El gobierno nacional estudia por estas horas cómo seguir después del viernes 11 de junio, cuando se venza el decreto actual que tuvo como objetivo lograr una reducción de casos con la aplicación de un confinamiento estricto, similar a la Fase 1 que se llevó a cabo en abril del año pasado.
El presidente Alberto Fernández esperaba que la Cámara de Diputados sancionara la denominada “ley pandemia”, que regularía las restricciones sanitarias en todo el país y dejaría efectivo una serie de parámetros epidemiológicos para que cada provincia sepa qué medidas debe tomar de acuerdo a la cantidad de casos que tiene.
El oficialismo venía negociando desde hace más de dos semanas para conseguir los votos que aprueben la ley, pero, finalmente, no pudo lograrlo. Los principales legisladores del Frente de Todos, con Máximo Kirchner a la cabeza, negociaron hasta este mediodía pero no lograron el consenso necesario para tratar y aprobar el proyecto.

Desde ayer en la Casa Rosada comenzaron a preparar la redacción de un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que extienda las restricciones por dos o tres semanas más, teniendo en cuenta que sabían que era complicado sacar la ley.
Durante la mañana, cuando desde el Congreso no llegaban buenas noticias a Casa Rosada, el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, armó la hoja de ruta tradicional que suele seguir el Gobierno antes de la publicación de los decretos y coordinó dos reuniones.
La primera con los jefes de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel. La segunda con los expertos médicos que asesoran a Alberto Fernández desde que comenzó la pandemia.
En Balcarce 50 tienen definido que el decreto que entrará en vigencia después del viernes será similar al 287, que se emitió el 1 de mayo y que tuvo como novedad la instalación de un semáforo epidemiológico para categorizar las ciudades según la cantidad de casos de COVID-19.
Quedarán en el camino los nueve días de confinamiento duro y los fines de semana con un esquema similar. También el proyecto de intermitencia que estaba en consideración para mantener, de lunes a viernes, un esquema similar al vigente y durante el sábado y domingo un cierre más duro. En consecuencia, habría menos restricciones en las próximas semanas.

“La meseta sigue siendo alta pero los contagios descendieron. Por eso hay margen para flexibilizar algunas medidas”, sostuvo un funcionario con acceso al despacho presidencial. Argentina está registrando un promedio de 10.000 contagios menos desde el pico de 40.000 que tocó a fines de mayo. Sin embargo, la cantidad de fallecidos creció hasta llegar al registro de 745 en 24 horas.
De todas formas en la Casa Rosada dejan un margen para, en el caso de emitir el DNU, considerar el agregado de una medida puntual que sea más dura. Incluso analizan la posibilidad de aplicar un cierre estricto durante el fin de semana del 20 de junio, cuando se celebrará el Día del Padre. Opciones que están sobre la mesa.
A principios de mayo, cuando se estableció el DNU que el Gobierno toma de modelo, el decreto estipulaba las medidas de acuerdo a tres factores: la razón (aumento de casos en los últimos 14 días y los acumulados en los 14 días previos); la incidencia (la cantidad de casos promedio sobre el total de la población) y la ocupación de camas de terapia intensiva.
En base a esos factores se establecieron cuatro categorías. Zonas de bajo riesgo epidemiológico, de riesgo medio, de alto riesgo y de alarma. En los primeros tres se incluían las localidades de más de 40.000 habitantes y en el último, donde están las ciudades más complicadas en términos sanitarios, los grandes aglomerados urbanos y los lugares donde vivan más de 300.000 personas.

Dentro de la categoría “Alarma Epidemiológica” se encuentran al día de hoy los 40 municipios del conurbano bonaerense, seis ciudades de Mendoza, dos de Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según marcaba el decreto que el Gobierno utilizará de modelo para el próximo DNU, “los grandes aglomerados urbanos, departamentos o partidos de más de 300.000 habitantes, serán considerados en situación de alarma epidemiológica y sanitaria cuando la incidencia definida como el número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días por 100.000 habitantes sea igual o superior a 500 y el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva sea mayor al 80 %”.
Las localidades que estaban en la categoría de bajo riesgo epidemiológico tenían una vida protocolizada; las de riesgo medio tuvieron medidas reguladas por los gobernadores según cada ciudad; mientras que en las de riesgo alto se suspendieron actividades sociales en domicilios particulares, reuniones sociales de más de 10 personas al aire libre y deportes en lugares cerrados donde participen más de 10 personas.
Además, se estableció el cierre de bares y restaurantes a partir de las 23 y un aforo de 30% para eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos, cines, teatros, clubes, centros culturales, locales gastronómicos y gimnasios.
En las localidades de “Alarma Epidemiológica” se suspendieron las actividades sociales, deportivas, recreativas, culturales y religiosas en lugares cerrados y los deportes grupales en espacios abiertos. También se establecieron el cierre de comercios y locales gastronómicos entre las 19 y las 6. En el último caso se permitía la modalidad delivery y take away después de las 19.
En esa categoría se suspendieron las clases presenciales en todos los niveles y se restringió la circulación entre las 20 y las 6, mientras que el transporte público quedó solo para esenciales. La suspensión de las clases generó un foco de conflicto con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que decidió continuar con la presencialidad.
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