Más de cien días después de haber asumido en el cargo, el presidente Javier Milei continúa con el recorte de personal en el Estado y en los próximos días podrían anunciarse miles de despidos de empleados públicos a los que no se les renovará el contrato.
De acuerdo con lo que precisaron fuentes oficiales a Infobae, desde el primero de enero pasado cada Ministerio y organismo del Poder Ejecutivo Nacional se encuentra haciendo un recuento del total de trabajadores con los que cuenta.
Esta tarea tenía un plazo de 90 días corridos para realizarse, por lo que para antes de la semana próxima cada área ya debería elevar sus respectivos informes a la Jefatura de Gabinete, a cargo de Nicolás Posse, aunque será cada una de ellas las que terminarán de decidir cuántos de todos esos contratos que vencen el 31 de marzo se mantendrán.
En un marco de fuerte ajuste, el Gobierno echó este martes a cerca de 900 personas que cumplían diferentes funciones en el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que estuvo encabezado durante la gestión anterior por un dirigente del Movimiento Evita cercano a Emilio Pérsico, y en el Consejo Nacional de Agricultura Familiar.
Ambas entidades fueron cerradas y la primera de ellas volverá a convertirse en una Dirección Nacional, con el objetivo de “generar un necesario ahorro en las arcas públicas y recuperar las funciones del organismo”, según informó la Oficina del Presidente a través de un comunicado.
Restará saber qué ocurrirá con algunos sectores similares, como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, dependiente del Ministerio del Interior, que lidera Guillermo Francos, quien ya ordenó un relevamiento de toda su planta. “Habrá que ver qué utilidad tiene, si no tiene ninguna, seguramente se revisará”, explicó un funcionario cercano a Milei.
De hecho, en esta cartera se suprimieron o unificaron varias Secretarías y Subsecretarías y, según señalaron funcionarios de la Casa Rosada, hasta el momento se logró reducir en un 50% el número de empleados.
Todas estas decisiones generó la preocupación de algunos gremios estatales, como es el caso de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), cuyas autoridades incluso solicitaron formalmente una reunión con la subsecretaria de Coordinación Administrativa de la Secretaría General de la Presidencia, Gladys Humenuk.
El sindicato busca que la funcionaria, que responde directamente a Karina Milei, los reciba “para tratar asuntos varios sobre la situación del personal” que trabaja en ese sector de la Casa Rosada, pero por el momento no había recibido una respuesta.
“Estamos siguiendo con mucha atención, prudencia y preocupación, todo lo sucedido desde diciembre a la fecha, como así el monitoreo del impacto de las decisiones que afectan económica y anímicamente al personal dependiente de la Secretaria. Acerca de los alcances y la dimensión de las mismas, debemos señalar que compromete situaciones humanitarias de carácter alimentario de cientos de trabajadores de la Casa Rosada”, señaló UPCN en el pedido.
Asimismo, el gremio consideró que “sería de suma utilidad y civilidad poder conversar, en el marco del diálogo institucional”, acerca de “las razones de índole técnicas y de servicio que propiciarían una solución satisfactoria y ordenatoria del problema, dentro de los parámetros vigentes”.
“Entendemos las limitaciones de los mandos intermedios (Directores y funcionarios de menor rango) para contener la demanda y dar respuesta, y les agradecemos por la buena predisposición evidenciada hasta el momento. Sabemos lo duro y difícil que es intentar conducir equipos de trabajo amedrentados y desmotivados, que encima tienen la presión de asistir al Presidente de la Nación Argentina. La ausencia de diálogo solo incita y promueve la violencia, camino por el cual nuestra organización nunca ha de transitar, porque aprendimos de la historia, que solo ha dejado derrotas fratricidas para nuestra Nación”, finaliza la carta firmada por la secretaria general del sindicato, Fabiola Mosquera.
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