Juicio por la obra pública: después del rechazo de las recusaciones, la Fiscalía continuará con su alegato

Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola continuarán hoy con sus alegatos en el juicio oral a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, por las obras pública al empresario Lázaro Báez. Será después que el Tribunal Oral Federal 2 rechazó las recusaciones de la defensa de Cristina Kirchner y de otros acusados a los fiscales y a los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini.

La audiencia comenzará a las 8:30, será virtual como se viene desarrollando el juicio y la Fiscalía continuará con el análisis de la prueba. Según el cronograma establecido por el Tribunal los fiscales tienen nueve audiencias de alegatos, por lo que le quedarían tres. El fiscal Luciani dijo en la primera audiencia que usaría todas y que tal vez requiera más. Todavía formalmente no hizo ningún pedido.

En la audiencia del viernes la fiscalía analizó los presupuestos que el Gobierno envió al Congreso Nacional y cuáles fueron las falencias. El fiscal explicó que cuando Cristina Kirchner declaró en el juicio oral dijo que todo lo vinculado a la obra pública era responsabilidad exclusiva del Poder Legislativo porque era el encargado de aprobar los presupuestos que contenían esas obras. La ex presidenta agregó que si había una asociación ilícita tenía que hacerse extensiva a los legisladores.

“El encargado de elaborar los proyectos de presupuesto y el encargado de controlar su ejecución es el Poder Ejecutivo. Ahí aparece la primer falacia porque el que fija las metas del presupuesto es el Poder Ejecutivo”, dijo Luciani y agregó: “Durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner se remitieron proyectos al Poder Legislativo de presupuestos subestimados, con información insuficiente, con incongruencias de las obras plurianuales para las empresas de Báez. El Poder Ejecutivo habilitó por medio de decretos de necesidad y urgencia, de decisiones administrativas, de permanente modificaciones, de ampliaciones o compensaciones de partidas cuantiosos fondos a las empresas de Báez. El control interno se caracterizó por la absoluta ineficiencia”.

El fiscal puso como ejemplo que en 2020, con Cristina Kirchner como titular del Senado, la Cámara alta devolvió el presupuesto para ese año porque las planillas de las obras públicas no contenía el monto total y porque no estaban incluidas todas las obras. “Esta rigurosidad que tuvo Cristina Kirchner en el Senado nos muestra el conocimiento real que tenia de esas planillas, lo que no hizo cuando era Presidenta con las obras que ganó Báez”, sostuvo.

En el caso se juzgan las irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz de 2003 a 2015. Los acusados son 13. Además de Báez y Cristina los ex funcionarios Julio De Vido, José López y Nelson Periotti, entre otros. La Fiscalía ya adelantó que entiende que la acusación se probó durante el juicio y que pedirá condena.

Cuando los fiscales finalicen su alegato será el turno de las defensas. Cada una tendrá tres audiencias para exponer sus argumentos. La primera será la de Báez y la de Cristina Kirchner la sexta.

“Las vinculaciones personales que pretenden construirse entre los tres funcionarios públicos recusados con integrantes del partido político opositor a los aquí imputados resulta, a todas luces, carente de elementos de prueba que permitan validarla y otorgarle los efectos jurídicos que se pretende”, señaló el tribunal que habló de “la mala fe procesal en la que incurrieron las defensas”.

El diario Pagina/12 publicó a principio de semanas fotos de Luciani y Giménez Uriburu como integrantes del equipo de fútbol Liverpool que jugó partidos en la quinta de Macri. La defensa de la vicepresidenta, a cargo del abogado Alberto Beraldi, los recusó porque señaló que esa amistad manifiesta debió haber sido informada y así se encontraban lesionadas la garantía del juez imparcial y el principio de objetividad del fiscal.

Por su parte, Mola fue recusado porque en 2016 se reunió en la Casa de Gobierno con el entonces secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, y porque a su jura como fiscal asistieron Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad de la Nación, Cristian Ritondo, ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y Julio Conte Grand, procurador General de la provincia de Buenos Aires.

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