A pedido de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Seguridad decidió reforzar en las últimas horas la seguridad de los tres jueces del tribunal oral federal que juzga a la vicepresidenta Cristina Kirchner en el juicio de la obra pública. Se trata de Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.
Todo surge después de lo que generó el pedido de condena a 12 años de prisión para la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros acusados y del descargo público de la ex jefa de Estado, a través de Youtube y desde el despacho en el Senado, luego de su fallido intento de ampliar la declaración indagatoria ante el tribunal. En esa exposición la vicepresidenta se refirió puntualmente a Giménez Uriburu, aunque también hizo varios reclamos al tribunal en general y a los dos fiscales, Diego Luciani y Sergio Mola, porque no habrían investigado los mensajes de José López que ella decidió exponer.
“El trato de familiaridad con Nicky Caputo y con Eduardo Gutiérrez no la veo con ningún otro. Yo no considero que la amistad sea un pecado, pero quien ha considerado que esto es delito son los fiscales Luciani y Mola. ¿No les llamó la atención esta familiaridad a los fiscales y a los jueces?”, se preguntó Cristina Kirchner.
Los fiscales ya habían pedido el lunes que se investigue en una nueva causa penal el contenido del celular de José López. “Vamos a solicitar la extracción de testimonios acerca de las posibles ilicitudes de las mismas características que las que han sido señaladas en este alegato en relación con el hospital materno infantil de Río Gallegos, lo que surgiría de las conversaciones que han sido expuestas por José López y Abel Fatala, como así también de todos los posibles ilícitos que surgen de los mensajes del teléfono de José López, en el que habrían participado diferentes funcionarios y particulares”, dijo Luciani.
El refuerzo de la custodia para los jueces habría tenido que ver con una serie de mensajes en la red social Twitter que instaban a averiguar los domicilios de los funcionarios judiciales para ir a escracharlos. “Hay que difundir los domicilios de estos jueces y fiscales de este pelorron [sic] de fusilamiento, si no se ataca con el mismo calibre no se puede”, fue uno de los mensajes.
Con ese dato, la Corte Suprema elevó un pedido a la Policía Federal. También hubo un reclamo de la Cámara de Casación, que es la que tiene a su cargo las cuestiones atinentes a la organización de los tribunales orales. Dos de los jueces tienen custodia de la PFA y el tercero es custodiado por la Prefectura.
Antes, la defensa de Cristina Kirchner también había recusado a esos dos jueces por integrar un mismo equipo de fútbol que jugó un torneo en “Los Abrojos”, la quinta del ex presidente Mauricio Macri. A esa recusación se sumaron las defensas de Lázaro Báez, del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, y del ex titular de la Dirección de Vialidad Nacional Nelson Periotti.
En el caso de los fiscales Luciani y Mola, el refuerzo de la seguridad ya se produjo al comienzo de los alegatos, pudo saber Infobae de fuentes de la Procuración, donde se tramitan esos pedidos. Y luego hubo un nuevo refuerzo en el domicilio de Luciani ante las publicaciones de Página 12 que motivaron las recusaciones. “No hay ningún pedido nuevo en las últimas horas”, destacó una fuente de la Procuración.
El pedido de refuerzo de la seguridad fue girado al Ministerio de Seguridad. Ayer por la tarde tanto la Policía Federal como la Prefectura fueron instruidas para coordinar el refuerzo de la custodia de cada uno de los magistrados.
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