Hugo Moyano, dos magistrados y el padre de Vizzotti: nuevas causas judiciales por los vacunados VIP

Seis nuevas causas por los llamados vacunados VIP contra el coronavirus comenzarán a investigarse en distintos tribunales federales de la provincia de Buenos Aires y de Comodoro Py. Se trata de denuncias penales contra el sindicalista Hugo Moyano, los jueces de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires Luis Genoud y Hilda Kogan, y el padre de Carla Vizzotti, ministra de Salud de la Nación.

Las denuncias fueron hechas por dirigentes de la oposición ante la jueza federal de Comodoro Py María Eugenia Capuchetti. Pero la magistrada se declaró incompetente para tratar esos casos porque señaló, en una resolución a la que accedió Infobae, que ella investiga los vacunados del Hospital Posadas y que esos casos no corresponden a las dosis de ese lugar, por lo que deben investigarlos otros magistrados.

Así remitió las seis denuncias a jueces federales de La Plata, San Martín y otros de los tribunales de Comodoro Py.

La jueza Capuchetti y el fiscal Eduardo Taiano tiene a su cargo la investigación para determinar su hubo delito o no en la vacunación que recibieron 70 personas con dosis de la vacuna Sputnik V que tenía el Hospital Posadas. Algunas de ellas lo hicieron cuando no les correspondía, porque por entonces solo se vacunaba al personal de salud, como el ex presidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda González y sus hijas; el periodista Horacio Verbitsky; el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini; y los legisladores nacionales Eduardo Valdés y Jorge Taiana.

Recordemos que todo estalló cuando Horacio Verbitsky, ex cuadro de inteligencia de la organización Montoneros, luego colaborador de la Fuerza Aérea durante el Proceso (lo que dio lugar al libro de Gabriel Levinas, Doble agente), contó en un programa de televisión cómo le facilitaron el acceso a la vacuna fuera de protocolo.

En la causa están imputados el ex ministro de Salud Ginés González García, quien se fue del Gobierno por este caso, y su jefe de Gabinete y sobrino, Lisandro Bonelli, entre otros, y se busca determinar si cometieron algún delito al disponer que se vacune a personas a las que todavía no les tocaba hacerlo según el cronograma oficial. Algunas de esas personas recibieron las dosis en el Ministerio de Salud, otras en el Posadas y otras, como los Duhalde, en su domicilio.

En esa causa se recopiló de información de los vacunados y las dosis que recibieron y se les toma declaración como testigos a quienes participaron de los hechos -ayer volvió a declarar Claudia Riveros, directora de jurídicos del Ministerio de Salud. El personal del Posadas que declaró en la causa, entre ellos su director Alberto Maceira, señalaron que las vacunas se daban por orden directa de Ginés González García o por funcionarios del Ministerio allegados a él que les decían quiénes debían vacunarse, aunque no estuviesen en el orden de prioridades.

Al expediente legaron otras denuncias en las que se marcó que había más personas que recibieron las dosis sin que les corresponda. La jueza Capuchetti entendió que no le corresponde a ella investigar esos casos ya que su causa es solo por las vacunas que estaban a cargo del Posadas. “Es importante dejar en claro que, si bien en la presente causa se investigan hechos relaciones con supuestas irregularidades en el plan de vacunación diseñado por la autoridad nacional, lo cierto es que el objeto procesal delimitado por el Ministerio Público Fiscal se encuentra restringido a aquellas vacunas que originalmente habían sido destinadas al Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas y que -en la hipótesis denunciada- habrían sido ilegítimamente desviadas a otros lugares y a otras personas”, sostuvo la magistrada y agregó que en ninguna de las nuevas denuncias se hace referencia a que las dosis sean del Posadas.

“Por esta razón, a los fines de no vulnerar la garantía de juez natural y habiendo adoptado las medidas de prueba permitentes, habré de remitir a las jurisdicciones que correspondan aquellos hechos que no se encuentren relaciones con ese objeto previamente delimitado por el Ministerio Público Fiscal”, agregó en su resolución para explicar por qué entendía que esas denuncias debían tramitar en otros juzgados.

Los nuevos casos

Tres expedientes pasaron a la Cámara Federal de La Plata para que se determinen los juzgados en los que se investigarán. Una denuncia fue de la diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña contra los jueces de la Suprema Corte bonaerense Genoud y Kogan por haberse vacunados en el hospital Cruce de Florencio Varela como personal de salud en enero y febrero, antes que les corresponda por la edad.

Una segunda causa fue iniciada por Yamil Santoro y otros dirigentes de Republicanos Unidos para que se investigue la vacunación en el hospital Juan Domingo Perón de Avellaneda de militantes kirchneristas que, según la denuncia, están vinculados a la Municipalidad de ese distrito.

El tercer expediente, también promovido por Santoro, es contra Soledad Quereilhac, esposa del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El nombre de Quereilhac apareció en la declaración que como testigo dio la escritora Beatriz Sarlo ante Capuchetti y Taiano. “Me ofrecieron la vacuna por debajo de la mensa”, había dicho públicamente Sarlo. Fue citada para determinar si tenía que ver con las dosis del Posadas.

La ensayista declaró que a fines de enero, a través de su editor, le llegó el ofrecimiento de vacunarse para lo que se pensaba como una campaña pública de concientización de parte de personas relevantes por las críticas a la vacuna Sputnik V que tuvo una denuncia por envenenamiento de parte de Elisa Carrió. Sarlo dijo que ese ofrecimiento fue de Quereilhac.

Otra de las causas fue remitida a la Justicia Federal de San Martín. Fue una denuncia presentada por Santoro contra Carlos Vizzotti, padre de la ministra de Salud. El dirigente opositor sostuvo que Vizzotti se vacunó en la localidad bonaerense de Escobar como personal de salud cuando es médico jubilado.

Las otras dos causas nuevas quedaron en los tribunales de Comodoro Py. Son denuncias de Ocaña. Una contra Moyano por haberse vacunado en el Sanatorio Antártida, de quien es director y que pertenece el gremio de los Camioneros. La segunda contra el Sindicato único de trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) para que se investigue la manera en la que distribuyeron y aplicaron la vacuna. Los dos expedientes quedaron a cargo del juez federal Daniel Rafecas.

Los nuevos jueces de los seis casos deberán primero determinar si son competentes para investigarlos. Si así lo entienden luego deberán derivar los casos a las Fiscalías para que formalmente se abra una investigación penal.

SEGUIR LEYENDO: