En medio del feroz ajuste que realiza el Gobierno libertario un grupo de senadores kirchneristas, encabezados por la rionegrina Silvia García Larraburu, volvió a presentar una iniciativa para actualizar las pensiones graciables de ex presos políticos y retocar la ley de 2013, de la era del Frente para la Victoria. Lo curioso es que el proyecto en cuestión fue empujado en 2020 y 2022 y nunca fue tratado en la Cámara alta, es decir, con Cristina Kirchner como titular del Cuerpo.
La observación de los senadores del Frente de Todos quedó consumada en los argumentos de la iniciativa, donde detallaron que el texto fue presentado “por primera vez en 2020 (expediente: N° 1662/20)”, mientras que “su segunda presentación fue en 2022 (expediente: N°181/22)”. No obstante, aclararon que “la histórica ley sancionada en 2013 por el Congreso de la Nación durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner cumplió con una deuda social y del Estado”.
En concreto, la iniciativa plantea que “el beneficio será igual a la remuneración mensual asignada a la Categoría A Nivel 0 (cero), Planta Permanente Sin Tramo -Agrupamiento General- del Escalafón para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público –SINEP- en los términos que establezca la autoridad de aplicación”.
Además, “en caso de fallecimiento del beneficiario o beneficiaria serán acreedores al beneficio los derechohabientes en el siguiente orden: cónyuge supérstite o conviviente que pruebe la convivencia de acuerdo a la normativa previsional vigente; hijos o hijas menores de edad al momento del fallecimiento y hasta su mayoría de edad”; e “hijos o hijas incapacitados o incapacitadas para el trabajo, mientras dure la incapacidad”.
En la actualidad, la ley 26.913 de ex presos políticos deja claro que el monto involucrado “será igual a la remuneración mensual asignada a la Categoría D Nivel 0 (cero), Planta Permanente Sin Tramo -Agrupamiento General- del Escalafón para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público -SINEP- en los términos que establezca la autoridad de aplicación”.
La ley de 2013 apunta a personas que “fueron privadas de su libertad en condición de civiles y/o militares condenados por un Consejo de Guerra, puestas a disposición del Poder Ejecutivo nacional, y/o privadas de su libertad como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o de cualquier otro grupo, por causas políticas, gremiales o estudiantiles”.
En la normativa vigente también se incluyen, entre otros, a quienes fueron privados de su “libertad en condición de civiles y/o militares por actos emanados de unidades o tribunales militares especiales o consejos de guerra, haya habido o no sentencia condenatoria en este fuero, bajo la vigencia de la Doctrina de Seguridad Nacional”.
Para los senadores kirchneristas, “el monto en su momento establecido por este Honorable Cuerpo, de Categoría ‘D’ del Escalafón para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público, hoy con las cifras de inflación y, considerando que los que perciben esta reparación tienen todos más de 60 años, es imperioso subirlos de categoría”.
Por otra parte, los legisladores del ahora interbloque del Frente de Todos -en Diputados continúan como Unión por la Patria- agregaron en los fundamentos que además se “busca la incorporación al PAMI de los beneficiados ya que, en muchos casos, sufren de enfermedades crónicas propias de la edad y de daños psicológicos imborrables, producidos como consecuencia de lo vivido durante el Terrorismo de Estado”.
El proyecto fue firmado por García Larraburu y legisladores cristinistas como Oscar Parrilli (Neuquén), María Pilatti Vergara (Chaco), María Duré (Tierra del Fuego), Antonio Rodas (Chaco), la actual senadora y ex gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, Santa Mendoza (Tucumán) y la flamante vicepresidenta del Senado, Silvia Sapag (Neuquén).
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