Desde que la Libertad Avanza llegó al poder, el Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) intervino a cinco obras sociales sindicales por serias irregularidades, como falta de entrega de medicamentos a los afiliados y poca o nula trasparencia en la rendición en los subsidios millonarios que reciben del Estado. Una de ellas, por ejemplo, tenía 25 mil reclamos por parte de pacientes sin resolver.
Las obras sociales sindicales son una caja millonaria que manejan los gremialistas más poderosos de la CGT. Reciben millonarios subsidios a través del Estado Nacional.
A principios de marzo, Infobae analizó las transferencias a las entidades sindicales durante el gobierno de Alberto Fernández, los últimos 4 años por tratamientos de alto costo y prestaciones por discapacidad, pagados a través del Fondo Solidario de Redistribución que maneja la SSS.
En total fueron USD 5.472 millones lo que recibieron 291 obras sociales sindicales en los cuatro años de la gestión del Frente de Todos. La cifra surge, tal como se explicó en la investigación de este medio, de considerar el valor del dólar oficial promedio de cada uno de los cuatro años en los que percibieron un acumulado de $805.307 millones, basado en los datos que publica la Superintendencia de Servicios de Salud en su sitio web.
Fueron, además, años de paz sindical: en esos 48 meses la CGT no llamó a un solo paro general a pesar que la inflación acumulada en la administración Fernández fue del 300%.
A la intervención las cinco obras sociales la SSS dio de baja a “114 Prepagas inexistentes”. Para las autoridades se trataba de empresas de medicina prepagas “fantasmas” ya que, “luego de inscribirse como tal, jamás presentaron un papel en el organismo fiscalizador.” Esto es “ni padrones, ni planes de salud, ni estados contables, ni cartillas. Absolutamente nada”, describe la situación uno de los responsables del organismo, a cargo de Gabriel Oriolo, y que depende del Ministerio de Salud.
Desde la SSS advirtieron que: “El Gobierno está trabajando fuertemente para terminar con la intermediación y que los aportes de los afiliados vayan directamente a los servicios que quieren contratar y no se pierdan en el camino en cajas negras”.
Según la explicación de las autoridades de la SSS “esas cajas negras se nutren de entre un 3% y hasta un 10% de los aportes que realiza el empleado”. Ese sería el “peaje” que se queda en una obra social intermediaria para llegar a una prepaga.
Para la Casa Rosada ese es “un monto que no agrega ningún valor y que paga cada afiliado”. Según las proyecciones oficiales, esa cifra ascendería a “unos 10 mil millones de pesos”.
Desde que comenzó el año la SSS lleva adelante el reordenamiento del sistema de salud. En ese marco, viene auditando y fiscalizando numerosas obras sociales y empresas de medicina prepaga con especial atención en el orden financiero y administrativo.
En esa línea de trabajo, los especialistas de la SSS encontraron que sólo 10 prepagas, de 661 existentes, tienen la inscripción definitiva en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP).
Multas e intervenciones
En diálogo con este medio, desde la SSS también se informó que en los primeros nueve meses del años se aplicaron más multas a los agentes de salud, la mayoría obras sociales sindicales, que en los cuatro años anteriores. En total fueron 30 por un monto de 200 millones de pesos. En la gestión anterior las multas fueron de $6.927.392.
Al llegar a la SSS, las autoridades descubrieron 6.000 expedientes de multas a obras sociales y prepagas frenados en el organismo y que hoy están bajo revisión. Como contrapartida en el 2023 hubo más de 25 mil reclamos en el organismo por parte de los afiliados a agentes de salud, pero ninguna multa.
Según la documentación a la que accedió Infobae las multas aplicadas durante la gestión de Alberto Fernández fueron las siguientes:
- En 2020 no se cobró ninguna multa.
- En 2021 se liquidaron $3.956.199
- En 2022 se aplicaron multas por $2.971.193
- En 2023 tampoco aplicó una sola multa
Hasta el momento la Superintendencia de Servicios de Salud, su gerente general es el médico Claudio Stivelman intervino a cinco obras sociales, una cifra record en un lapso tan corto. Se trata de:
- La Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPERA).
- La Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo (OSPIF)
- La Obra Social del Personal Ladrillero (OSPL)
- La Obra Social del Personal de la Industria Ladrillera a Máquina (OSPILM)
- La Obra Social de Vareadores (OSV)
Entre los desmanejos se incluía la falta de transparencia en los subsidios millonarios que reciben del Estado, deudas con prestadores por miles de millones de pesos, estados financieros calamitosos, contratos con prepagas por la famosa intermediación que nunca entregaron ni dieron a conocer y una lista interminable de reclamos por parte de sus afiliados.
Los informes de la SSS destacan que el caso de la obra social de los peones rurales “es el más paradigmático”.
La auditoría realizada por la SSS destaca que OSPERA:
-Acumulaba más de 25 mil reclamos de sus afiliados sin respuesta.
-En 2023 solicitó 3300 millones de pesos de apoyo financiero a la SSS pero en ese mismo período duplicó su deuda en más de 43 mil millones de pesos.
-La conducción definió un directorio donde el presidente cobrara más de 14 millones de pesos por mes. Y el resto de los gerentes entre 11 y 13 millones.
En el caso de la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo, se estableció que: “Los aportes y contribuciones de los afiliados iban directamente a la cuenta del sindicato, en lugar de la obra social.
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