Diez piquetes a lo largo y ancho de la Ciudad de Buenos Aires entorpecerán el tránsito porteño. Encabezados por el Polo Obrero y otras organizaciones de izquierda, desde las 10 de la mañana le reclamarán a Horacio Rodríguez Larreta “acceso urgente a una vivienda digna” y, entre otras exigencias, “urbanización real de las villas”, la “suspensión de los desalojos para inquilinos e integrantes de casas recuperadas” y un “subsidio universal para inquilinos”.
Desde la alcaldía porteña le dijeron a Infobae que varios de los pedidos que realizan los manifestantes a fuerza de cortes de calles y avenidas “ya están en desarrollo”, como la urbanización de los barrios populares, o en otros, el Poder Ejecutivo no tiene injerencia, como son los desalojos que ordena la justicia.
“La disparada de los precios producto de la crisis económica y social que estamos atravesando no deja por fuera a los alquileres, que en los últimos meses han aumentado incluso por encima de la inflación”, argumenta, por su parte, Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero e integrante de la Unidad Piquetera que lleva adelante los cortes, entre otros lugares, en los barrios de Barracas, Floresta, Nueva Pompeya, Villa Soldati, Chacarita, Retiro, San Cristóbal y Villa Lugano.

El referente social de izquierda opinó: “La ley nacional de alquileres que se aprobó hace ya 2 años no solucionó la crisis habitacional que atraviesan más de 4 millones de familias en todo el país. La actual discusión entre los partidos patronales acerca de su derogación o el cambio de uno u otro artículo no modificará la situación. Incluso, con una inflación en niveles récord, creemos que la indexación de los alquileres debería darse por el Salario Mínimo, Vital y Móvil, mucho más acorde a la situación de la clase trabajadora formal e informal, y ni que hablar de les desocupados”.
La Unidad Piquetera le reclama al jefe de gobierno porteño un “subsidio universal para inquilinos” ya que, según un comunicado difundido en las últimas horas, “ningún proyecto de ley considera al universo de inquilinos informales, ni al creciente problema de alquileres que no aceptan niños, ni la discriminación que sufren migrantes e identidades sexo genéricas diversas a la hora de encontrar una vivienda para alquilar”.
Según los últimos relevamientos, en la ciudad de Buenos Aires casi 400 mil personas viven en villas o asentamientos, el 40% de la población alquila, de las cuales, según las organizaciones piqueteras de izquierda, “una gran cantidad lo hace en la informalidad por la imposibilidad de cumplir los requisitos que exigen los propietarios y las inmobiliarias a la hora de firmar un contrato, como son la garantía propietaria o un salario registrado con ingresos a los que no accede gran parte de la población”.
Según un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fechado en septiembre del año pasado, “desde el año 2016 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires viene desarrollando cuatro grandes Procesos de Integración Socio Urbana: Rodrigo Bueno, Playón de Chacarita, Barrio Padre Carlos Mugica (ex Villa 31) y Villa 20″.

Estos procesos, asegura la Defensoría del Pueblo, “se iniciaron a partir de la sanción de la Ley de reurbanización de cada barrio” y destaca que en cada una de esas obras se desarrolló “el diseño y ejecución del relevamiento y diagnóstico socio-espacial, la definición de los criterios adecuados para la construcción vivienda nueva, mejoramiento de viviendas existentes, apertura y consolidación de vía pública, provisión de equipamiento urbano, mejora y consolidación del espacio público, provisión de infraestructura de servicios urbanos”.
Los dirigentes de la Unidad Piquetera aseguran que las obras no avanzaron y que “la orientación del Gobierno de Larreta es en favor de los grandes especuladores, aprobando leyes y convenios que permiten la construcción de viviendas de lujo, que se han expandido en los últimos años, enajenando tierras públicas y espacios verdes, a contramano de las necesidades de las mayorías”.

Los reclamos de los movimientos de izquierda y las organizaciones barriales por el déficit habitacional en CABA no son nuevos. Ya en 2020 presentaron un documento en el que plantearon “el derecho al acceso a la tierra y la vivienda, el acceso al agua potable y la urbanización real de las villas, en contraposición a las obras cosméticas que realiza el gobierno de la ciudad de Buenos Aires”.
El petitorio solicitaba, como hoy, “la prohibición de desalojos, el acceso al agua y a los servicios básicos, la necesidad de obras de infraestructura para frenar los incendios sistemáticos en las villas de la ciudad y la anulación de la entrega y venta de tierras de los últimos años para ponerlas a disposición de planes de construcción de viviendas nuevas”.
“En los últimos meses hubo un montón de desalojos en el barrio, la plata no alcanza, los alquileres aumentan y no nos dan ninguna ayuda por parte del gobierno”, le asegura a Infobae Angélica, delegada del Polo Obrero en la villa 1-11-14.
Para Belliboni, en el gobierno de Rodríguez Larreta “no existen herramientas ni políticas para atender esta situación de emergencia” y advierte: “El acceso al precario subsidio habitacional está completamente restringido, sumado a que los montos están completamente desactualizados” e insiste en que: Mientras cientos de miles de personas viven cada vez peor, sube el número de casas vacías en CABA; esperando convertirse en negocio, mientras deberían estar al servicio de paliar la emergencia habitacional que se vive en hoteles, pensiones, inquilinatos y villas, y dar resguardo a quienes atraviesan violencia de género, más aun teniendo en cuenta que más del 60% de los femicidios ocurren en la vivienda de la víctima”.
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