A diez días del informe, Alberto Fernández aún no decide qué hará con el trabajo de la comisión que propone reformar la Corte

A diez días de que la comisión de juristas entregara sus recomendaciones sobre las reformas de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público, el presidente Alberto Fernández todavía no recibió el informe y se tomará tiempo para evaluar cuáles propuestas se convertirán en proyectos de ley. Así lo admitieron a Infobae fuentes cercanas a la Casa Rosada, al señalar que el jefe de Estado considera que no hay apuros ni plazos para analizar las conclusiones de los expertos.

El 18 de noviembre pasado, los once integrantes del consejo consultivo que fueron convocados por Alberto Fernández dieron por terminado su trabajo. El coordinador del grupo designado por el Ejecutivo, Fabián Musso, se encargó de terminar la edición. Y le envió un mensaje a la ministra de Justicia Marcela Losardo para informarle que estaba en condiciones de entregar el trabajo “en el momento y modo en que el Presidente lo disponga”. Por el momento, no hubo novedades.

Fuentes cercanas a la Casa Rosada indicaron a Infobae que Fernández buscará el momento para tener acceso al informe. Su intención sería convocar a los miembros del consejo para charlar con ellos sobre cómo fue el trabajo y evaluar las consideraciones. Y luego trabajar con sus recomendaciones para ver cuál de esas iniciativas se convierten en proyectos de ley para que vayan al Congreso.

Justo cuando la comisión elevaba su informe, el Senado decidía avanzar sobre uno de los puntos claves que se puso bajo análisis: la Procuración General, la forma de elección y la duración del mandato.

Precisamente, la comisión, por seis votos a cinco, se inclinó por recomendar que se cambie la ley para que el jefe de los fiscales ya no sea electo por una mayoría de dos tercios del Senado sino por la mitad más uno de sus miembros. Por eso, en algunos despachos, las conclusiones fueron leídas en sintonía con la intención del kirchnerismo en el Senado.

Lo cierto es que más allá de este punto en particular, que ya avanza rumbo a una ley, las evaluaciones del consejo incluyeron otras reformas integrales en el mundo judicial. Como la creación de un tribunal intermedio previo a la Corte Suprema o una reestructuración clave en el Consejo de la Magistratura, que minimice la injerencia del rubro político y sume peso al sector más judicial, con 16 integrantes en el seno del organismo que selecciona y controla a los jueces. Nada que no vaya a provocar ruido si se pone en marcha.

Los integrantes del consejo asesor fueron los abogados León Arslanian, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra y Marisa Herrera, y los jueces de distintas cortes del país Inés Weinberg de Roca (CABA), Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán), María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego) y Omar Palermo (Mendoza), junto al ex juez de España Enrique Bacigalupo.

Aun no se conocen las más de mil páginas que sustentan trabajo de los profesionales, que habían sido presentado oficialmente por el presidente el 29 de julio en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Solo trascendieron algunos puntos de las recomendaciones que le dejaron asentadas en el informe, pero ni siquiera están detalladas las fundamentaciones a través de las cuales sostuvo cada uno su postura. El trabajo consta además de lo que dijeron cada uno de los expositores. Lo que no tiene el informe son conclusiones, añadieron las fuentes.

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