La situación judicial que atraviesa el juez federal de Mendoza Walter Bento -procesado por beneficiar a acusados en causas judiciales a cambio de coimas- llegó a una disputa en la que su superior -la Cámara Federal de la provincia- le pidió al Consejo de la Magistratura de la Nación que analice la posibilidad de trasladar el juzgado del magistrado a otro edificio por la “convivencia y los problemas que se suscitan diariamente en el ámbito físico de trabajo”.
Así, lo expuso Manuel Pizarro, presidente Cámara Federal de Mendoza, en una nota que el 21 de abril pasado le envió a Horacio Rosatti como presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación. Pizarro, en representación de la Cámara, sostuvo que en la justicia federal de la provincia se vive una “grave situación institucional” por la causa en la que Bento y otros integrantes de su familia -su esposa y sus dos hijos, empleados de la justicia federal- están procesados e imputados.
Bento está procesado por los delitos de asociación ilícita, cobro de coimas, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por ser el jefe de una organización que desde su juzgado cobraba dinero para beneficiar a acusados y detenidos en causas judiciales que tenía a su cargo. Junto a él, según la investigación que llevan adelante l juez federal de Mendoza Eduardo Puigdéngolas y el fiscal Dante Vega, también participan abogados y otras personas que hacían de intermediario.
El procesamiento fue dictado con prisión preventiva pero Bento no fue detenido por sus fueros como juez. El Consejo lo investiga por mal desempeño de sus funciones y espera el resultado de un peritaje contable que pidió Bento para definir si avanza en la acusación y lo suspende en el cargo y lo envía a juicio político. Ese expediente está a cargo del diputado del PRO Pablo Tonelli que el año pasado pidió en el Consejo su suspensión y el quite de fueron a Bento para que se puede proceder a su detención. Pero la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo rechazó al planteo al sostener que legalmente no se puede suspender y desaforar a un juez, lo que se logra con la remoción del cargo en un juicio político.
La Cámara Federal de Mendoza expuso en la nota a Rosatti que la situación de Bento genera una serie de consecuencias. Una de ellas es la “convivencia y los problemas que se suscitan diariamente en el ámbito físico de trabajo” porque el juzgado de Bento está en el mismo edificio que el resto de los tribunales federales, además de fiscalías y defensorías federales. “Especialmente en este último caso las graves dificultades que acarrea que el Ministerio Público Fiscal, titular de la acción penal que tiene como acusado al magistrado, comparta el espacio físico laboral con este”.
Así, le hizo un planteo concreto: “En esta inteligencia se estima prudente poner a consideración de este Consejo de la Magistratura la factibilidad de realizar un traslado del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza a un inmueble distinto al que es sede de esta Cámara Federal y los Ministerios Públicos. A tal fin debe tenerse presente que existe actualmente un edificio alquilado por ese órgano en el cual funciona la Secretaría Provisional de esta alzada y podría -eventualmente- albergar al referido juzgado”.
El planteo de la Cámara fue contestado por Bento el 4 de mayo pasado en otra nota que le envió a Rosatti. Allí sostuvo que la notificación de Pizarro al Consejo es una “injerencia” y que en la causa penal fue “injustamente imputado” y que hay una “persecución” en su contra.
Señaló que en su juzgado “se trabaja normalmente” y que está al día con las causas. También que las elecciones del año pasado se desarrollaron en la provincia sin inconvenientes.
Sin hacer referencia al pedido de traslado de su juzgado, Bento habló de convivencia. “No he tenido ninguna situación de incomodidad con magistrados, funcionarios o empleados dentro o fuera del edificio de los tribunales federales de Mendoza”, sostuvo y citó una serie de actividades que mantuvo con integrantes de la Cámara Federal de Mendoza.
“Los dichos del presidente de la Cámara Federal de Mendoza resultan ser una forma de desprestigiar mi persona, mi función y mi familia”, agregó.
En el Consejo decidieron forman un expediente para analizar los planteos.
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