Allanaron la planta de Atanor en San Nicolás por una denuncia por contaminación

Lo ordenó el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo por pedido del fiscal Matías Di Lello. Según la acusación la firma vierte líquidos contaminantes al río Paraná y entierra residuos tóxicos en la zona

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Por orden del juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, efectivos del Departamento Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina allanaron la planta de la firma Atanor ubicada en la ciudad de San Nicolás. El procedimiento se realizó en el marco de una causa que se inició a partir de una denuncia de vecinos de la zona. En esa presentación pidieron que se investigue la probable comisión por parte de la empresa de delitos tipificados en la ley de residuos peligrosos y de conservación de fauna silvestre.

Desde hace varios años los pobladores del lugar vienen realizando denuncias públicas por contaminación y otras actividades desplegadas por la empresa. Entre las conductas denunciadas figuran escapes de gas, vertido de efluentes líquidos contaminantes al río Paraná sin autorización, tendido de caños clandestinos, enterramientos de residuos tóxicos en zonas de la barranca del mencionado curso de agua, riego con sobrante de líquidos contaminantes y deficiencias edilicias y tecnológicas.

En esa presentación, los vecinos manifestaron que sufrieron daños en la salud, y señalaron que el Barrio Química -donde está ubicada la planta- tiene un alto índice de mortalidad y que esto podría tener relación con los delitos denunciados.

En el pedido de allanamiento el fiscal federal Matías Di Lello citó una resolución dictada por la Autoridad Nacional del Agua luego de una inspección a la planta hecha en noviembre de 2016 de la que se desprendía que Atanor no contaba con los permisos de vuelvo al Río Paraná. En ese documento la ANA sostuvo que “existen elementos de juicio conforme a las circunstancias puestas de manifiesto en el acta de inspección y en el consecuente informe técnico, que revelan que la conducta de la administrada constituye un peligro potencialmente grave” y agregó que la existencia de manifiestas irregularidades en cuanto a los requisitos legales para el vertido de los efluentes “constituiría una afectación a la salud pública, a la preservación del ambiente y al bienestar social.”

Asimismo, el fiscal, entre otros antecedentes, mencionó también que oportunamente el Departamento Delitos Ambientales de la Policía Federal sugirió que, por su experiencia en el tema y teniendo en cuenta lo denunciado por la parte querellante, se debería llevar a cabo una trazabilidad de los vertidos a fin de descartar la presencia de caños clandestinos.

En su resolución el juez federal Villafuerte Ruzo ordenó que se realice una inspección general del lugar para examinar el proceso productivo en general, comprobar el modo de disposición y tratamiento de los residuos y que se tomen muestras líquidas y sólidas a fin de comprobar el nivel de contaminación denunciado. Además ordenó que del procedimiento participe un oficial de la Prefectura Naval quien a principios de febrero de este año realizó una inspección ocular en el marco de esta causa e identificó la existencia de dos desagües sobre el río Paraná provenientes de la empresa Atanor.

Asimismo, se realizaron tareas para constatar la existencia de caños clandestinos, el entierro de residuos peligrosos y riego con líquidos contaminantes en la zona de la barranca sobre el río Paraná.

Por otro lado, en el marco de otra causa, la Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento de Miguel Angel González y Jorge Julio Domínguez, directivos de la empresa Atanor y del Ingenio Concepción por el delito de contaminación ambiental dentro de la jurisdicción del aeropuerto internacional Benjamín Matienzo. En ese lugar hay dos canales por los que corre agua contaminada.

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