Revolución Federal: Alberto Fernández faltó a la mediación con Bruglia y quedó a un paso de ir a juicio por daños y perjuicios

El presidente Alberto Fernández faltó a la cita. Mientras se reunía con un grupo de gobernadores peronistas para resolver que no iba a acatar el fallo de la Corte Suprema que ordenó devolver fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos y plantear la recusación de los ministros del máximo tribunal, el juez de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia quedaba habilitado para avanzar en la demanda por daños y perjuicios contra el jefe de Estado, revelaron a Infobae fuentes judiciales. Es que ayer, jueves, fue la audiencia de mediación prejudicial obligatoria, un medio de solución de controversias previo al inicio de una demanda, entre Bruglia y Alberto Fernández. Y el Jefe de Estado hizo gala de su ausencia.

La cita era por zoom ante la mediadora Miriam Gini, que esperaba en un departamento de la calle Paraná al 300. El Presidente no se presentó a la audiencia ni tampoco avisó que no iría. Podría incluso haber intentado recusar a la mediadora, pero tampoco. Simplemente no fue.

Bruglia, en cambio, sí participó de la audiencia junto a sus abogados Estela Eva Pastorini y Juan Manuel Blanco. Estaba obligado a estar allí para poder seguir avanzando en el trámite judicial. Desde su despacho, se conectó al zoom a la hora señalada y decidió ver qué pasaba. Ante la ausencia del jefe de Estado, Bruglia le pidió a la mediadora dar por cerrada la instancia y anunció su intención de avanzar con la demanda formal en tribunales.

¿El objeto? “Daños y perjuicios”. Según pudo saber Infobae, el escrito hablará de “daño moral” y “daño en la imagen pública, institucional y personal” y también exige la “retractación pública por agravios, injurias y difamación” más la “reparación integral”, es decir, una indemnización.

El eje de esa demanda es la publicación que Alberto Fernández hizo el 2 de noviembre pasado, a las 16:42, desde su cuenta de Twitter, después del fallo de la Sala I de la Cámara Federal porteña en donde se resolvió dejar en libertad a los cuatro integrantes de la agrupación “Revolución Federal”, en la mira de la vicepresidenta Cristina Kirchner desde el intento de homicidio en su contra ocurrido el 1 de septiembre en su contra.

Para criticar el fallo de Revolución Federal, el jefe de Estado aseguró que “ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución”. Pero Bruglia advirtió la “gravedad institucional” de esas manifestaciones, sostuvo que no es ilegítimo, habló de una injerencia sobre el Poder Judicial y sostuvo que los dichos de Fernández son “ofensivos”, “falaces” e “inaceptables”.

“No soy ilegítimo”, sostuvo el juez al día siguiente, al anunciar en diálogo con Infobae su decisión de demandar civilmente al jefe de Estado. “Constituye un hecho que trasciende una simple ofensa a la investidura individual para traslucir una clara injerencia sobre otro poder del Estado”, advirtió además en una carta ante la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Habló de la “gravedad institucional de los dichos del Presidente de la Nación y de las expresiones del Ministro de Justicia, claramente ofensivos hacia mi investidura y sobre todo falaces -generando una deslegitimación en mis funciones que resultan inaceptables”.

Bruglia y su colega Pablo Bertuzzi quedaron en el ojo de la tormenta cuando en julio del 2020 el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, pidió la revisión de una decena de trasladados que consideraba irregulares. Allí figuraban los nombres de los dos jueces que habían integrado el Tribunal Oral Federal 4 y que, en la gestión macrista, habían sido trasladados por el entonces Consejo de la Magistratura a la Sala 1 de la Cámara Federal, un tribunal clave a la hora de decidir el futuro de las causas que se investigan en Comodoro Py. Desde allí, Bruglia y Bertuzzi intervinieron, por ejemplo, en el caso “Cuadernos”, en la cual Cristina Kirchner fue señalada como la jefa de una asociación ilícita que recaudaba dinero entre empresarios entre 2003 y 2015.

La situación generó movilizaciones a tribunales en apoyo de Bruglia y Bertuzzi. A ese escenario se sumó el juez Germán Castelli, que integra el Tribunal Oral Federal 7 donde quedó radicada la causa de los cuadernos y que también interpretó que era una embestida para correrlo de esa causa.

Un fallo de la Corte Suprema, vía per saltum, se pronunció sobre el tema en noviembre del 2020: decidió terminar con el sistema de traslados. Dijo que Bruglia y Bertuzzi, pero también el resto de los jueces trasladados, debían ganar un concurso y conseguir el acuerdo del Senado si querían ser titulares de un tribunal. Por eso, indicó que debía abrirse un concurso para los cargos de la Sala I de la Cámara Federal e impidió de esta manera que se pudieran sumar sus vacantes a un concurso ya abierto, algo que frustró los planes iniciales en el oficialismo. El concurso de la Cámara Federal es el único en el que se avanzó desde el Consejo de la Magistratura, pero hasta ahora no logró aprobarse una terna de postulantes en medio de las tensiones entre oficialismo y oposición. En tanto, el resto de los concursos por los jueces trasladados sigue sin realizarse.

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