Espionaje ilegal: allanaron la cárcel de Ezeiza en busca de documentación sobre los llamados presos K

El juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé y la fiscal Cecilia Incardona allanó este jueves la cárcel de Ezeiza y otras diligencias penitenciaras, en el marco de la causa que investiga el espionaje ilegal durante el macrismo, confirmaron a Infobae fuentes judiciales. La misión era buscar documentación relacionada a los llamados “presos k” que habrían sido vigilados mientras estaban alojados en el IRIC.

Se trata de un impulso a la causa en la que se investiga el capítulo del espionaje sobre detenidos. El ex juez de la causa Federico Villena ya había dispuesto allanamientos tanto en la cárcel como en dependencias del Servicio Penitenciario Federal, pero su sucesor y la fiscal Incardona decidieron volver a disponer procedimientos.

Según confirmaron las fuentes, los allanamientos comenzaron este mediodía, con la presencia de la fiscal Incardona y finalizaron sobre la medianoche. La interventora del SPF María Laura Garrigós fue había sido notificada y participó personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Puntualmente, se reclamó secuestrar “toda documentación y/o legajos y/o biblioratos y/o cuadernos y/o expedientes y/o cualquier tipo de anotación y/o registro y/o archivo, sean en formato papel y/o digital y/o cualquier otro, relacionada con las personas que estuvieron y/o continúan alojadas en el sistema de intervención para la reducción de índices de corruptibilidad (I.R.I.C.)”.

Tal como reveló Infobae a mediados de junio, en el teléfono de uno de los espías investigados, Leandro Araque, aparecía un documento Excel con el listado de los presos en la mira: la causa por la que estaban tras las rejas, su abogado y contactos, y quién se encargaba de escuchar sus conversaciones.

Allí estaban: Antonio Lázaro Baez; Cristobal López; Julio de Vido; Roberto Baratta; Jorge Oscar Chueco; Víctor Alejandro Manzanares; Oscar Thomas; Fernando Esteche; Juan José María Olazagasti; Fabián de Sousa; Rafael Enrique Llorens; Daniel Rodolfo Pérez Gadín; Carlos Santiago Kirchner, Gerardo Luis Ferreyra, Claudio Minichelli, Atanasio José Pérez Osuna, Juan Pablo Medina, César Milani, Nelson Javier Lazarte, Enrique Omar Suárez y Rafael Resnik Brenner.

Puntalmente, en el celular de Araque, había además un cuadro sobre César Milani. De su foto, surgían datos sobre su ámbito familiar y carcelario, sus vínculos de amistad y políticos o las visitas que recibiría en la unidad penitenciaria.

El juez Augé ordenó las diligencias en la sede de la Dirección Principal de Análisis de la Información, en la calle Varela 266, donde funcionaba el área de inteligencia penitenciaria. También en la sede de Asuntos Internos del SPF, en la calle Rondeau al 2700, y en la Dirección Nacional del SFP en la calle Lavalle al 2700. Pero también en la sede del Complejo Penitenciario Federal I, de Ezeiza, “con la finalidad de proceder al registro y secuestro de toda evidencia relacionada con las personas privadas de libertad que hubieran sido alojadas en el IRIC, el funcionamiento, organización, informes resultante del seguimiento y/o monitoreo de dichas personas y/o el funcionamiento del mencionado sistema”.

“Surgiría que la evidencia mencionada es suficiente para sostener la sospecha cierta de que funcionarios de las máximas jerarquías del Servicio Penitenciario Federal habrían llevado a cabo un plan para controlar y vigilar todos los movimientos, conexiones y actividades que desarrollaron las personas privadas de la libertad incorporadas por ellos al Programa IRIC, que principalmente incluyó a ex funcionarios públicos imputados de haber cometido actos de corrupción. Tal mecanismo habría desviado su finalidad legal y se habría convertido en una fuente de información que luego era utilizada para distintos fines, y compartida presumiblemente a la Agencia Federal de Inteligencia”, sostiene la resolución firmada por Augé a la que accedió Infobae.

De acuerdo a los fiscales, “posiblemente funcionarios públicos que ocuparon las máximas jerarquías dentro del Servicio Penitenciario Federal habrían desplegado las acciones ilícitas arriba detalladas, valiéndose del aparato estatal que les tocaba dirigir, constituyéndose así como una de las ramas de la organización criminal investigada en estas actuaciones”. “Por lo tanto, resulta necesario a criterio del Ministerio Público proceder al registro domiciliario de algunas dependencias del organismo mencionado, con la finalidad de encontrar nueva evidencia, principalmente documental, que permita avanzar sobre este aspecto de la investigación”, se añadió.

La causa apunta a “una organización criminal dedicada a la realización de actos de espionaje interno desde el Estado Nacional, Provincial y Local”, a través de agentes de inteligencia o miembros de fuerzas de seguridad, “en distintos períodos y abarcando diversas jurisdicciones”. En ese contexto, el expediente planteó dos tramos: uno destinado a seguimientos a políticos, jueces, gremialistas y periodistas y en donde sobresalían la vicepresidenta Cristina Kirchner, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y su vicejefe Diego Santilli o los ex diputados del PRO Emilio Monzó y Nicolás Massot; y otro que ponía la mira en las vigilancias que se hicieron a detenidos ligados a causas kirchneristas.

Ese expediente, que nació por la revelación de un narcotraficante, estuvo en manos del juez Villena hasta que el 3 de julio último la Cámara Federal de La Plata lo apartó del caso por temor de parcialidad. Para ese entonces, el juez había detenido a una veintena de espías y a la funcionaria de la gestión de Macri en la Casa Rosada Susana Martinengo, quien tenía trato con dos de los espías involucrados –Araque y Jorge Sáenz–.

El tema pasó a manos del juez Augé, quien ya tenía otra causa paralela: la del espionaje ilegal a CFK en el Instituto Patria que había radicado la interventora de la AFI Cristina Caamaño en febrero pasado. Los dos expedientes se fusionaron y quedaron delegados en la fiscal Incardona y su colega, Santiago Eyherabide. Tras dejar en libertad a todos los detenidos, el caso avanzó sobre el capítulo del Patria en donde fueron indagados y procesados los ex directivos de AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto al ex director de Contrainteligencia Martín Coste y el ex encargado de Operaciones Especiales Alan Ruiz.