Amnistía Internacional solicitó la acción del Estado frente a la situación que atraviesa Formosa con las reiteradas denuncias de violaciones de derechos humanos. Paola García Rey, directora adjunta del organismo en Argentina, afirmó que si el Gobierno no responde acudirán a “instancia internacional”.
“¿Hoy en Formosa se están violando los derechos humanos? Absolutamente sí: hay detenciones arbitrarias, condiciones inhumanas de aislamiento, maltratos a niños detenidos en las minas condiciones que los adultos, mujeres y varones en los mismos lugares violando la intimidad”, manifestó García Rey. La directora de Amnistía reiteró una de las principales denuncias que surgen de los centros de aislamiento de Gildo Insfrán: “La gente entra a los lugares y no sabe cuándo va a salir; entran con hisopados negativos, por ser contactos estrechos, y en el día 14 cuando se supone que van a ser liberados, puedan dar positivo en el día 13 y van a foja cero, vuelven a empezar los días”. En ese sentido remarcó que en ocasiones “se extienden los aislamientos por más de 30 días”.
Días atrás el organismo le solicitó a la Secretaría de Derechos Humanos que condene los atropellos ocurridos en la provincia. Sin embargo, tras la visita de Horacio Pietragalla Corti, desde la cartera oficial respondieron que procesarían “la información recopilada para formular las observaciones y recomendaciones pertinentes”.
Este domingo, García Rey advirtió que “si no hay una respuesta desde el Estado provincial o desde el Estado nacional, tendremos que sin duda acudir a la instancia internacional para alertar lo que está ocurriendo en Argentina”. En declaraciones a La Once Diez, enfatizó que “es tan variopinto el esquema o el escenario de violaciones a los derechos humanos que estamos incluso pensando en ir a distintos relatores y procedimientos especiales de Naciones Unidas”.
Entre las posibilidades que baraja el organismo se encuentran “el Relator sobre Pueblos Indígenas, por las condiciones especiales de vulnerabilidad; el Comité de Niñez por la particularidad de las vulneraciones a los niños; el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias; y el Relator de Tortura por las condiciones inhumanas en que están siendo hospedados”.
En tanto, recordó que Amnistía comenzó a relevar “la situación de Formosa” desde el inicio de la cuarentena cuando el gobierno de Insfrán “empezó a implementar un sistema de cierre de fronteras donde personas habían quedado varadas en la ruta”. “Hoy la política de Formosa está marcada por una detención indiscriminada de personas en centros de atención sanitaria”, donde “ante aquellas personas que dan positivo de COVID-19, contactos estrechos de estas personas, contactos estrechos de los contactos estrechos y cualquier persona sospechada de tener COVID-19, la política sanitaria de Formosa es detenerla en estos centros en condiciones muy cuestionables en términos sanitarios e higiénicos. Se ha llegado a tapiar ventanas y puertas, cerrar llaves, con personas detenidas mezcladas unas con otras”, explayó.
“Esta situación es inaceptable 10 meses después de declarada la pandemia y con alternativas menos restrictivas de derechos humanos que se han implementado en otras provincias”, declaró García Rey. En ese sentido cuestionó que “llama la atención en un país que ha tenido un liderazgo en la política de derechos humanos a nivel internacional, pero hoy está en el banquillo y debe rendir cuentas por eso”.
Con respecto a la visita de Pietragalla a la provincia, “celebró” el gesto, “que se haya reunido con víctimas y familiares para relevar el estado de situación, pero su conferencia de prensa no logró iluminar sobre esa visita”.
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