La Sala de Feria de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, resolvió declarar la competencia de la justicia federal para entender en el habeas corpus colectivo y correctivo iniciado por el senador Luis Naidenoff por las violaciones a los derechos humanos en la provincia de Formosa.
La resolución, a la que accedió Infobae, lleva las firmas de los doctores Mariano Hernán Borinsky -Presidente-, Juan Carlos Gemignani y Daniel Antonio Petrone.
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El legislador Naidenoff denunció que en los centros gubernamentales de aislamiento formoseños se están produciendo violaciones a derechos humanos de índole constitucional y convencional tales como el derecho a la vida, a un ambiente sano, a la salud física y mental, a la privacidad, intimidad, a la circulación y el derecho a recibir un trato digno -entre otros-.
En su decisión, Casación resolvió por mayoría que la investigación quede a cargo de la justicia federal, en contra de lo que opinó el fiscal Federal de Casación, Omar Pleé, quien consideró que el caso debía continuar en el poder judicial formoseño.
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En sus fallos, los jueces que conformaron la mayoría, Borinsky y Gemignani, se apoyaron en las consideraciones que realizó la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando, en noviembre de 2020, y tras semanas de polémica por ciudadanos que no podían entrar al distrito, le ordenó a la provincia de Formosa que garantizara el ingreso de todos los ciudadanos que deseaban hacerlo.
Además, los jueces Borinsky y Gemignani destacaron que las medidas de aislamiento cuestionadas por el habeas corpus forman parte de una serie de decisiones tomadas a nivel nacional por la pandemia del coronavirus, por lo que en este caso, las provincias actúan como delegadas del gobierno federal y responden a disposiciones de orden nacional dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional.
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Con esta mayoría, Casación revocó la resolución de la Cámara Federal de Resistencia y la de la jueza federal de primera instancia a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Formosa, que habían decretado la incompetencia del fuero federal. Ahora, el expediente quedará a cargo de la jueza federal de Formosa, María Belén López Mace.
El juez Petrone, por su parte, se expresó en forma disidente y en consonancia con lo dictaminado por Pleé, cuyos fundamentos compartió.
La semana pasada, las concejalas formoseñas Gabriela Neme y Celeste Ruíz Díaz, que habían denunciado las “condiciones inhumanas” en un centro de aislamiento por Covid-19 de esa provincia, fueron detenidas mientras se manifestaban en la puerta de una escuela de la ciudad capital.
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Las mujeres fueron apresadas por efectivos policiales mientras protestaban por la situación de 19 personas que, a pesar de haber dado negativo de coronavirus, fueron obligadas a realizar el confinamiento en la escuela donde estaban llevando a cabo la manifestación.
Tras permanecer detenidas una hora, ambas concejalas fueron liberadas. En los primeros días de enero, la ciudad de Formosa -junto a otras de la provincia- volvió a la fase 1 de la cuarentena, por lo cual las fuerzas de seguridad siguen un estricto protocolo que no permite ningún tipo de aglomeraciones en la vía pública.
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En ese marco, oficiales de la Policía arrestaron a las concejalas, mientras eran grabados por los teléfonos celulares de los vecinos que también se encontraban en la puerta de la escuela.
Como consecuencia de esta polémica y de otros detalles del manejo de la pandemia de Formosa, este miércoles llegó a la provincia el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, acompañado de una comitiva para supervisar los centros de aislamiento por coronavirus.
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El funcionario llegó a la provincia del nordeste del país en medio de protestas de vecinos, organizaciones civiles y sectores de la oposición por las condiciones de hacinamiento en los centros de aislamiento.
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