Pocas horas después de que el presidente Alberto Fernández y gran parte del gobierno cuestionaran el accionar policial en Chaco contra una familia de la comunidad Qom, el representante de la ONU en Argentina emitió un comunicado en el que dijo que están “consternados por la violencia policial” y exigió que investiguen “con urgencia” lo sucedido en el operativo que desató la agresión a toda una familia en medio de un operativo sanitario por la pandemia de COVID-19.
El representante de las Naciones Unidas en la Argentina, Roberto Valent, y Jan Jarab, representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, advirtieron hoy que la discriminación racial en el caso de violencia por parte de policías ocurrido en la localidad de Fontana, Chaco, exige una investigación para evitar la “revictimización”.
“Estamos consternados por la violencia con que se realizó este operativo. La función policial debe en todo momento observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, así como la prohibición internacional de tratos crueles o degradantes”, comentaron en el comunicado de la ONU tanto Valent como Jarab, quienes expresaron solidaridad con las personas afectadas.
A la vez, los representantes de Naciones Unidas en el país alegaron que “el apego a las normas internacionales que rigen la actuación policial es aún más fundamental debido al papel de las policías al implementar las medidas extraordinarias frente a COVID-19. Cualquier respuesta a la pandemia debe ser proporcional y no discriminatoria”, recordaron.
El domingo por la madrugada, un grupo de agentes de la policía chaqueña ingresó a la fuerza a un domicilio de una familia de la comunidad Qom en la localidad de Fontana. Durante el violento operativo dentro de la casa, se llevaron detenidos a cuatro jóvenes, entre ellos a dos mujeres, una menor de edad. A las pocas horas, tras ser puestos en libertad, denunciaron abusos sexuales y torturas dentro de la comisaría. Además, en la acusación realizada ante la Justicia se describe que los jóvenes recibieron una golpiza y terminaron con heridas en el rostro y en el cuerpo.
Según pudo confirmar Infobae de fuentes del caso, la fiscalía de Derechos Humanos a cargo de Liliana Beatriz Irala junto a la fiscal Ingrid Wenner, quien estaba de turno al momento del hecho, ya tomaron intervención en el caso y mañana se espera la indagatoria de los agentes involucrados, quienes aguardan en libertad, y de las víctimas del caso.
Ante estos hechos, la ONU exigió que “las autoridades competentes deben investigar con urgencia cada una de estas alegaciones, evitando la revictimización y garantizando protección frente a posibles represalias”.
A la vez, los representantes de la ONU destacaron en el comunidao emitido hoy que “las autoridades del país deben establecer el rol que juega la discriminación racial en este caso, considerando la marginación e invisibilización histórica que enfrentan los pueblos indígenas en Argentina". Pero también instaron a identificar la persistencia de este tipo de patrones en la cultura institucional de las fuerzas de seguridad.
“En el mundo hemos visto cómo la actuación policial inadecuada y discriminatoria ha desencadenado importantes fenómenos de descontento social”, comentaron. “Por ello, las autoridades deben tomar medidas decididas para erradicar de la cultura policial los estereotipos nocivos, y para relacionarse con las comunidades vulnerables desde un enfoque de empoderamiento y colaboración”, dijeron los representantes de la ONU quienes tomaron nota de las acciones emprendidas frente a este caso por las autoridades provinciales (en especial el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Derechos Humanos y Género y la Fiscalía de Derechos Humanos) y federales (mediante la delegación provincial del INADI), así como el acompañamiento de organizaciones locales a las víctimas.
El presidente Alberto Fernández ayer cuestionó el accionar policial y dijo que las imagenes de los indígenas castigados por la policía eran “inaceptables”. Tras estas expresiones del Presidente llegó el comunicado de la ONU donde también Valent y Jarab reiteraron la disposición y compromiso de las Naciones Unidas para cooperar con el país en sus esfuerzos para proteger los derechos humanos de todas las personas, sin dejar a nadie atrás.
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