La Cámara Federal porteña modificó los turnos de los juzgados por la avalancha de casos contra los que violan la cuarentena por el coronavirus

A partir de los decretos de Necesidad y Urgencia DNU) firmados por el presidente Alberto Fernández por los cuales se aplican artículos del Código Penal para aquellos que violen la cuarentena por el coronavirus, los casos judiciales que se abren en la Capital son tramitados en la justicia federal porteña.

Son los jueces, fiscales y camaristas que habitualmente tienen a su cargo las investigaciones por casos de corrupción en la que están imputados funcionarios o ex funcionarios del la administración pública nacional , los que tiene que manejar los expedientes de los que violan el aislamiento obligatorio.

En una etapa de normalidad, cada juzgado está de turno durante 15 días con las fuerzas de seguridad. Es decir que en esas dos semanas todos los casos en los que intervenga la policía Federal, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura y la Policía de Ciudad, por casos federales (narcotráfico, trata de personas, secuestros, etc.) son derivados al mismo juzgado.

Según se estableció mediante los DNU quienes violen el aislamiento serán denunciados por la comisión de los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del Código Penal. El último establece que “Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal".

La otra figura legal está dentro del Capítulo IV del Título VII del Código Penal que tipifica los delitos contra la salud pública. Así el artículo 205 dice que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia".

Cuando comenzó hace unos días la obligatoriedad de guardar aislamiento para aquellos que volvieron del exterior, surgieron los primeros casos que fueron derivados a la justicia federal. El juez de turno es Luis Rodríguez, quien desde que comenzaron a regir los DNU estuvo a cargo de todos los casos. Junto a Rodríguez trabajó la fiscal federal Alejandra Mángano. Entraron a ese juzgado-con dotación de empleados disminuida por la pandemia- cientos de casos que pusieron en alerta el resto de los jueces y camaristas.

Fue por esa circunstancia que la Cámara Federal, que es el tribunal superior de los jueces de instrucción federal, decidió que mientras dure la emergencia por el coronavirus los turnos de los juzgados a una semana. La decisión se tomó en acuerdo virtual entre los camaristas y los jueces federales.

El juzgado a cargo de Rodríguez estará de turno hasta el 31 de marzo. El juez Julián Ercolini, quien seguía en el calendario y debía estar de turno una quincena, estará en funciones la primera semana de abril. De aquí en más y por lo menos hasta los primeros días de junio los juzgados estarán de turno solo una semana.

La resolución de la Cámara Federal fue firmada por los cuatro jueces que la integran: su presidente Martín Irurzun, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens. Llorens firmó la decisión a distancia porque está en aislamiento preventivo por tener síntomas compatibles con el coronavirus.

Al principio, según informaron a Infobae fuentes judiciales, se pensó en que el turno fuera rotativo y diario. Pero se descartó esa idea porque iba a dificultar la relación con las fuerzas de seguridad que consultan al juzgado de turno cada vez que hallan a alguien violando el aislamiento. Un secretario del juzgado federal 9 a cargo de las consultas tenía ayer 850 llamadas perdidas en su teléfono. Es que mientras habla con un agente por un caso de violación de la cuarentena entran decenas de llamadas por el mismo asunto desde otros teléfonos.

Las fuerzas de seguridad consultan al juzgado por casos diferentes. Están los de la de gente que camina cerca de sus casas y que ante la advertencia vuelven sin ningún problema. Hay otros que viven fuera de la Capital pero pasean por sus calles sin hacer caso de la cuarentena obligatoria. A ellos se les labra un acta que implica que tienen un caso penal. Pero también hay casos de ciudadanos que se oponen a las directivas de los policías y discuten la orden de volver a sus casas. En los casos en los que las discusiones se tornan violentas, las personas son detenidas. A ellos se agrega los de los que volvieron del exterior, de países que son considerados de riesgo y no respetan la cuarentena y fueron informados por la Dirección Nacional de Migraciones. Se los obliga a regresar a sus domicilios Y están los casos de gente que anda por la calle con síntomas compatibles con los del coronavirus en los que luego de consultar con autoridades sanitarias se determina si los llevan a sus casas o los internan.

En la misma resolución, la Cámara Federal reforzó lo decidido con anterioridad sobre la asistencia mínima a los puestos de trabajo y sobre la realización de tareas a distancia. Además ratificó que sigue en vigencia el reemplazo automático de un juez por otro sin necesidad de autorización por parte de la presidencia de la Cámara para agilizar la atención de las cuestiones urgentes.