Organizaciones sociales oficializaron la unidad contra el Gobierno y anunciaron para mañana 500 protestas por alimentos

Con una medida de significado político, las organizaciones sociales, cooperativas de trabajo y agrupaciones piqueteras dejaron de lado sus diferencias del pasado reciente y anunciaron para este viernes una jornada nacional con unas 500 protestas en rutas, accesos y avenidas más importantes del país, en reclamo de alimentos para los más de 44 mil comedores populares que quedaron desabastecidos en los últimos meses.

Es la primera acción callejera masiva en unidad del conjunto de los movimientos sociales desde el comienzo del gobierno de Javier Milei. La convocatoria es impulsada por las principales organizaciones sociales afines al peronismo como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), y las que se ubican en el espectro de izquierda, encabezado por el Polo Obrero, Unidad Piquetera, Libres del Sur y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).

La medida se comunicó este jueves a la mañana en una conferencia de prensa frente al Obelisco. La actividad central será este viernes a las 10 frente a la sede del ministerio de Capital Humano, en Avenida 9 de Julio y Juncal. Los manifestantes insistirán con su reclamo a la ministra Sandra Petovello para que provea alimentos en los comedores comunitarios. “Liberá los alimentos, los pibes quieren comer”, se cantó durante el acto.

Según las organizaciones, más de 44.000 comedores populares “no reciben un kilo de alimentos” desde que asumió Javier Milei a la presidencia. A ello se le suma el congelamiento de los ingresos y la baja de miles de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, en el cual participan las cooperativas de los movimientos sociales. La falta de diálogo y de respuestas por parte de Pettovello llevó al vínculo con las organizaciones a este punto de tensión.

En un comunicado, las organizaciones criticaron “el índice de pobreza de casi el 60%, una inflación del 20,6% mensual y una licuación del poder adquisitivo frente a brutales aumentos de alimentos, transporte, medicamentos y alquileres”. En este contexto, repudiaron, “el Gobierno decide eliminar la última barrera de contención que tienen las familias más empobrecidas: la asistencia alimentaria”.

“Luego de meses de intentar dialogar con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en búsqueda de algún tipo de respuesta que nunca llegó, las organizaciones sociales en su conjunto dan inicio a un plan de lucha a lo largo y ancho del país”, plantearon.

La consigna del plan de lucha de este viernes será “La Emergencia Alimentaria no puede esperar más. ¡Basta de ajuste!”. Quienes están detrás de la organización de la medida afirman que necesariamente no habrá cortes de calle o piquetes, sino diferentes acciones de protesta entre las que habrá la puesta de ollas populares.

Además de las organizaciones mencionadas, de la jornada de este viernes participarán el Frente Nacional Territorial (FeNat CTA-A), Coordinadora por el Cambio Social, Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Frente Milagro Sala y Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes).

El acuerdo para impulsar un plan de lucha conjunto se definió esta semana, con la presencia de la mayoría de las organizaciones que forman parte de la UTEP, y que están alineadas con Unión por la Patria. Durante la gestión de Alberto Fernández, estas agrupaciones evitaron movilizar su estructura durante los cuatro años del Frente de Todos. No fue el caso de Unidad Piquetera, que constantemente convocó a cortes de calle en la 9 de Julio y los accesos contra los ex ministros de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz.

Ahora, el pleno de los movimientos sociales y cooperativas de trabajo están en alerta desde que el Gobierno ratificó su plan para eliminar la intermediación de las organizaciones en el manejo de los programas sociales. La gestión libertaria es crítica de la distribución de los fondos y recursos de los últimos años, y en la que intervinieron los dirigentes sociales que ejercieron cargos de funcionarios en el ex ministerio de Desarrollo Social.

En paralelo, el ministerio de Capital Humano suscribió acuerdos para entregar alimentos a los comedores de Cáritas Argentina, y la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (ACIERA). También firmó un convenio por 20 mil millones de pesos para la compra de 5 millones de unidades de alimentos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI); en el marco de la ampliación del Programa de Abordaje Comunitario.

Sin embargo, a pesar de estos acuerdos, tanto la Iglesia Católica como las organizaciones sociales se quejaron por la falta de asistencia alimentaria. El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, aseguró en declaraciones públicas que el Gobierno decidió “cerrar los comedores populares por decisión política porque hay un ahorro ahí de 150 mil millones de pesos” en el ajuste macroeconómico que implementa el ministro de Economía, Luis Caputo. “Por eso hay equilibrio fiscal”, definió.