La oposición impulsa la amnistía de los delitos vinculados a la violación de la cuarentena, salvo en casos de funcionarios

Un grupo de diputados nacionales de la UCR presentó, hoy, un proyecto de ley para impulsar una amnistía de los delitos vinculados a la violación de la cuarentena, luego de la difusión de la foto de los festejos privados en Olivos con el presidente Alberto Fernández y la primera dama, Fabiola Yáñez, como protagonista.

“No es justo que miles de personas en esa condición estén expuestas a la persecución penal e incluso a la aplicación de una sanción luego de que quedará admitido que el funcionario público que aprobó esas reglas de conducta por decreto, fue el primero en incumplirlas”, se sostiene en los argumentos de la iniciativa.

Desde el inicio del aislamiento obligatorio, en marzo de 2020, fueron varios los casos de personas que rompieron las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno, amparadas en la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del Código Penal. El último establece que “será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.

La otra figura legal está dentro del Capítulo IV del Título VII del Código Penal que tipifica los delitos contra la salud pública. Así el artículo 205 dice que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”. Por solo cinco casos, se pagaron $1.310.000 que fueron destinados a diferentes hospitales públicos.

En el texto del proyecto se establecen tres excepciones a la amnistía: las causas penales en las que el imputado de la comisión del delito resulte ser un funcionario público federal, provincial o municipal; las causas penales en las que el hecho imputado consista en reuniones de personas en lugares cerrados o abiertos en violación a las normas ASPO y DISPO; las causas penales en las que el hecho imputado sea el quebrantamiento de una medida de aislamiento o cuarentena por contagio, contacto estrecho, arribo de viaje desde el exterior o desde otro lugar del país respecto de los cuales se hubiese dispuesta tal medida preventiva.

“La apertura de miles de causas penales en todo el país implicó situaciones de angustia para las personas, gastos de defensa y secuestro de vehículos muchos de los cuales aún no han sido restituidos a sus dueños”, señalaron los autores del proyecto en el texto, y agregaron: “Esa persecución penal no discriminó entre aquellos hechos que implicaban situaciones confusas de circulación por la vía pública a pie o en auto, de otras más graves vinculadas a reuniones o fiestas clandestinas o quebrantamiento de cuarentenas específicas dispuestas por la autoridad sanitaria para quienes se encontraban infectados, contactos estrechos o personas que arribaban a un lugar en viaje del exterior o de otra zona del país”.

Por otro lado, y con relación al festejo de cumpleaños de la Primera Dama, señalaron que “el hecho de que la máxima autoridad del país y órgano emisor de tan severas restricciones fuera uno de los que las transgredió no solo se contrapone con el principio de igualdad ante la ley, sino que además pone en jaque la propia legitimidad que tienen las autoridades públicas para imponerles a los demás el cumplimiento de esas mismas normas”.

En otro pasaje de los fundamentos, consideraron que “no es justo que miles de personas estén expuestas a la persecución penal e incluso a la aplicación de una sanción luego de que quedará admitido que el funcionario público que aprobó esas reglas de conducta por decreto, fue el primero en incumplirlas”.

“Además, estas causas generan una sobrecarga que suma un factor más al atraso que suele afectar el desenvolvimiento de la justicia federal, especialmente en materia penal, y la desenfoca de las causas más relevantes y que demandan rapidez como lo son las vinculadas al narcotráfico, corrupción, trata de personas, lavado de activos y evasión tributaria, entre otros”, agregaron.

La iniciativa fue presentada por los diputados nacionales Gustavo Alberto Menna, Mario Negri, Alfredo Cornejo, Ricardo Buryaile, Juan Martín, Roxana Reyes, Gabriela Lena, Jorge Lacoste, Claudia Najul, Atilio Benedetti, Alejandro Cacace, Federico Zamarbide, Carla Carrizo, Mario Arce y Lorena Matzen.

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