El Gobierno confirmó la prórroga hasta 2038 del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego

Tal como estaba previsto el Gobierno prorrogó hasta 2038 el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, el cual establece ciertos beneficios impositivos para las empresas de esta provincia, y creó un fondo para financiar proyectos tendientes a diversificar la matriz productiva de la isla. Ambas medidas fueron confirmadas a través de diferentes decretos publicados este sábado en el Boletín Oficial.

El primero de estos documentos firmados por el presidente Alberto Fernández, indicó que el sistema continuará vigente hasta el 31 de diciembre del mencionado año, pero remarcó que después de esa fecha se podrá extender “por 15 años adicionales”, siempre y cuando Brasil también mantenga su propia política fiscal en “la Zona Franca Manaos”.

Esto es así porque las autoridades nacionales consideraron que, de lo contrario, el mercado local podría perder frente a la industria del país vecino. El mismo tiene un mecanismo de promoción similar al fueguino, pero que en su caso rige hasta 2073.

Esta prórroga había sido uno de los principales reclamos de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), ante la inminencia del vencimiento del régimen que comenzó en 1972 y que consta de exenciones de IVA, Ganancias, impuestos internos y derechos de importación para sus actividades en esta provincia.

Tras varias negociaciones, el Gobierno aceptó extender estos beneficios, pero remarcó que los mismos no estarán vigentes “para aquellos proyectos que, aprobados, no hayan iniciado”.

Sin embargo, también dio tiempo “hasta el 31 de diciembre de 2023″, para “la presentación de nuevos proyectos industriales y/o la readecuación de los existentes”, para “la producción de productos electrónicos, componentes, y tecnologías conexas, siempre que no afecte la producción realizada en el Territorio Nacional Continental y que se trate de bienes que no se fabriquen en la provincia”.

Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina

La normativa señala que podrán acceder a estas ventajas fiscales las empresas que “se comprometan a realizar aportes mensuales obligatorios” al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, el cual fue creado por el Decreto N° 725/21, también publicado este sábado en el Boletín Oficial.

Este es el segundo de los puntos que el Gobierno acordó con las empresas, que a cambio de mantener el régimen de promoción industrial deberán impulsar proyectos tendientes a ampliar las actividades industriales que se realizan en la provincia y para mejoras en infraestructura que contribuyan al desarrollo de la isla.

Esta iniciativa regirá durante los 15 años de prórroga y, según pudo averiguar Infobae, sería una inversión cercana a los 1.500 millones de dólares, entre todos los aportantes.

En el Decreto, se especificó que el aporte de cada empresa tendrá que ser “equivalentes al 15% del beneficio obtenido en concepto de Impuesto al Valor Agregado por la venta de los productos”, excepto lo correspondiente por la fabricación de “autopartes que sean utilizadas en unidades cuyo destino final sea la exportación”.

No obstante, se aclaró que “en caso de verificarse modificaciones en las condiciones tributarias y/o arancelarias” que “alteraren la competitividad de los bienes”, el Gobierno podrá “reducir el porcentaje del aporte establecido hasta tanto se restablezcan las condiciones originales”.

Por otra parte, se detalló que los recursos de este Fondo se distribuirá del siguiente modo, una vez detraídos los montos destinados al funcionamiento operativo:

-El 60% del total del monto recaudado se destinará para el financiamiento de proyectos productivos de empresas que se enmarquen en los objetivos de mejorar la competitividad y ampliar la matriz productiva de la provincia.

Esto se hará a través de proyectos en los sectores de ciencia, tecnología y economía del conocimiento, que tengan por finalidad el desarrollo de aplicaciones productivas en el territorio, así como el financiamiento de acciones de capacitación y de formación de recursos humanos.

-El 40% restante irá a inversiones en obras de infraestructura que presenten los estados provincial y municipales y que tengan como objetivo el desarrollo productivo, la reducción de costos logísticos, la competitividad, las infraestructuras productivas y el ordenamiento territorial.

Además de por los aportes de las compañías, el fondo estará integrado por el recupero del capital e intereses de las financiaciones otorgadas; los dividendos o utilidades percibidas por la titularidad de acciones o participaciones en los proyectos elegibles y los ingresos provenientes de su venta; lo producido de sus operaciones, la renta, frutos e inversión de los fondos, y los recursos provenientes de operaciones de crédito externo y de la cooperación internacional.

También por las regalías por patentes en programas de investigación y desarrollo que financie; los recursos provenientes del Tesoro de la Nación que le asigne el Estado Nacional, y por otros ingresos, aportes, contribuciones, subsidios, legados o donaciones.

Puntualmente, con esto se busca fomentar el desarrollo de la provincia en las siguientes: agricultura, ganadería y pesca; silvicultura y actividades industriales conexas; actividades agroindustriales; turismo; actividades logísticas vinculadas con la Antártida y las Islas del Atlántico Sur; hidrocarburos y sus derivados, incluido la petroquímica; la Economía del Conocimiento y otros sectores que sean aprobados por el Comité Ejecutivo del Fondo.

Por último, se detalló que las empresas “tendrán un plazo de 6 meses” para “manifestar su voluntad de adherir a los beneficios y obligaciones establecidos en este decreto y, en caso de no aceptar los términos del acuerdo, perderán las ventajas fiscales “a partir del 1° de enero de 2024″.

En tanto, las que acepten deberán “dar cumplimiento, en los plazos correspondientes, a la totalidad de las obligaciones patronales en materia de aportes y contribuciones, sean de carácter previsional, obra social, salarios, indemnizaciones y otros que pudieran surgir de leyes nacionales, provinciales, convenciones colectivas de trabajo o acuerdos celebrados entre las empresas y sus trabajadoras y trabajadores, de acuerdo a la normativa vigente”.

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