Por el fallo de la Corte, el Consejo de la Magistratura suspendió una reunión y aparecieron incertidumbres

Los integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación estaban sentados, otros llegando a lo que iba a ser la reunión en la que delinearían los temas a tratar en su último plenario del año. Pero recibieron la noticia, a través de los medios, de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había declarado la inconstitucionalidad de la integración del organismo. No fue una sorpresa, esperan esa resolución. Inclusive sabían que iba a ser hoy. Pero no dejó de ser un impacto.

Por eso decidieron suspender la reunión, informaron a Infobae fuentes del Consejo. En principio postergarla por unas horas. Pero finalmente quedará para otro día, en principio para la semana que viene. En la reunión se iba delinear la agenda de ese último plenario, qué temas se iban a tratar.

Los consejeros comenzaron a analizar el fallo y qué impacto inmediato tenía sobre el funcionamiento del organismo, que se encarga de la administración del Poder Judicial y de la selección y acusación de jueces nacionales y federales.

La decisión del máximo tribunal estableció que la actual integración de 13 miembros del Consejo es inconstitucional porque no respeta el equilibro entre los estamentos que fija la Constitución Nacional; le pidió al Congreso que en un plazo razonable dicte una nueva ley; y le ordenó al Consejo que en 120 días -si antes no hay una nueva norma- reestablezca su integración a su anterior composición de 20 miembros. Si eso no ocurre, todo lo que decía de ahí en adelante será nulo. El plazo de 120 días es hasta el 15 de abril.

Esa es la mayor crítica que desde el Consejo le hicieron al fallo de la Corte en las opiniones que Infobae recogió entre sus integrantes: los 120 días es un plazo exiguo para reacomodar el organismo a la integración anterior. Implica llamar a elecciones para los representantes de los jueces y de los abogados, lo que lleva tiempos legales a cumplir, hacer una campaña. Y en dos semanas comienza la feria judicial de verano. La Corte dijo que los 120 días son corridos.

Por eso en el Consejo había una lectura a la decisión de la Corte: fuerza a la política a acordar una nueva ley del Consejo. La incógnita es si hoy el oficialismo y la oposición están en sintonía para hacerlo.

“Me parece que hay dos dimensiones del fallo”, le dijo a este medio Diego Marías, representante de los abogados en el Consejo. “Una que es positiva porque restituye el equilibrio de los estamentos y en particular nos devuelve a los abogados la participación que por la Constitución Nacional debemos tener. La faz más compleja es que genera una cuantas incertidumbres que tienen que ver con la integración a la que nos obliga y el poco tiempo que nos da para ello porque es muy difícil pensar que los estamentos pueden elegir en 120 días a sus nuevos representantes con la feria judicial en el medio. Hasta acá no encontramos respuestas a cómo se organizan elecciones en 120 días”, señaló.

En la misma línea opinó Juan Manuel Culotta, representante de los jueces. “Desde el punto de vista práctico estos 120 días que nos dieron para adecuarnos en la práctica sería bastante complicado de cumplir por lo que lleva un proceso electoral y además interpretar cuál es la normativa que nos va a regir. La integración de consejeros no es de un día para el otro, si hay que hacer un proceso electoral en poco tiempo sería complicado”, sostuvo.

El también juez Alberto Lugones coincidió con la Corte en la declaración de inconstitucionalidad. “Había que buscarle una solución a la mayoría de representantes de la política que tenía el Consejo por sobre los demás estamentos. Pero no se por qué la Corte espero tanto tiempo y por qué nos dan el plazo de 120 días. Se podría haber esperado hasta noviembre que es cuando se renueva el Consejo. Vamos a tener dos procesos electorales en una etapa de pandemia. Eso es absolutamente irrazonable. ¿Cuál es el apuro del Presidente de la Corte de entrar ahora? Ingresa pero sale una nueva ley y a los seis meses se tiene que ir”, señaló.

“El fallo no constituyó ninguna sorpresa. La única duda que teníamos era cómo se iba a implementar. Es necesario que el Congreso dicte rápidamente una nueva ley para evitar que por el cumplimiento del plazo de los 120 días establecidos en el fallo el Consejo vuelva a funcionar con 20 miembros. Lo ideal sería aprobar esa ley en los próximos meses porque el Consejo renueva su integración en noviembre de 2022. La nueva ley orgánica que requiere mayoría especial de 129 votos”, señaló a través de un comunicado de prensa el consejero Pablo Tonelli, diputado del PRO.

Si el Consejo vuelve a su integración de 20 miembros deberían sumarse un diputado, un senador, dos jueces, dos abogados, un representante de los académicos y el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Esa era la conformación anterior a la actual que hoy el máximo tribunal declaró inconstitucional.

La Corte también estableció que si pasan los 120 días sin resolverse la nueva integración todo lo que haga el Consejo será nulo. Eso genera una preocupación. “El Consejo tiene la administración del Poder Judicial. Desde de esos 120 días ¿qué pasa?, ¿pagamos sueldos, compramos computadoras, contratamos peritos?, ¿quién resuelve las cuestiones diarias?”, se preguntó, sin respuesta Marías.

Lugones expresó la misma preocupación: “¿Qué pasa si el 16 de abril no se integró el Consejo como dice la Corte Suprema? Entonces paramos el Poder Judicial. ¿Para eso está la Corte, para dictar un fallo que impida continuar el funcionamiento del Poder Judicial o la tarea es que el Poder Judicial funcione?”

El Consejo buscará retomar la semana que viene la reunión que se postergó esta mañana con el fallo del máximo tribunal. Nadie apuesta a que se fije una agenda para el último plenario con temas importantes. Pero sí hay cuestiones administrativas que se deben resolver, desde obras a licitaciones. También no se descarta que ese último plenario sea para que haya una postura pública de los consejeros sobre el fallo de la Corte. Mientas tanto comenzó a correr el plazo para que la política defina el nuevo Consejo.

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