Moratoria impositiva en Diputados: el oficialismo da una semana más de debate

El proyecto de moratoria para reestructurar el pago de deudas impositivas y previsionales que el Poder Ejecutivo envió al Congreso dio hoy el primer paso para la obtención de la media sanción. Pero atrasó el debate y postergó por una semana el dictamen que preveía buscar este mediodía. Así lo avisó el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, al inicio de la reunión de hoy, que arrancó pasadas las 11 y se prolongó, sin sobresaltos, por poco más de dos horas: “Nuestro objetivo no es sacar dictamen el día de la fecha, vamos a convocar a otra reunión para el martes que viene, nuestro objetivo es sacar allí el dictamen”, aseguró el diputado, una decisión que fue celebrada por sus colegas de Juntos por el Cambio.

Desde la oposición, en la previa, el presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, había anticipado que la ampliación de la moratoria impositiva que giró el Ejecutivo, y que incluye a personas físicas, monotributistas y grandes empresas, entre otros beneficiarios, “va a salir”. Sin embargo, desde el interbloque opositor insistieron hoy con una serie de modificaciones.

Con especial hincapié no solo en algunos detalles vinculados a los tiempos que prevé la moratoria, si no a lo que llamaron una “amnistía” y un “traje a medida de las necesidades de Oil Combustibles”.

“Lo que tiene adentro (el proyecto) es lo que denomino una ley de amnistía, que como bien se ha dicho es un traje a medida de las necesidades judiciales de Oil Combustibles. Esto está sentando un precedente negativo, señor presidente”, remarcó Luciano Laspina, del PRO, en alusión a la compañía de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Souza. La senadora Laura Rodríguez Machado y Mario Negri, jefe del interbloque de Cambiemos, ya habían mostrado reticencia desde la oposición antes de la reunión de comisión.

“Es una cuestión inédita, que es la incorporación a la moratoria a los quebrados sin continuidad”, machacó Laspina.

En la misma línea opinaron casi todos los diputados de Juntos por el Cambio. Pero no fueron los únicos: la bancada que responde al ex ministro Roberto Lavagna también cargó en ese sentido. Aunque con matices.

“No creo que haya un traje a medida. Yo diría que este es un traje de muchos talles. Creo que es a la medida de muchos. De ninguna manera entendemos que aquellos quebrados, que son por razones previas a la existencia de este fenómeno sanitario, deben ser incluidos en la moratoria. Primero porque sus causas nada tienen que ver con la pandemia. Hay quiebras fraudulentas, y nadie desconoce que entrar a la moratoria implicar reducir pasivos o extinguir los procesos penales que pueda haber por esa quiebra fraudulenta. Nos parece inadmisible que puedan ingresar”, dijo Jorge Sarghini, sin alusión a nombres de empresas ni empresarios.

Darío Martínez, del Frente de Todos, fue uno de los encargados de contestar, aunque sin grandes cruces, a diferencia de otros debates. “Esta moratoria no tiene ningún sentido de ir por la particularidad. Esto está claro. No hay ninguna modificación buscando beneficiar a uno u otro”, subrayó.

Pero fueron Facundo Suárez Lastra y Miguel Bazze, de la UCR, los que volvieron a insistir con el tema. “Estamos haciendo algo que no corresponde, que empresas que están quebradas y que hay procesos avanzados de establecer procesos fraudulentos en esas quiebras puedan ser beneficiadas. Es con todos, coincido, pero sin los que se apropiaron de los recursos públicos para financiar sus actividades”, dijo el primero.

Para Bazze, se trata de un “buen proyecto, pero mejorable”: “Sería un grave error del oficialismo incorporar esto en esta ley, y termina en definitiva salvando a empresas que están en situación de quebranto desde mucho antes de la pandemia y por situaciones absolutamente distintas a las generadas por el COVID-19″, agregó.

La ampliación de la moratoria enviada por el Gobierno beneficiará, según fuentes oficiales, tanto a personas humanas como a empresas en el marco de la emergencia por el COVID-19. Alcanzará una deuda total de $534.000 millones y se pensó para incluir a quienes quedaron fuera del régimen establecido en la Ley de Solidaridad Social, aprobada en diciembre pasado.

El texto establece que se podrán adherir quienes tengan las deudas vencidas hasta el 30 de junio de 2020, aunque la primera cuota tendrá como fecha de vencimiento el 16 de noviembre. La oposición quiere modificar ese cronograma.

La tasa de interés se fija en 2% mensual hasta enero de 2021, para luego pasar a una tasa variable en pesos. Los planes de cuotas estarán entre 96 y 120 según la dimensión de cada empresa o persona pero se reducen a plazos de 48 o 60 cuotas para las deudas de seguridad social.

Laspina, economista y ex presidente de dicha comisión, lleva adelante la estrategia opositora sobre la base de cinco puntos:

En primer lugar, Juntos por el Cambio reclama un “premio” a contribuyentes cumplidores hasta la fecha y también incentivo/premio por seguir al día hasta fin de año. “Hay que hacer un reconocimiento a todos aquellos que han hecho un gran esfuerzo, a los buenos pagadores”, señaló el radical Atilio Benedetti, integrante de la comisión. El entrerriano manifestó también que su bloque coincide con que hay que tener una moratoria “amplia” y “generosa”, términos que la semana pasada utilizaron el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont al defender la iniciativa en un intercambio con legisladores.

El segundo punto que plantea la oposición es excluir el Impuesto a las Transferencias de los Combustibles (ITC); el tercero es extender el plazo hasta el 31/07; el cuarto eliminar la excepción de incorporar a empresas en quiebra sin continuidad de operaciones y finalmente evaluar una reforma transitoria de la ley de quiebras que evite “una masacre de empresas en los próximos seis meses”.

“Hay deudores que tiene mayor espalda y deudores más débiles. Por eso hacemos la distinción para las micro, pequeñas y medianas empresas respecto a las condiciones para las grandes empresas”, explicó sobre la ampliación Marcó del Pont, en la reunión de comisión del jueves pasado.

Kulfas indicó que la ley “es de vital necesidad para pensar la economía de la post pandemia” y que “hay que darle una oportunidad a todos los que están caidos” mientras que Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, consideró que “la moratoria es una herramienta para volver a crecer”. Subrayó que la moratoria “permite que desde una gran empresa hasta el último monotributista social, puedan acceder a un programa de facilidades que involucra más de $ 500 mil millones que los argentinos van a poder regularizar frente al fisco”.

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