Los diputados de Lilita Carrió denunciaron a Mena y a Caamaño por apoyar la marcha contra la Corte Suprema

Los diputados de la Coalición Cívica, fuerza que encabeza Elisa “Lilita” Carrió, denunciaron hoy penalmente al viceministro de Justicia Juan Martín Mena y a la interventora de la AFI Cristina Caamaño por abuso de autoridad, a raíz de su apoyo a la marcha convocada para esta tarde contra la Corte Suprema de Justicia.

En la denuncia a la que accedió Infobae se sostuvo que “la convocatoria efectuada por el Secretario de Justicia de la Nación conjuntamente con las declaraciones de funcionarios públicos del más alto nivel del Poder Ejecutivo, evidencian que el objeto de la marcha es presionar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación e interferir en su labor, lo cual está vedado por la ley, como demostraremos más adelante”

La denuncia recayó en el juzgado federal de Marcelo Martínez De Giorgi, con la intervención del fiscal Gerardo Pollicita, en lo que fue una de las primeras denuncias en Comodoro Py del año judicial 2022.

La presentación fue hecha por los diputados Juan Manuel López, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Laura Carolina Castets, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Rubén Manzi, Leonor Martínez Villada, Paula Oliveto Lago, Mariana Stilman y Mariana Zuvic. “En el ejercicio de nuestras funciones como Diputados de la Nación tomamos conocimiento de los hechos que venimos a poner en conocimiento de V.S. y que podrían configurar el delito contemplado en el artículo 248 (abuso de autoridad) del Código Penal de la Nación por parte del Sr. Juan Martín Mena, Secretario de Justicia de la Nación y de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia Cristina Caamaño”, se sostuvo.

Tras recordar una presentación de esa fuerza ante la Organización de Estados Americanos, los diputados sostuvieron que “a las constantes declaraciones de la Vicepresidente de la Nación contra el funcionamiento de la justicia en general, y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sus integrantes, en particular, se suma ahora la convocatoria a una marcha contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación convocada por dirigentes políticos, militantes políticos, funcionarios del Poder Ejecutivo y funcionarios judiciales afines al Poder Ejecutivo”

Y al aludir a la convocatoria que encabeza el piquetero Luis D’Elia, la presentación reseñó la opinión del viceministro Mena sobre la movilización a principios de enero diciendo “Siempre estoy a favor de la manifestación popular de la gente, cuando sin intermediarios le dice a los poderes hegemónicos su opinión y límites, porque estamos llegando a límites que el gobierno de Mauricio Macri los superó, barriendo con todo en materia de manipulación política, judicial y protección del poder mediático”.

“Es decir, el Secretario de Justicia convocó a una marcha que tiene por objeto la destitución de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque considera que la misma es un poder hegemónico al cual debe ponérsele límites -se afirmó-. Lo expresado excede el marco de la sana crítica democrática ejercida en el marco del derecho a brindar su opinión libremente. El aval a mecanismos de presión directa sobre los jueces de la Corte por parte del Secretario de Justicia no puede ser confundido con el derecho de peticionar ante las autoridades o a la libertad de expresión, máxime cuando su competencia funcional versa sobre ello”.

Según la presentación, “las expresiones del Secretario de Justicia se dan de bruces con sus obligaciones funcionales y violan flagrantemente instrumentos internacionales y la Constitución Nacional, por lo que consideramos que su conducta debe ser investigada por V.S. para que en virtud de su elevado criterio indique si la conducta señalada se subsume en el tipo penal de abuso de autoridad”.

En un escenario similar se posicionó a la interventora de la AFI y titular de la agrupación Justicia Legítima. “La agrupación Justicia Legítima, que es una agrupación de funcionarios judiciales afines al Frente de Todos, y de la que Caamaño es presidenta, emitió un comunicado en el que expresa: " apoyamos y concurriremos a la Marcha #1F para sumarnos a expresar el repudio popular y peticionar colectivamente a las autoridades la urgente Democratización de la Justicia con perspectiva de género, el fin del Lawfare, la reformulación de la instancia más alta del Poder Judicial, verdadero y último sustento de esas prácticas judiciales cuya gravedad se devela día a día con mayor intensidad”.

La denuncia recogió también expresiones del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el ministro de Seguridad Aníbal Fernández. Y tras repasar la normativa de las funciones del secretario de Justicia y la interventora de la AFI, la denuncia afirmó: “todos los instrumentos internacionales protegen la independencia tanto de jueces y fiscales de presiones e intromisiones de los otros poderes del estado y en especial del Poder Ejecutivo. El Secretario de Justicia de la Nación parece haber hecho caso omiso a la normativa”. Por otro lado, la interventora de la AFI “convoca a la misma marcha para solicitar la renuncia de los integrantes de otro poder del estado, en lo que podría catalogarse como un atentado contra el orden constitucional, sobre el cual ella debería producir inteligencia”.

“V.S. deberá determinar si los hechos relatados se subsumen en el tipo penal denunciado, pero resulta evidente que la conducta de estos dos funcionarios del más alto nivel del gobierno nacional es contraria a las leyes y reglamentos que regulan el ejercicio de sus funciones. Es evidente que debieron abstenerse de realizar esas conductas y las ejecutaron igual, de un modo contrario a las leyes cuyo cumplimiento era su deber”, se añadió.

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