El Gobierno resolvió quitarle a la UTA la exclusividad de la capacitación de los choferes

El gobierno nacional dispuso quitarle al sindicato de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) la exclusividad de realizar las capacitaciones a los conductores profesionales de colectivos. Con esta medida, se busca poner fin a un monopolio del gremio que le reportó ingresos por 11 mil millones de pesos por año desde 2019. La Agencia Nacional de Seguridad Vial abrirá un registro en aproximadamente 10 días en el que podrán inscribirse los nuevos prestadores. Hay 55 mil choferes que por año deben renovar este tipo de licencias.

“Con la anterior normativa quienes quisieran sacar una licencia de conducir profesional, aquella que habilita al transporte de pasajeros, estaban obligados a tomar un curso en una entidad que estaba vinculada siempre a la UTA, la Asociación para la Educación y Formación de Trabajadores del Transporte de Pasajeros (AEFTP). Gracias a esto el sindicato recibía más de 11 mil millones de pesos anualmente. A partir de ahora cualquier prestador que quiera lo va a poder hacer”, anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa en la Casa Rosada.

El Ministerio de Transporte emitió un comunicado en el que explicó que la decisión fue “para poner fin a esta exclusividad y fomentar la competencia, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, impulsó la modificación de la disposición 48/2019 y así, se quitó el beneficio a la UTA de llevar adelante las capacitaciones a conductores profesionales”.

También consignaron que para tal fin, “continuando con las medidas para una mayor desregulación dentro del Estado y libre competencia, se creará un Registro de Prestadores de Evaluación y Formación Profesional de los Conductores de Transporte Automotor de Pasajeros”.

Según fuentes oficiales, efectuar estas capacitaciones le significó a la UTA ingresos anuales por más de 11 mil millones de pesos. “Con la medida de hoy, instrumentada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), se abrirá la posibilidad de que los demás prestadores del sistema puedan brindar los cursos, eliminando monopolios y generando mayor competitividad al sector”, aseguran desde Transporte.

Existen tres capacitaciones: una llamada APE (Aspirante primer empleo) que se realiza por única vez y que cuesta $ 460.000. Otra es la validación de competencias. Se hace cuando el conductor cuenta con experiencia en transporte de pesados, y requiere iniciar en servicio público en el AMBA, con un valor de $360.000. Y la tercera es la actualización anual que se realiza por año calendario. En este caso se abonan $59.112.

“Esta decisión política fue posible a través de la modificación del artículo 71 de la disposición 48/2019, el cual otorgaba a la Asociación para la Educación y Formación de Trabajadores del Transporte de Pasajeros (AEFTP), entidad vinculada a la UTA, la exclusividad para capacitar a conductores de transporte de pasajeros, y que imposibilitaba a cualquier otro prestador a poder ingresar y competir en el sistema”, ampliaron en Transporte.

El secretario de esa área, el cordobés Franco Mogetta, en su cuenta de X (ex Twitter) celebró la medida porque con ella habrá “un kiosco menos del sindicalismo en Argentina”.

“Por una disposición de la ANSV que habían dictado en febrero de 2019, quienes querían sacar una licencia de conductor profesional estaban obligados a tomar un curso en una entidad en la que era parte la UTA. Gracias a este beneficio, AEFPT o “La Escuelita de la UTA” cómo se la conoce, recibió anualmente más de 11.000 millones de pesos, eso se terminó a partir de hoy. Desde ahora, queda habilitado cualquier prestador que quiera dar estas capacitaciones y cumpla con los requisitos. Un kiosco menos del sindicalismo en Argentina. Estamos dando la batalla cultural e igualando la cancha para todos los argentinos como nunca se hizo. Repetiremos como un mantra: privilegios para nadie, competencia para todos. VLLC!!”, escribió el funcionario.

Con la creación del registro para nuevos prestadores el Gobierno busca “mayor control e información sobre la actividad”, además de un “uso más eficaz y eficiente de los recursos” y “la simplificación de trámites y exigencias”.

Adorni también informó en su conferencia de este martes que a través 2.400 empleados del Ministerio de Justicia fueron despedidos y eliminó incentivos por capacitaciones.

“El Ministerio de Justicia finalizó más de 2.400 contrataciones irregulares a través a través del Ente Cooperador Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina, más conocido como ACARA. Estos empleados habían sido contratados de manera espuria durante décadas por fuera de los mecanismos previstos por el sistema nacional de empleo público”, detalló el vocero.