El proyecto para ocupar la Procuración provocó un dilema político para el Presidente

Tras la sanción el viernes en el Senado a la media sanción del proyecto de reforma a la ley que reforma la elección del Procurador General de la Nación -el jefe de los fiscales nacionales y federales-, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, analiza cuál será el futuro en lo que queda del año de esa iniciativa.

Con la sanción del Senado el proyecto pasó a la Cámara de Diputados. Ya no hay tiempo parlamentario para tratarlo en sesiones ordinarias. La única alternativa es que sea en extraordinarios. El temario de ese tipo de sesiones es facultad del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, es Fernández quien tiene que decidir si la ley de Procuración estará o no en ese temario.

Fuentes con acceso al Presidente le dijeron a Infobae que Fernández duda qué hacer. Todavía no definió una postura y cualquier decisión que tome tendrá trascendencia política. Ponerlo en extraordinarias es un aval a la iniciativa que desde el Senado partió directamente de los senadores que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner pero también recibir las críticas a la iniciativa que desde la justicia y la oposición le hacen al proyecto. Y no enviar el tema profundizaría las diferencias entre el Presidente y su vice.

Todo se da en el medio de las críticas de los fiscales al proyecto. La semana pasada 80 fiscales enviaron una nota al Senado en la que objetaron las modificaciones. Los propios fiscales advierten que en caso que el proyecto se convierta en ley será judicializado. El tema ya se analizó en la Asociación de Fiscales y en la Asociación de Magistrados. Coinciden que la Constitución Nacional establece que el Ministerio Público es un órgano extra poder que no depende ni del Ejecutivo ni del Judicial. Pero agregan que el proyecto le da una injerencia al gobierno que excede el marco de la Constitución Nacional.

El proyecto aprobado por el Senado establece cambios a la forma de designar al Procurador General. Se pasa de una mayoría agravada de dos tercios de los votos del Senado a una mayoría simple de votos. Otro cambio es que el mandato del Procurador pasa a ser vitalicio a cinco años con la posibilidad de un nuevo nombramiento consecutivo del mismo período. También se estableció que la designación no puede ser en un año de elecciones presidenciales.

El Senado también fijó que en caso que el cargo esté vacante -como ocurre ahora con Eduardo Casal porque es interino- la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación podrá designar a un Procurador momentáneo entre todos los fiscales hasta que se designe al titular.

Por otra parte, el proyecto reforma el Tribunal de Enjuiciamiento que juzga a los fiscales por mal desempeño de sus funciones. Mantiene el número de siete integrantes para el Tribunal pero modifica su integración. Actualmente es de un representante del Poder Ejecutivo, uno del Senado, uno de las universidades nacionales, dos abogados y dos fiscales. El proyecto con media sanción pasa a un representante del Poder Ejecutivo, tres de la Comisión Bicameral (dos de la mayoría y uno de la minoría), uno de las universidades nacionales, un abogado y un fiscal. Y sus mandatos se reducen de tres a dos años. Así, los representantes de la política se multiplican de dos a cuatro, de los cuales tres son del oficialismo.

El proyecto no cambia el requisito de dos tercios de los votos del Tribunal -cinco- para destituir a un fiscal.

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