Protocolo antipiquetes: Bullrich convocó a una reunión al ministro de Seguridad de Kicillof

La provincia de Buenos Aires no aplicará este miércoles el protocolo antipiquete que diseñó el gobierno nacional y que pondrá en marcha en la jornada de protesta que llevarán adelante organizaciones piqueteras de izquierda para garantizar la libre circulación. Fuentes del ministerio de Seguridad bonaerense confirmaron a Infobae que no se ha hablado formalmente del protocolo en cuestión y que no hay mayores detalles del alcance de la medida. Todo eso se hablará en los próximos días en una reunión de gestión entre la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich y su par bonaerense, Javier Alonso.

Otro argumento para tomar distancia de la aplicación a la disposición anunciada por la Nación es que los lugares en donde se aglutinarán las organizaciones sociales que marcharán hasta Plaza de Mayo -estaciones de trenes o desplazamiento por el Puente Pueyrredón- son jurisdicciones de custodia federal y la policía bonaerense no tiene competencia para intervenir en acciones disuasivas.

“El protocolo es una cosa de Nación y formalmente no se ha hablado nada”, admiten desde el entorno de Alonso, que llegó para reemplazar a Sergio Berni, aunque viene trabajando desde hace años con el hoy senador provincial. Agregan que “cuando la Provincia de la policía actúa lo hace con una orden judicial”, reforzando el concepto que suele repetir Berni y ratificar Alonso de “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”.

Asimismo, en la gestión bonaerense se preparan para una serie de encuentros con Bullrich para definir lineamientos de gestión, tanto sobre el protocolo como otros temas de agenda. El primero de los dos encuentros será este jueves en la sede el ministerio nacional. El segundo el jueves de la semana próxima en La Plata.

Allí se pondrán en consideración detalles del protocolo antipiquete, pero también otras cuestiones que la Provincia busca modificar como la descentralización y desfederalización en causas de narcotráfico; una decisión que -entienden en el ministerio de Seguridad bonaerense- no cumple con su objetivo ante la saturación de causas que recaen en la órbita provincial.

“Sabemos que en materia de seguridad la principal preocupación de los bonaerenses tiene que ver con el narcotráfico. Necesitamos que la Justicia federal y las fuerzas federales cumplan con su deber y cumplan con el combate al narcotráfico de manera coordinada con las fuerzas provinciales”; planteó el ministro Alonso durante la celebración del Día de la Policía, la semana pasada.

En lo que respecta al protocolo y su aplicación en la jornada de hoy, no hay decisión política de plegarse de parte de la administración de Kicillof, pese a la advertencia de Bullrich que dijo que “habrá consecuencias” con las fuerzas “que no quieran actuar”.

“No vamos a aplicar ese protocolo porque no estamos de acuerdo con las disposiciones, que entre otras cosas, creo que criminaliza en cierto sentido la protesta”, había dicho este martes el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.

La Unidad Piquetera, junto a organizaciones multisectoriales, se movilizarán por primera vez contra las políticas económicas y sociales anunciadas por el gobierno Javier Milei, a diez días de haber asumido. La movilización partirá a las 16 horas desde el Congreso de la Nación a Plaza de Mayo. Se dividirán en tres columnas, la principal marchará por Avenida de Mayo; las otras dos por Diagonal Norte y Sur.

La puntos de la concentración serán las estaciones de Constitución, Once, Pompeya y Retiro. Desde allí el frente de Unidad Piquetera se movilizará a Plaza de Mayo.

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, había presentado en los tribunales federales un habeas corpus y amparo para todos los manifestantes con el objetivo de “prevenir la amenaza ilegal que afecta la libertad ambulatoria e integridad física de todos los manifestantes”. Ese recurso fue rechazado anoche por la Justicia de la ciudad de Buenos Aires. La decisión fue celebrada por la ministra Bullrich. “El protocolo para el mantenimiento del orden público es completamente legal. Solo quienes ignoran la ley y viven fuera de ella podían pensar lo contrario”, planteó la funcionaria en sus redes sociales.