Tras un allanamiento frustrado en la sede de la firma, hace dos semanas, AstraZeneca entregó en las últimas horas decenas de mails vinculados a la firma del contrato con el Estado argentino para la provisión de 22,4 millones de vacunas contra el COVID-19, pudo saber Infobae de fuentes judiciales. El viernes, el Ministerio de Salud también había puesto a disposición correos electrónicos vinculados a ese contrato, pero solo de los funcionarios actuales.
La investigación está a cargo del fiscal Guillermo Marijuán y apunta a determinar si hubo responsabilidad de los funcionarios nacionales en las demoras registradas para la llegada de las vacunas. Hasta el jueves hay secreto de sumario, lo que impide conocer los últimos detalles.
Todo comenzó a raíz de una denuncia de Josefina de Elizalde, en representación de “Acción Conjunta Republicana”, cuando las dosis prometidas todavía no habían comenzado a llegar al país. Esa denuncia hablaba de una posible malversación de fondos, aunque la Fiscalía enfocó la investigación en una posible defraudación al Estado.
El contrato fue firmado el 6 de noviembre de 2020 entre el Ministerio de Salud y el laboratorio AstraZeneca por un monto aproximado de USD 90 millones. Según ese acuerdo, en marzo tenían que llegar al país 2.382.000 dosis, en abril 4.040.000; en mayo otros 4.040.000, en junio 3.451.000 y en julio 8.518.000 dosis. Para eso, el Estado ya había pagado el 12 de noviembre un total de USD 17.943.873,60; y el 8 de febrero de 2021 se concretó el pago de USD 35.887.747,20.
Sin embargo, los plazos nunca se cumplieron. El 11 de mayo, cuando la causa judicial ya estaba iniciada, la ministra Carla Vizzotti anunció que Argentina comenzaría a recibir las primeras dosis.
Hace dos semanas, el fiscal federal Guillermo Marijuán allanó la sede de Astrazeneca en Buenos Aires, una oficina ubicada en el barrio de Saavedra, a metros del Dot Baires, pero no encontró ninguna computadora. Tampoco estaban los servidores. El fiscal buscaba acceder a los mails de cuatro directivos de la firma que habían participado de las negociaciones con el Estado argentino. En realidad, el objetivo del procedimiento era realizar una copia forense de todos los mails.
Cuando la Policía llegó al lugar, se encontró con uno de los directivos, quien argumentó que todos los empleados de la empresa estaban trabajando de manera remota por la pandemia.
Ese allanamiento se demoró casi un mes porque el juez Julián Ercolini sostuvo que había otros métodos para obtener la información y tuvo que intervenir la Cámara Federal.
Recién este lunes, el estudio jurídico que representa al laboratorio puso a disposición los mails de los cuatro directivos. La información recién comenzó a procesarse y demorará varios días.
El mismo día del allanamiento a AstraZeneca, la Policía fue hasta el Ministerio de Salud con una orden de presentación. La cartera que dirige Carla Vizzotti pidió una prórroga y recién el viernes pasado entregó una tanda de esos mails. “Solo se entregaron los mails de funcionarios actuales”, apuntó una fuente de la investigación. Ahora el fiscal le pidió al servidor del Poder Ejecutivo todos los correos vinculados al contrato con AstraZeneca, incluyendo a funcionarios que ya no están, como el ex ministro Ginés González García.
Hasta ahora no hay funcionarios imputados y solo declararon por escrito el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y la ministra Carla Vizzotti. “El laboratorio AstraZeneca admitió que el retraso con Argentina en la entrega de vacunas es debido a una demora en la producción y a las dificultades para acceder a insumos críticos necesarios en dicho proceso productivo. Estas dificultades no sólo impactaron en el cronograma tentativo de entrega acordado con Argentina; cabe destacar que la mayoría de los países del mundo que suscribieron un acuerdo con este laboratorio manifestaron públicamente su preocupación ante la falta de entrega de dosis. De todas formas, vuelvo a reiterar que las dificultades para escalar la producción y el consecuente retraso en las entregas previstas inicialmente no es un problema propio de AstraZeneca ni exclusivo de Argentina”, sostuvo Vizzotti en su momento.
En los próximos días podría sumarse la asesora presidencial Cecilia Nicolini, quien también pretende hacerlo a través de un listado de preguntas.
Con los mails en su poder, el fiscal busca determinar si los funcionarios sabían, al momento de firmar el contrato, que Astrazeneca no iba a poder cumplir con los plazos acordados. No es una tarea sencilla.
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