
El juez federal Sebastián Casanello investigará al ex presidente Mauricio Macri para establecer si en agosto pasado violó las medidas de aislamiento fijadas para las personas que regresaban del exterior. Así lo resolvió la Cámara Federal porteña, en el marco de un conflicto de competencia con el juez de San Isidro Lino Mirabelli. Justamente, Mirabelli es el juez que tiene en sus manos la causa que nació en el juzgado de Casanello y en donde se investiga si el presidente Alberto Fernández, su pareja y otras personas violaron el decreto del ASPO para festejar el cumpleaños de la primera dama en el 2020.
La causa contra Macri se abrió en Comodoro Py cuando ya había estallado el escándalo de la foto del cumpleaños de Fabiola Yañez. Por sorteo, las dos causas cayeron en el juzgado de Casanello. Con la causa delegada, el fiscal Ramiro González solicitó las primeras diligencias por la fiesta de Olivos y el presidente Fernández, en defensa propia, solicitó su sobreseimiento diciendo que nadie se había contagiado. Si esa posibilidad no prosperaba, el jefe de Estafo ofreció una reparación económica donando parte de sueldo al Hospital Malbrán para dar por cerrada la causa.
Pero cuando el caso llegó a manos de Casanello, que debía opinar sobre el planteo de inconstitucionalidad de otra invitada al cumpleaños, el juez se declaró incompetente y derivo el caso a San Isidro: según dijo, si la fiesta ocurrió en la residencia de Olivos, no podía ser Comodoro Py la que investigara. La decisión de Casanello cayó como un balde de agua fría para las defensas que, sin embargo, no tuvieron argumentos para impugnar la resolución.
El caso está ahora en San Isidro, donde hay una puja entre Mirabelli (el juez que estaba de turno cuando Casanello remitió el expediente, a inicios de septiembre) y su colega Sandra Arroyo Salgado, quien había recibido una denuncia por la fiesta de Olivos igual a la de Casanello pero uno días después a la que ingresó en Comodoro Py. Ahora el tema está siendo estudiado por el juez Marcelo Fernández, de la Cámara Federal de San Martín, que resolverá quién se queda con la causa.

Al igual que hizo con la causa de Alberto Fernández, Casanello también derivó a San Isidro otra denuncia que llegó a su juzgado: la que se radicó contra Macri porque, según se difundió, al regresar de Europa a inicios de agosto no había sido hallado por Migraciones en su casa de San Isidro. El Gobierno bonaerense difundió la noticia y anunció que lo denunciaría penalmente, cuando un inspector del Ministerio de Salud provincial fue a su casa de Acassuso, y labró un acta porque no estaba allí. Sin embargo, el ex presidente aseguró que previamente había informado a Migraciones que iba a quedarse en la quinta Los Abrojos, en San Miguel, por “razones de fuerza mayor”.
Lo cierto es que la denuncia contra Macri fue radicada por un abogado, Alejandro Sánchez Kalbermathen, que también apuntó contra la ex diputada Elisa Carrió por su fiesta de cumpleaños en diciembre del 2020 en su quinta de Exaltación de la Cruz. Casanello, receptor de esa doble denuncia, remitió las actuaciones a distintas juridiscciones: la de Lilita, a Campana; la de Macri, a San Isidro.
Pero al recibir la denuncia contra Macri, vía Casanello, a diferencia de la fiesta de Olivos, el juez Mirabelli rechazó su competencia territorial para intervenir. Según dijo, la decisión de su colega porteño era prematura y no se habían recabado suficientes elementos para enviarle el caso.
La denuncia volvió entonces a Comodoro Py donde en la Cámara Federal se decidió a qué juez. Según el fallo al que accedió Infobae, el fiscal General Adjunto, José Luis Agüero Iturbe, sostuvo que debía continuar interviniendo en la investigación la Justicia Federal de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires por resultar prematura la declaración de incompetencia, “en el entendimiento de que debía profundizarse la investigación a fin de lograr una descripción más precisa del suceso y su correspondiente calificación legal”. Y el juez Leopoldo Bruglia estuvo de acuerdo.
“Atento al estado embrionario en el que se encuentra la causa, considero que la declaración de incompetencia resulta prematura, ya que aquella debe estar antecedida de una pesquisa que permita establecer de qué manera se presentaron los hechos y así poder asignarles, en su caso, su correspondiente calificación legal. En suma, por las circunstancias precedentemente expuestas, entiendo que corresponde que sea el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 de esta ciudad quien prosiga con la investigación en los presentes actuados, sin perjuicio de que más adelante pueda revaluarse la cuestión en función de las nuevas pruebas que se incorporen al legajo”, escribió.
Por ahora, entonces, el caso continuará en manos de Casanello. Enterado de la resolución de la Cámara, Casanello delegó el caso en el fiscal González que llevará adelante las primeras diligencias, indicaron las fuentes consultadas por Infobae.
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