El Gobierno habilitó a los clubes a transformarse en sociedades anónimas y el ingreso de capital privado en el fútbol

El Gobierno dio un paso más en la apertura del fútbol al ingreso de capitales privados, al autorizar la transformación de los clubes en sociedades anónimas y permitir el ingreso de asociaciones civiles y fundaciones como accionistas. Como anticipó Infobae, la Inspección General de Justicia emitió hoy una resolución que estableció una serie de desregulaciones y flexibilizaciones de trámites, entre las cuales precisó los alcances de dos artículos del decreto 70 que habilitó las Sociedades Anónimas Deportivas.

“Que, atento a lo dispuesto en los artículos 346 y 347 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023 (...) debe aceptarse la participación de las asociaciones civiles y fundaciones como accionistas en sociedades anónimas y la transformación de las asociaciones civiles en sociedades anónimas; así como simplificarse la inscripción de entidades de bien común constituidas en el extranjero para el desarrollo de su actividad en la República Argentina”, estableció la normativa.

Ambos artículos del DNU 70, firmado en el inicio del gobierno de Javier Milei para iniciar la apertura de la economía, establecieron la autorización para que los clubes, de manera voluntaria, puedan recibir aportes de capitales privados y el ingreso de empresas al gerenciamiento de las entidades del fútbol.

Los artículos mencionados establecen que “las sociedades anónimas y en comandita por acciones solo pueden formar parte de sociedades por acciones y de responsabilidad limitada; las asociaciones y entidades sin fines de lucro sólo pueden formar parte de sociedades anónimas; podrán ser parte de cualquier contrato asociativo”, como así también que “cuando se tratare de sociedades comerciales, acuerdo unánime de los socios, salvo pacto en contrario a lo dispuesto para algunos tipos societarios. Cuando se tratare de asociación civil que se transformare en sociedad comercial o resolviera ser socia de sociedades anónimas, voto de los dos tercios de los asociados”.

Son dos ítems que modificaron la Ley General de Sociedades, con el objetivo de definir de manera específica que cualquier modificación del funcionamiento o composición de las entidades sociales o deportivas se tomará por el voto de los socios. Sin imposiciones.

Tras la publicación en el Boletín Oficial de la resolución de la IGJ, fuentes oficiales explicaron a Infobae que el Gobierno tiene en trámite un nuevo decreto del Gobierno, que todavía no se firmó, que dará una reglamentación específica para las SAD, que entre otras cosas determinará cambios en el régimen de mayorías, porque hasta ahora las decisiones sólo podían tomarse por unanimidad. Además, se establecerá que, a pesar de que el DNU 70/2023 da el plazo de un año a la AFA para reformar su estatuto, contados a partir de al reglamentación, durante ese período no podrá desafiliar ni negar la afiliación a quienes se hubieran transformado en sociedades anónimas.

Según pudo saber Infobae, una vez que se publique ese decreto -que será en los próximos días- la IGJ quedará habilitada para definir qué documentos deben presentar las asociaciones que hubieran decidido su transformación para que se apruebe y se inscriba.

La semana pasada, el propio Milei puso el tema en agenda: “Pregunta técnica: si AFA se opone a las Sociedades Anónimas Deportivas, ¿por qué motivo permite que el plantel titular provenga de estas sociedades? ¿Acaso será que los resultados son importantes y las SADs tienen a los mejores? No más socialismo pobrista en el fútbol. VLLC”, publicó el jefe de Estado, con un gráfico que repasaba los nombres de cada jugador del Seleccionado y el escudo de su club.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con Claudio Tapia a la cabeza, mantiene una posición crítica al avance de las Sociedades Anónimas Deportivas. No sólo rechazó de manera pública el gerenciamiento empresario de los clubes, sino que emitió declaraciones formales votadas por asamblea y respaldó recursos judiciales para bloquear su puesta en vigencia. Más allá de esa posición adversa, un sector minoritario apoya un esquema de privatización parcial: lo promueve el presidente de Estudiantes, Sebastián “Bruja” Verón. Otro actor decisivo y que tiene su propio modelo de apertura al sector privado es Mauricio Macri.

El gobierno de Milei sostiene este modelo de apertura por dos razones, una general o macroeconómica y otra más sectorial, vinculada al mundo del fútbol concreto. En el primer caso, el Presidente explicó que con la apertura del fútbol al capital privado podría generarse una rápida inversión del orden de los USD 3.000 a USD 4.000 millones, en momentos de dólares escasos. La segunda razón apunta a que el escenario actual es clubes pobres como dirigentes ricos, ventas prematuras de jugadores que son llevados no sólo a grandes clubes de Europa, sino también a Estados Unidos o, incluso, Brasil.

Un factor clave que tiene una influencia decisiva en esta apertura es la llegada de Federico Sturzenegger al gobierno. El flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado está involucrado desde el inicio mismo de esta medida y mostró su injerencia en la reunión que tuvo el presidente de LaLiga de España, Javier Tebas, con autoridades nacionales: aunque todavía no era funcionario, estuvo presente en la charla donde se habló cómo funciona el esquema de SAD en ese país, uno de los dos más poderosos del mundo, junto con Inglaterra.

Como anticipó ayer Infobae, la Inspección General de Justicia puso en marcha una serie de desregulaciones, simplificaciones de trámites y apertura al capital privado, en línea con la Ley Bases, con el objetivo de eliminar las trabas burocráticas, promover las actividades civiles e incentivar las inversiones internas e internacionales. Es una batería de anuncios en los que también jugó un rol clave Sturzenegger.

En el mundo del fútbol argentino, que viene de la euforia de ganar la Copa América por segunda vez consecutiva, hay fuerte resistencia a que se modifique el status quo y ya anticiparon que redoblarán la ofensiva judicial para impedir que se aplique este modelo. El Gobierno, por su parte, sostiene que el DNU 70 que puso en marcha esta reforma está vigente, porque no se firmó ningún fallo que tenga efectos suspensivos sobre el decreto que Milei firmó apenas llegó a la Presidencia.