Una denuncia por peculado contra la Obra Social del Poder Judicial complica aun más el funcionamiento de la Corte Suprema

El último acuerdo de Elena Highton de Nolasco fue el martes pasado por Zoom y duró media hora. Fue la despedida. El último acuerdo que firmó la jueza mostró los problemas que se vienen.

Muchos temas debieron ser firmados porque Highton hacía mayoría y ya no la habrá. Por ejemplo, en el tema de la constitucionalidad de la ley de riesgos de trabajo, o en materia de seguros por accidentes de tránsito, que son aspectos de gran relevancia económica.

También quedó demostrada la dificultad que habrá para formar mayorías. En los temas importantes que salieron en el último acuerdo no hubo ninguna mayoría estable. Por ejemplo, en el caso de Germán Kammerath, Highton, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti rechazaron un recurso de queja del ex intendente cordobés que fue condenado por una contratación irregular en el municipio; en el caso AMX/ Claro (habilitación de antenas de telefonía para los celulares) la mayoría fue Highton, Lorenzetti, y hubo que designar un conjuez, Jorge Morán, del fuero Contencioso Administrativo Federal.

La definición de mayorías será incierta y cambiante. No se sabe muy bien cómo terminará la posición de Carlos Rosenkrantz, en cuanto a su idea de participar en algunos casos en que se había excusado. La confusión ha sido grande, porque en el caso de AMX/Claro (antenas) se excusó y en otro (impuestos) que involucró a la misma empresa firmó. Habrá que ver con el tiempo en qué temas y con qué empresas se excusa o no.

Desde este jueves vuelven los acuerdos presenciales y las miradas se enfocarán nuevamente en la inquietante dinámica de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. Con visos de escándalo, polémica y allanamientos, se trata de un proceso de deterioro que comenzó hace unos meses como una crisis vinculada al desorden administrativo, que luego pareció instalarse como una pelea entre jueces. Pero finalmente surgieron datos que alarmaron a todos los integrantes de la Corte por igual.

La información precisa comenzó a salir de la oscuridad a partir de una investigación judicial por peculado contra el director de la obra social, Aldo Tonón. La causa está a cargo de Daniel Rafecas con instrucción del fiscal Carlos Rívolo y da cuenta de, al menos por ahora, dos licitaciones polémicas. La primera es el otorgamiento del servicio de ambulancias durante una década a una empresa de Córdoba que resultó ser insolvente. La segunda, se refiere al otorgamiento de una licitación a una empresa, también de Córdoba, de servicios vinculados a la distribución de remedios, denunciada en el marco de investigación de la “mafia de los medicamentos”.

Esta información sale a la luz porque hay muchos interesados en que se sepa. El gremio de los Judiciales, liderado por Julio Piumato, hizo una campaña activa, denunciando estas licitaciones y balances falsos y dando a entender que “algo huele mal en la obra”. Piumato representa no sólo la disconformidad de sus afiliados, sino la presión de otras listas del propio sindicato. En Córdoba, por ejemplo, esas listas difundieron afiches con la cara de Juan Carlos Maqueda y Ginés González García (quien le recomendó la contratación de Tonon) con serias acusaciones. Para la asociación de magistrados, en pleno período de renovación de autoridades, la crisis de la OSPJN también es un problema por las múltiples quejas por mal funcionamiento.

Cuando Maqueda anunció a sus colegas que dejaba de estar al frente de la OSPJN, después de diez años, hubo solidaridad, porque se pensó que era un problema del director Tonón. Luego hubo quienes pensaron que las noticias que salían a la luz eran motivadas por peleas internas relativas a la presidencia.

Pero ahora, mientras la investigación judicial avanza, la crisis terminal de la OSPJN es un serio problema que amenaza a toda la Corte.