Evaluaron el impacto que tendría la reducción de personal en el Correo Argentino en las elecciones 2025

La Cámara Nacional Electoral (CNE) alertó por el impacto que tendría la reducción de personal en el Correo Argentino en la organización y distribución de elementos durante la organización de las elecciones legislativas 2025. La situación actual despertó la preocupación de los jueces federales, debido a la reestructuración que deberá realizarse en la logística del proceso electoral.

Las autoridades de la CNE convocaron a la jueza federal con competencia electoral en la Capital Federal, María R. Servini, a participar de una audiencia centrada en analizar las consecuencias del retiro voluntario que propuso la empresa de mensajería a sus trabajadores. Previo a esto, el organismo solicitó a la Dirección de Servicios Electorales de Correo Argentino que presentara un informe sobre el estado de la organización logística.

A lo largo de la discusión, desde el organismo estatal remarcaron que los jueces federales con competencias electorales se encuentran preocupados por cómo se distribuirán las notificaciones de designación de autoridades de mesa; despliegue y repliegue de urnas, boletas y el resto de los materiales necesarios para celebrar los comicios.

De acuerdo a la información recopilada por Noticias Argentinas, la Justicia Electoral no cuestionó la decisión de reducir la planta laboral ni el presupuesto que destinaría la empresa, debido a que la cuestión recaería en la falta de “los agentes más experimentados en la actividad electoral, que adhirieron al retiro voluntario propuesto”.

Por el momento, el tema no llegó a una resolución. Por este motivo, el Tribunal convocó a una Comisión de Gestión, en la que participarán los jueces y secretarios de todo el país. A lo largo de la jornada, los funcionarios públicos expondrán sus posturas y cómo se encuentra la situación en la jurisdicción en la que cumplen funciones.

Luego de que se pusiera en cuestionamiento su capacidad de gestionar el proceso electoral a nivel nacional, el Correo Argentino aseguró que “existen garantías absolutas de que se cumplirá con las tareas que le corresponden a los futuros actos electorales”. Incluso, señalaron que ya se confeccionó el cronograma que se llevaría a cabo.

Por medio de un comunicado oficial, la empresa blanqueó que cuenta con un total de 13.600 empleados y remarcaron que la logística también dependerá de otras empresas transportistas, trabajos telepostales, el comando electoral y parte del personal de la Justicia Electoral. En total, estimaron que el operativo requerirá de unas 76 mil personas aproximadamente.

En este sentido, las autoridades confiaron que el proceso de modernización y reducción de gastos que se aplicó en la compañía de mensajería no generaría un impacto negativo en las elecciones. Sin embargo, adelantaron que se contratarán empleados eventuales para alcanzar los objetivos al remarcar que se tratan de jornadas laborales intensas, pero que solo ocurren cada dos años.

Hasta el momento, unos 2.800 empleados fueron desvinculados de Correo Argentino al ser incluida en la lista de las nueve empresas públicas que podrían ser privatizadas si se aprueba la “Ley Bases”. Anteriormente, el número de contratados era de 16.856, pero el mes se inició un plan de retiro voluntario como parte de la reestructuración impulsado por el Gobierno nacional.

A través del mecanismo de retiro voluntario y jubilaciones anticipadas, el Gobierno espera reducir la plantilla en un total de 4.000 empleados. Las indemnizaciones se otorgan según el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (1 sueldo por año de servicio); mientras que la jubilación anticipada es para agentes de 64 años y 6 meses, con una gratificación de 8 sueldos brutos. La oferta alcanza a los hombres de 59/60 a 65 años y a las de mujeres de 55 a 65 años.

No obstante, la reducción de personal comenzó hace varios meses y se profundizó en las últimas semanas. De hecho, fuentes dentro de la empresa confiaron a Infobae que el pasado 26 de abril unos 750 empleados recibieron un aviso de cese de actividades. Asimismo, se estima que unas tres mil personas fueron desvinculadas hasta finales de abril.