La oposición reclamó que el Gobierno convoque a los gobernadores para coordinar medidas frente a la pandemia del coronavirus

Luego de la reiteración de las complicaciones que se registran en varias provincias por las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus, la Coalición Cívica instó al Ejecutivo a convocar a los gobernadores para resolver de manera urgente una “coordinación institucionalizada”. “Vemos con mucha preocupación como el país se está desmembrado, con un gobierno ausente”, plantearon sus autoridades en un documento.

“Vemos con mucha preocupación como el país se está desmembrado, con un gobierno ausente”, advirtieron los legisladores y aseguraron que “estamos alarmados por la ausencia de gestión de la Jefatura de Gabinete y la anomia que esto genera en el territorio multiplicando así los problemas y dejando a los ciudadanos huérfanos y víctimas de los excesos y arbitrariedades”.

“La convocatoria debería producir un mecanismo institucionalizado de coordinación interjurisdiccional, conducido por el Jefe de Gabinete o por el órgano competente seleccionado o creado al efecto, con objetivos básicos de armonización de las normativas locales o provinciales regulatorias de las medidas aplicables derivadas de las políticas de salud pública referidas a la prevención, tratamiento, mitigación y lucha contra la pandemia producida por el COVID-19, en el marco del ordenamiento jurídico nacional vigente”, indica el proyecto de la CC ARI.

La iniciativa fue trabajada e impulsada por los diputados Mariana Zuvic, Maximiliano Ferraro y otros integrantes del bloque.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su Acuerdo del 10 de septiembre de 2020, en varias causas iniciadas por particulares contra distintas provincias argentinas, en materia de medidas cautelares y amparos, en las que se plantean cuestiones relativas a restricciones a la circulación o acceso a las provincias demandadas en el marco de la pandemia por COVID-19, resolvió requerir a las provincias de San Luis, Córdoba, Formosa, Corrientes y Salta que, en un plazo perentorio, presentaran los informes que el Tribunal estimaba necesarios con relación al objeto de dichas demandas.

“Esta decisión del máximo órgano del Poder Judicial nos pone en alerta, no solamente con respecto al peligro de la inconstitucionalidad de muchas de las medidas tomadas por las distintas jurisdicciones (nacional, provinciales, de la CABA o municipales), con el argumento de luchar contra la pandemia y cumplir estrictamente el ASPO y escudándose en autonomías y soberanías, muchas veces interpretadas dudosa o sesgadamente; sino con relación al surgimiento creciente de actitudes de violencia institucional violatorias de los derechos humanos de los habitantes de nuestro país”, aseguraron los diputados.

El tribunal reconoce que el artículo 10 del decreto 297/20 establece que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen a su cargo el dictado de las medidas necesarias para implementar el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), pero, en las excepcionales y específicas circunstancias de cada caso, aparece un exceso en el ejercicio de las atribuciones de las autoridades provinciales, en coordinación con las nacionales.

En ese contexto, los legisladores de la CC ARI pidieron “convocar a todos los gobernadores provinciales y al Jefe de Gobierno de la CABA para resolver este tema urgentemente, por sus implicancias constitucionales e institucionales y por una profunda influencia en la defensa de los derechos humanos, en el mantenimiento de la paz social y en el armónico funcionamiento de nuestro sistema federal de gobierno”.

Durante la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, la CC- ARI presentó un proyecto de resolución para crear un Comité de Emergencia Interpoderes de Seguimiento y Control para lograr la coordinación, cooperación, ayuda mutua y solidaridad de los poderes públicos del Estado en la concertación y ejecución de las políticas públicas frente a la pandemia.

“No fuimos escuchados y el Poder Ejecutivo Nacional monopolizó toda acción que implicara la puesta en marcha, coordinación, articulación y seguimiento de las medidas de emergencia derivadas de las políticas de salud pública, no siempre con los mejores resultados, como las evidencias lo comprueban en la actualidad”, advirtieron los diputados de la CC ARI.

También la CC ARI presentó proyectos de resolución con el propósito de impulsar un Programa de Acción Conjunta por los Derechos Humanos en la Pandemia, a cargo del Gobierno Nacional, entre el Congreso, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, con la participación de los gobiernos provinciales y de la C.A.B.A. y de las entidades representativas de la sociedad civil.

“Nuestras iniciativas duermen el sueño de los justos en varias de las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación esperando una oportunidad política que nunca llegará”, agregaron.

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