
Hoy volverá a reunirse la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para fijar un cronograma para la citación de testigos y la recolección de pruebas en el marco de las más de 60 acusaciones contra los cuatro miembros de la Corte Suprema.
Miembros de la bancada oficialista aclararon que la investigación no se organizará por expediente ni por individuo sino “por causal de mal desempeño o causal de delito”. Por lo tanto, cada una de ellas podría incluir a más de un juez del máximo tribunal. Según pudo saber Infobae, para la primera jornada de declaraciones, que será el 23 de febrero, el oficialismo citará como testigos a ocho funcionarios jerárquicos del máximo tribunal. Sus nombres fueron guardados en el más estricto hermetismo.
Desde la oposición especulaban con que el kirchnerismo buscará focalizar el proceso en las denuncias contra Horacio Rosatti, el juez más cuestionado por la Casa Rosada. En ese marco, las filtraciones de chats entre su vocero, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad porteño (en uso de licencia), Marcelo D´Alessandro, serán unas de las pruebas centrales. A su vez, el oficialismo tiene pensado solicitar los datos del entrecruzamiento de llamadas entre ambos.
Esas conversaciones, que datan de noviembre pasado, contenían recomendaciones del vocero de Rosatti a D´Alessandro relacionadas con el conflicto por la integración del Consejo de la Magistratura.
Los diputados del PRO, la UCR y la Coalición Cívica, que ayer mantuvieron dos reuniones virtuales para ultimar los detalles de su estrategia, ya trabajan en la argumentación legal para impugnar esos chats, principalmente sobre la base de que fueron obtenidos ilegalmente y podrían haber sido editados o adulterados.

Desde la oposición buscarán canalizar ese punto a través de la Justicia porque consideran que ningún juez federal va a ordenar un registro de llamadas, especialmente porque admitir pruebas obtenidas ilegalmente podría luego ser causal de juicio político. “Se lo van a pasar unos a otros, pero nadie en Comodoro Py lo va a firmar”, especuló un hombre del PRO.
A su vez, rechazarán la citación de ambos porque ya figuran como imputados en una causa penal impulsada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria. “No pueden declarar contra sí mismos, debemos regirnos por el debito proceso”, detallaron desde el radicalismo.
En Juntos por el Cambio calculan que el kirchnerismo buscará “estirar” la etapa de citación de testigos contra Rosatti porque “saben que cuando llegue al recinto el pedido de juicio político está muerto” (por la imposibilidad de llegar a los dos tercios de los presentes).
Por eso, analizan la forma de neutralizar las jugadas del Frente de Todos. Algunos consideran que “como en el judo” pueden “utilizar su fuerza en su contra”. En ese sentido, creen que ampliar la cantidad de testigos citados podría beneficiarlos. “Esto es un proceso político, si vienen los gobernadores va a terminar siendo muy incómodo para ellos, van a quedar expuestos a todo tipo de preguntas. ¿Hace cuántos años que Insfrán no contesta una pregunta? Nosotros tenemos cifras, datos, estadísticas sobre el tema de la coparticipación. Si traen a uno vamos a saltar como lobos”, detallaba ante Infobae un diputado que opinó que los directores del Banco Nación también podrían ser citados a pedido de la oposición para que expliquen “por qué no pagaron a CABA por coparticipación lo que la Corte ordenó”.
En cambio, otros legisladores de la oposición creen que convocar más testigos y calentar el clima en la comisión terminaría siendo funcional al kirchnerismo “que quiere circo”. No obstante, todos coinciden en que el kirchnerismo solo busca “limar” al Poder Judicial y preparar el terreno para impugnar nuevas condenas por corrupción contra Cristina Kirchner.
El jueves pasado el Frente de Todos consiguió aprobar la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. En esa jornada, el oficialismo sumó 16 votos para avanzar en la acusación a los jueces por mal desempeño de sus funciones, entre otras cuestiones, mientras Juntos por el Cambio (JxC) y el interbloque Federal reunieron 15 diputados que plantearon la inadmisibilidad en dos expedientes diferenciados.
Si bien el oficialismo ya reconoció que la Comisión no tiene la potestad de obligar a los cuatro jueces de la Corte a declarar, sí espera que en calidad de acusados presenten aunque sea por escrito sus defensas al final del proceso.
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