Una agrupación opositora de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) dispuso un paro de 24 horas para mañana en diversas líneas metropolitanas de colectivos, medida que fue considerada ilegal por el sindicato y atribuida a “razones de especulación política y defensa de oscuros intereses”.
La protesta afectará el servicio en las líneas del Grupo DOTA, donde tiene peso la oposición a la cúpula de la UTA, y fue decidida “para terminar con las desigualdades a la baja en la remuneración” y para “exigir (a la conducción del sindicato) que garantice y proteja los derechos de los trabajadores”.
Tal como sucedió el 30 de abril pasado, durante la última medida de fuerza dispuesta por los opositores, el paro causará trastornos en las líneas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 101, 106, 107, 108, 117, 130, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177 y 188.
El conflicto pone una vez más en evidencia el choque entre el líder de la UTA, Roberto Fernández, y el titular de la agrupación opositora Juan Manuel Palacios, Miguel Angel Bustinduy, quien encabezó los graves incidentes que se produjeron en diciembre en la sede del sindicato, donde un grupo entró por la fuerza, destrozó muebles y robó computadoras, televisores y hasta un árbol de Navidad.
En los disturbios hubo ocho heridos, como producto del enfrentamiento entre choferes oficialistas y opositores, y durante la toma del edificio Roberto Fernández tuvo que atrincherarse en el techo y prometió “matar a fierrazos” a quienes quisieran llegar hasta adonde estaba él para enfrentarlo.
Bustinduy formaba parte de la conducción del sindicato, pero rompió con el oficialismo de Fernández y presentó una lista opositora en las elecciones de octubre pasado, que fue impugnada. La agrupación disidente fue apadrinada por Hugo Moyano, de muy mala relación con el jefe de la UTA.
El 30 de abril, este mismo sector opositor comenzó un paro de actividades (al que se sumó la UTA) en reclamo de que se cumpliera el nuevo protocolo de seguridad que dictó la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que los obligaba a usar barbijos.
Ahora, uno de los motivos por el cual Bustinduy declaró también es “la dramática y crítica situación salarial en que se encuentran los conductores de larga distancia como los trabajadores del interior”.
Los opositores aludían al paro de colectiveros que hay en distintas provincias por la falta de pago de los sueldos, aunque esta tarde se alcanzó un acuerdo entre el gremio, la cámara patronal y los funcionarios de Trabajo y Transporte, por lo que a medianoche se levantará la protesta en casi todas las provincias. El conflicto ya se había solucionado en Santa Fe, Tucumán, Chaco y San Juan.
Con respecto al paro dispuesto por la oposición para mañana, el secretario de Prensa de la UTA, Mario Calegari, dijo a Infobae que “el paro es para DOTA y no para el transporte en general porque la UTA no ha decretado ninguna medida de fuerza y desconoce” la que impulsa Bustinduy, a quien calificó como “una persona que no es dirigente, no es delegado, no tiene ningún cargo estatutario y no es nada”.
Consultado sobre qué está buscando el dirigente opositor con esta protesta, Calegari dijo que “está más cerca del sector empresario que de los trabajadores: está buscando subsidios”.
En un comunicado, la UTA destacó que “desautoriza y manifiesta la ilegalidad de esta pretendida medida de fuerza”, al tiempo que manifestó que “llama la atención que, por razones de especulación política y en defensa de oscuros intereses, se lancen a este tipo de maniobras en medio del drama de la pandemia que estamos atravesando”.
“Nosotros, la UTA, comprendemos la gravedad de la emergencia y afrontamos nuestras responsabilidades cumpliendo con las directrices de lo que el Gobierno ha dispuesto -agregó el texto del sindicato-. Transportamos a los trabajadores de las actividades esenciales y corremos los riesgos que este accionar implica, apelando a la unidad y a la paz y la esperanza, y ellos en cambio eligen dividir y privilegiar sus mezquinas aspiraciones”.
Además, el gremio de Fernández denunció: “Queremos informar y alertar que detrás de esta maniobra hay un empresario, un tal M. Faija, que tiene una comprensión limitada y una mirada y un proyecto menor para nuestra actividad, y quien, persiguiendo con egoísmo su propio interés, fogonea el enfrentamiento de Bustinduy con las autoridades del gremio”.
Los opositores, a su vez, consideraron que el secretario general de la UTA “ha abandonado a su suerte las reivindicaciones de los trabajadores del interior del país” y “ha fragmentado y debilitado, en su propio beneficio, y con oscuros intereses comerciales, esa histórica hegemonía y unidad (del sindicato), destrozando la estructura gremial de la institución”.
Por eso le pidió a Roberto Fernández que “deje de esconderse en sus compromisos con las empresas, y definitivamente garantice y proteja los derechos de los trabajadores, imperativo legal ignorado permanentemente en su gestión”.
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