a través de la AUH y la Prestación Alimentar en conjunto pasaron de cubrir un 55% de la Canasta Básica Alimentaria en noviembre de 2023 a un 100,7% en enero de 2025.

Además, se amplió la cobertura de la Prestación Alimentar, extendiendo su alcance a adolescentes de 15 a 17 años desde octubre de 2024. Este grupo, que anteriormente no percibía la Prestación Alimentar, no alcanzaba a cubrir ni el 50% de la Canasta Básica solo con la AUH, por lo que esta medida representó un avance clave en la asistencia social.

Uno de los enfrentamientos públicos más fuerte que tuvo Pettovello, después de cortar con la intermediación del reparto de alimentos a través de algunos dirigentes sociales que formaban parte del Gobierno de Alberto Fernández, fue con el líder de Argentina Humana y del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, quien también fue precandidato presidencial de Unión por la Patria.

Por entonces, la ministra denunció que menos del 10% de los alimentos que recibían los movimientos sociales, tanto peronistas como de izquierda, eran rendidos de manera correcta, y que el 47% de los comedores anotados en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos y que eran visitados por las autoridades “no existen”. Por entonces se había pasado revista a menos de 5.000 lugares.

Por su parte, Grabois denunció a Pettovello por no repartir más de 6 toneladas de alimentos que estaban en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo, en Tucumán. La justicia ordenó distribuirlos, pero al final del camino, la comida fue entregada a los lugares dispuestos por Capital Humano.

Según la información que el Ministerio de Capital Humano aportó a la Justicia Federal, desde el 10 de diciembre de 2023 se entregaron cerca de un millón de kilos de alimentos a instituciones no gubernamentales y casi 200 mil kilos a provincias y municipios. La mayor parte fue destinada a organizaciones religiosas, parroquias, iglesias y obispados. Por ejemplo, la organización Cáritas, que depende de la Iglesia Católica, recibió 232 mil kilos de alimentos, más de un 20% del total repartidos a organizaciones no gubernamentales.

Si se suma todo lo destinado a diversas parroquias de todo el país se llega a un número total de 161 mil kilos de alimentos. Los obispados de Lomas de Zamora, San Miguel y Lanús/Avellaneda (todos ubicados en la Provincia de Buenos Aires) recibieron 85 mil kilos de alimentos.

Por su parte, la Fundación CONIN, que preside Abel Albino, recibió 43 mil kilos de comida. Por fuera de estas instituciones, la organización más beneficiada fue la Cooperativa de Trabajo del Movimiento Independiente de Justicia y Dignidad (MIJD), que conduce el dirigente Raúl Castells. Esta cooperativa recibió 213 mil kilos de alimentos.

En las causas judiciales los abogados de Capital Humano señalaron (y le dieron la razón) que la prioridad del Gobierno es “garantizar la distribución de alimentos” y que el Ejecutivo “posee la atribución de elegir los medios que estima más adecuados para cumplir ese fin, constituyendo esa elección una cuestión de oportunidad, mérito y conveniencia, de exclusivo resorte del poder administrador”.

La mantención de la cobertura del 100% de la Canasta Básica Alimentaria, sumado al incrementos de las otras asignaciones destinadas a los sectores más postergados de la sociedad, sumado al hecho que las políticas de desintermediación y la aplicación del Protocolo Antipiquetes implementado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, desactivó los cortes de rutas y calles, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, entusiasma a encumbrados dirigentes de La Libertad Avanza de cara a las próximas elecciones.

A estos datos se le suma un hecho: según registros de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, el nivel de conflictividad laboral en el sector privado observado durante el segundo semestre de 2024 ha sido el más bajo de los últimos 19 años. Esta información surge del análisis de la evolución histórica de los conflictos con paro, incluyendo las jornadas individuales, y la cantidad de trabajadores huelguistas. Se registraron 14 conflictos con paro en promedio por mes durante el segundo semestre de 2024, el menor número desde 2006. En comparación con el pico de 47 conflictos en 2014, esto representa una disminución del 71%.