
El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, anunció que nacionalizará “progresivamente” cinco rutas que estaban bajo gestión privada y que revisará las concesiones otorgadas en las autopistas Acceso Norte y Oeste, que se encuentran judicializadas por denuncias de irregularidades en la prórroga de los contratos bajo el gobierno de Mauricio Macri.
“Vamos a ir revisando todos los casos. Hay muchas concesiones que están en manos privadas y hemos tomado la decisión de que pasen a la administración del Estado”, aseguró Katopodis. Y aclaró que son cinco corredores viales que a partir de este mes, de “manera progresiva y a medida que se venzan los contratos, se transferirán a manos del Estado”.
Puntualmente, el ministro de Obras Públicas precisó que las concesiones que se estatizarán son las que alcanzan a la Ruta N°188, ubicada en la provincia de Buenos Aires, las rutas N°9 y N°34 que unen a Santiago del Estero, Tucumán y Jujuy, y las rutas N°8 y 36 que van desde la ciudad de Mercedes a San Luis.
“El Estado a va a administrarlas, con la consecuencia de que la ganancia que quedaba en manos privadas se va a poder reinvertir en la mejora y el reacondicionamiento de esas rutas”, resaltó en diálogo con El Destape radio.
Con respecto a las concesiones de las autopistas nacionales Acceso Oeste y Norte, que a través de la General Paz y la Panamericana conectan a la Ciudad y con la provincia de Buenos Aires, Katopodis recordó que “están judicializadas” y aseguró que “por supuesto se van a revisar” los contratos. “En cada caso vamos a tomar las decisiones que correspondan para que todo sea de manera transparente, las obras se hagan y las rutas sean seguras para todos los argentinos”, sostuvo.
Ambas autovías están en litigio judicial con el Estado tras una denuncia radicada por la ex directora de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional, Julieta Ripoli, quien advirtió que durante la prórroga de los contratos a Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) hubo una “renegociación espúrea”, con “cláusulas abiertamente leoninas, abusivas, en beneficio de las empresas vinculadas al Presidente y en detrimento de los intereses del Estado y de los usuarios”.
Ese acuerdo se produjo luego de una supuesta denuncia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal del Banco Mundial con sede en Washington, por más de 1200 millones para arreglar una prrórroga de las concesiones y el pago de 500 millones de dólares por supuestas deudas del Estado.

Deudas y faltantes de rutas, las críticas
Sobre la gestión del gobierno de Mauricio Macri en el área, Katopodis apuntó que la cartera resultó “dinamitada” y con una “deuda de más de 35.000 millones de pesos de obras que dejaron sin pagar”. “Era el gobierno que más obras publicas hicieron en los últimos 70 años, y nos encontramos con obras que no están y anuncios que nunca sucedieron”, agregó.
Pero también criticó al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, el encargado de supervisar y proyectar las obras de su área: “Nos contaron que hicieron rutas y caminos en todo el país. De los 4000 kilometros (proyectados del plan) Rutas Seguras no hicieron casi ninguna. Y en las autopistas cumplieron poco más del 10 por ciento. Esto no es opinable, es la información que surge de la auditoría interna de Vialidad y de los registros contables".
Además, se mostró distante con las designaciones y nombramientos que se hicieron en el ámbito de Vialidad Nacional. “Aumentaron las gerencias de 49 a 134, es grave. En ese organismo nos encontramos con funcionarios de los dos del mostrador, que cumpliendo ese doble rol de garantizar los negocios para las empresas garantizaban los negocios para las empresas en la que estuvieron hasta el día anterior (de ser designados en el Estado)”, manifestó Katopodis.
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